Para el venezolano que reside en una ciudad del centro del país la vida transcurre inmersa en los problemas cotidianos: inseguridad, desempleo, basura en las calles, tráfico, congestionamiento en los centros asistenciales, ausencia de canchas o centros deportivos entre otros, pero ¿cuántos se han detenido a visualizar como transcurre el día de un venezolano en una ciudad o poblado fronterizo?, ¿existen semejanzas o desigualdades en la forma de coexistir? Las circunstancias que rodean el quehacer diario en estas zonas están llenas de mayores dificultades y problemas, las razones son múltiples.
En forma general, la política de fronteras de los Estados se concibe dentro de la política internacional bajo responsabilidad de los organismos encargados de su política exterior. En Venezuela lo referente a las fronteras además de estar a cargo de la Cancillería también forma parte de las políticas internas del Estado, por lo que se le han asignado responsabilidades al Ministerio de Relaciones Interiores y se han involucrado otros organismos del poder ejecutivo y legislativo tales como ministerios, comisiones presidenciales, comisiones legislativas, entre otros.
El fenómeno fronterizo no puede ni debe ser sometido a un problema de límites o de demarcaciones, para lo cual el derecho internacional ha generado una compleja plataforma de recursos jurídicos. Para el día de hoy debe reconocerse que el desarrollo progresivo de los espacios fronterizos y la ocupación humana constituyen los elementos fundamentales para preservar la integridad territorial y la identidad nacional de cualquier país.
Al respecto es indispensable conocer dos conceptos básicos en el estudio de este fenómeno: límite y frontera. Wilson, R (1990) establece que el límite es un punto de diferenciación entre regiones, es el punto o segmento extremo de una región; puede ser una abstracción o línea geodésica invisible o puede ser también un accidente geográfico. En tanto que la frontera es un concepto más amplio, suele ser un territorio de intercambios, normalmente se trata del escenario de ocupación humana en donde una determinada población coopera en función de procurarse los medios de vida. Es también un modo de vida, porque el habitante fronterizo aprovecha para su bienestar las ventajas que surgen de la región vecina, surgiendo una especie de síntesis integradora típica.
La definición de frontera es clara al establecer una relación societal entre los habitantes de ambas regiones que comparten ese espacio, relación que genera necesidades que deben ser satisfechas por los gobiernos de cada país. Igualmente la frontera ocasiona indirectamente una serie de problemas que deben ser enfocados dentro de una política de cooperación y colaboración entre ambas naciones.
La reglamentación venezolana sobre los asuntos fronterizos fue concebida desde la instauración de la democracia en 1958 a partir de un conjunto de disposiciones y resoluciones ministeriales mas no de una Ley de Fronteras, lo que ha contribuido a crear un ambiente de confusión e inseguridad jurídica que acrecentó el abandono de las principales responsabilidades del Estado venezolano con los habitantes de los estados y municipios fronterizos. En el año 1996 el Consejo Nacional de Fronteras inició el estudio de una Ley de Fronteras que consideraba la existencia de un anillo fronterizo conformado por amplios territorios con importantes recursos naturales, con vecindad continental con tres países y marítima con nueve, en el que se ubica el 80% de la población indígena y en el que se evidencia la ausencia de gobernabilidad, lo cual exigía dar carácter de Ley Orgánica al proyecto. Este, fue presentado al entonces Congreso de la República pero no se concretó su discusión y aprobación.
A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 introduce principios, contenidos y disposiciones directa e indirectamente relacionadas con los asuntos fronterizos, diez y seis años después de establecerse la importancia de este marco normativo, la deuda del Estado con los habitantes de las fronteras venezolanas se mantiene vigente. ¿Por qué tanta indiferencia cuando se trata de los problemas fronterizos?, ¿por qué aún no se ha legislado en esta materia? ¿Acaso se les considera ciudadanos de otra categoría a los habitantes de frontera?
La salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a mediados del 2011, viene a darle una estocada final al deterioro de la frontera más activa e importante, la colombo-venezolana, y al proceso de integración entre ambas naciones. La caída brusca en las exportaciones de Venezuela hacia Colombia en un 50% y el cierre de mas del 60% de las industrias establecidas en San Antonio del Táchira y Ureña a finales del 2010 de acuerdo a FEDECAMARAS Táchira, aunado a la migración hacia otros centros urbanos en busca de empleos, y el deterioro de la calidad de vida, dan al traste con el sueño de miles de venezolanos. Basta con revisar el escenario económico en el cambio de ambas monedas para entender esta realidad (22 bolívares por peso cuando hace aproximadamente 12 años era a la inversa; 16 pesos por bolívar).
Las condiciones socio-económicas de Venezuela en sus fronteras han sufrido una caída vertiginosa contrario al panorama alentador y esperanzador de Colombia quien en 1995 aprobó su Ley Orgánica de Fronteras o también llamada Ley 191, la cual les permitió dar los primeros pasos al desarrollo integral de sus fronteras. La realidad de poblaciones fronterizas como Cúcuta (Colombia) reflejan un desarrollo y progreso enmarcado dentro de esa visión del Estado colombiano, dicha realidad contrasta con poblaciones como San Antonio del Táchira y Ureña (Venezuela) quienes han sufrido un deterioro en su calidad de vida producto del abandono por parte del Estado venezolano. Resalta en este aspecto el estado actual de los centros hospitalarios, vías de comunicación y las escuelas en estas poblaciones para comprender el resultado de las políticas sociales. Venezuela está en el deber de reflexionar sobre el futuro de las poblaciones y sociedades fronterizas. La reciente retoma de la discusión del proyecto de Ley de Fronteras en el seno de la Asamblea Nacional no debe quedar simplemente como un intento meramente electorero sino como un auténtico impulso en la búsqueda del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida en las fronteras venezolanas.
La presencia en la frontera no implica sólo cubrir posiciones de seguridad militar y combate al narcotráfico y contrabando, se debe prever el crecimiento de los pueblos fronterizos dentro de una visión de desarrollo e integración. Los programas de cooperación con las naciones vecinas son primordiales e ineludibles al momento de implementar políticas económicas y sociales en estas regiones, de lo contrario el fracaso estará manifiesto en los planes y proyectos que se deseen implementar y la ineficacia redundará negativamente en las condiciones de vida de miles de venezolanos que hacen vida en la frontera.
