Hablar de inseguridad es referirse a un fenómeno social muy complejo, tan complejo como la sociedad desde sus orígenes hasta la sociedad moderna que hoy conocemos, llena de interrogantes aun por descifrar.
Analizar el fenómeno de la inseguridad como una política pública pasa por examinar los diferentes factores que inciden para que el problema se mantenga y tome auge de una manera alarmante dentro de la sociedad venezolana, lo cual requiere ser considerado como prioritario por los gobernantes en sus agendas.
Según cifras de Las Naciones Unidas, en Venezuela ocurren en promedio 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, ubicándose como el segundo país en Latinoamérica en este aspecto, así mismo, a nivel mundial ocupa el noveno lugar en número de secuestros y un 52% de la droga incautada provino de puertos o aeropuertos venezolanos, estas cifras permiten concluir que las políticas de seguridad no están siendo efectivas pues reflejan la gravedad de una problemática que debe ser abordada de manera clara y contundente. Las estadísticas oficiales generalmente no concuerdan con las presentadas por organizaciones civiles pro defensa de los derechos humanos que han tomado la dirección y seguimiento a fin de mantener informado al ciudadano de esta cruda realidad, o son manejadas con discrecionalidad por las autoridades venezolanas ya que no muestran la verdadera situación que se vive en las calles.
La creación en el año 2008 de la Policía Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional, permitió la integración y un trabajo coordinado de los diferentes cuerpos de seguridad a la vez que otorgó facultades al Consejo Nacional de Policía para la planificación y conducción de las políticas públicas en materia policial, aunado a este proyecto, en los últimos doce años se han conducido múltiples programas de seguridad que van desde planes desarme, seguridad en transporte público, seguridad bancaria, el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), entre otros, lo cual permite observar que el Estado ha hecho un trabajo por disminuir los hechos de violencia, sin embargo, es necesario preguntarse si ¿este esfuerzo está bien orientado a la solución del problema y si se han analizado los factores o variables que inciden para que las acciones implementadas produzcan los resultados satisfactorios que el venezolano espera y no se han logrado?
Generalmente, salvo excepciones muy puntuales, el delincuente se describe como un ser humano sin empleo, con deficiencias educativas, carente de principios, valores morales y familiares, con una carga de pobreza propia de nuestros barrios y zonas rurales, sin oportunidades para progresar, formar una familia e integrarse a una sociedad. Tal aseveración está sustentada en estudios sociológicos y psicológicos que permiten representar a la mayoría de los delincuentes como excluidos de una sociedad la cual no brinda las herramientas necesarias para su inclusión dentro de un mundo moderno y con las oportunidades que este brinda.
Así mismo, la falta de efectividad de un sistema judicial que cumpla cabalmente con sus competencias constitucionales, el retardo procesal y falta de celeridad en la aplicación de penas, así como la carencia de políticas efectivas en materia de reinserción y educación de la población penal, constituyen otros factores asociados al problema de la inseguridad en Venezuela, lo cual exige acciones inmediatas derivadas de políticas efectivas que permitan recuperar la confianza en las instituciones y en el Estado, sin necesidad de crear más burocracia para atacar dicho flagelo.
Otro aspecto a considerar tiene que ver con el modelo de país que se quiere impulsar, el gobierno actual promueve, tal como lo hicieron gobiernos anteriores, un crecimiento económico basado en la renta petrolera, pero para que dicho crecimiento tenga una función social debe estar ligado al desarrollo como nación, lo cual de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está atado al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos a través del incremento de los bienes para cubrir sus necesidades básicas, así como también la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos y se aumente el promedio de vida. Las altas cifras de muertos que ingresan diariamente a las morgues y el temor que crea el haber sido objeto de un delito, desdicen mucho del modelo de desarrollo social que quiere Venezuela.
La capacidad de respuesta del Estado debe estar acorde con las exigencias de la sociedad que exige seguridad ciudadana; mientras no se cumpla esta premisa avanzamos hacia un estado de ingobernabilidad y deterioro social cada vez más fuerte y difícil de superar.
