Los desastres naturales siempre han estado presentes en la vida del ser humano, desde terremotos, huracanes, tornados hasta inundaciones producto de las lluvias han sido objeto de análisis y estudios a fin de minimizar sus consecuencias.
Venezuela por encontrarse en una zona intertropical, se caracteriza por las constantes lluvias que azotan al país varios meses del año. El llamado fenómeno de “el Niño” y “la Niña” durante esta última década ha causado estragos y transformado la vida de muchos venezolanos que han perdido sus hogares como resultado de habitar en zonas propensas a derrumbes o inundaciones.
Las consecuencias de estos desastres tienen un reflejo difícil de ocultar y obviar como lo son las miles de familias que quedan sin su hogar, es decir pasan a ser damnificadas, para estos ciudadanos los problemas no quedan en tan solo subsistir sin un espacio habitable, van mas allá de una larga y tediosa espera llena de necesidades, burocracia, lamentaciones y promesas para disipar su situación. Las penurias y complicaciones que viven los damnificados de las lluvias del 2010 y las mas recientes del 2011, solo las palpan quienes les toca lidiar para preparar sus comidas, cumplir sus necesidades básicas y descansar en medio de un ambiente sin las mínimas condiciones de salubridad y seguridad.
En el mes de enero de 2011 el Gobierno Nacional decretó la Ley Especial de Refugios Dignos cuyo Artículo 1ro establece lo siguiente: “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto regular la acción corresponsable del Pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, para la construcción, habilitación, acondicionamiento, organización, atención integral y gestión de los refugios en todo el territorio nacional, en casos de emergencias o desastres.” Este mecanismo fue creado como una herramienta normativa para afrontar las condiciones de incertidumbre en las cuales quedan las miles de familias venezolanas y así asegurarles un ambiente de seguridad y resguardo pero no para solventar la situación luego de pasar a los refugios y engrosar las cifras de damnificados.
El objeto del presente análisis va mas allá de explicar el funcionamiento de un instrumento legal, la interrogante que se plantea llega al fondo del asunto de un problema ocasionado por la falta de capacidad de los gobiernos para que las familias que quedaron sin casa logren en un lapso de tiempo prudencial tener acceso a un hogar digno, la ausencia de proyectos que permitan afrontar próximos desastres naturales, la carencia de planes que permitan evitar la construcción en terrenos inestables y sobre todo de crear en conjunto con los gobiernos regionales y locales, las políticas necesarias a fin de minimizar al máximo el riesgo de pérdida de vidas y bienes materiales.
Andrés Cáceres, damnificado del refugio Torre El Chorro de la avenida Universidad, señaló que a la fecha (Diciembre del 2011) debieron adjudicarse casas a 400 familias. "Son 1.800 personas viviendo en una torre sin ley con damnificados de Catia, Altavista y 23 de Enero y nos piden paciencia. Exigimos respuesta ya". Cáceres denunció que una de las coordinadoras del refugio consiguió casa en un urbanismo expropiado detrás de la estación del ferrocarril Charallave Norte y los abandonó. "Se fue con ocho familias el fin de semana. Una de ellas se devolvió porque las casas no tienen agua ni luz, la vía no sirve y no hay transporte público". Los afectados de Torre El Chorro pasarán su segunda Navidad con más damnificados que llegaron al albergue el domingo tras perder sus casas en Antímano. "Alojaron a otras 20 familias en los pisos 13 y 14. Esta Navidad la pasaremos con más damnificados sin viviendas”.
Esta y otras historias más forman parte del quehacer diario de venezolanos que esperan que el Estado, quien tiene los recursos económicos para la solución de sus problemas, les de una respuesta clara, rápida y convincente. No se puede dejar pasar por alto el caso de los damnificados de Vargas en 1999, cuyo viacrucis para ser reubicados pasó por un tedioso y angustioso proceso en el cual aún quedan familias en espera del cumplimiento de las promesas por parte del Gobierno Nacional. Recordemos que la Gobernabilidad está sujeta a la capacidad de respuesta de un gobierno en atender a las necesidades de sus ciudadanos, en este aspecto, el problema de los damnificados en Venezuela es claramente un ejemplo de la ingobernabilidad que se presenta en los actuales momentos.
El siglo XXI presenta para cualquier Estado del mundo, retos para afrontar los diferentes desastres naturales que están por venir, de la capacidad del Estado para promover y desarrollar políticas que permitan reducir sus impactos dependerá el futuro de miles de familias que se ven en minutos despojados de sus bienes y emprenden en Venezuela un penoso camino en busca de un nuevo hogar que les evite ser parte de la larga lista de damnificados que día tras día ven a lo lejos la posibilidad de soñar tranquilamente y brindarle a sus hijos el hogar que tanto aspiran y merecen como ciudadanos de un país lleno de múltiples riquezas naturales.
