domingo, 18 de marzo de 2012

Políticas para la prevención y seguridad ciudadana; cuando la delincuencia rebasa las capacidades del Estado. Parte I



“Una victima se busca en cualquier lugar, el ladrón con experiencia escanea a la persona rápidamente y ve si lleva cosas de valor, dice tiene zapatos de mil bolívares, un blackberry último modelo, cuando son principiantes arrebatan las carteras y se van, sin embargo, las personas no pueden vivir en zozobra, porque uno convive con la delincuencia quiera o no quiera”. Palabras de un ex-delincuente.

La violencia como fenómeno social es un síndrome en el que convergen muchos factores que se refuerzan mutuamente, generando problemas más grandes que la suma de sus partes. Existen muchos estudios a nivel mundial, nacional, regional y local que intentan explicar las raíces de este conflicto social, debido principalmente a que se ha roto el pacto de convivencia que, a lo largo de la historia del hombre, la sociedad ha impuesto a través de leyes, normas y regulaciones.

Casi 120 mil personas han muerto en Venezuela a manos de la inseguridad en los últimos diez años, cifras alarmantes si las comparamos con guerras civiles u otros conflictos regionales. Esto sin contar los miles de ciudadanos que han sido objeto de hurtos, robos, atracos y secuestros. Estamos viviendo en un país en guerra, una sociedad en conflicto en la cual el Estado en su incapacidad para controlar este flagelo, esgrime discursos y pronunciamientos ajenos a la realidad de las calles y experimenta soluciones que mas allá de reducir los números violentos, llenan a la sociedad de miedo, zozobra y una incertidumbre que los obliga a repensar sobre la responsabilidad del Estado y su corresponsabilidad como sociedad para el diseño e implementación de medidas.

La pobreza y desigualdad como características resaltantes en los países en desarrollo son piedra angular en este complejo conflicto social que afecta a sus habitantes, sin embargo, estudios recientes del Banco Mundial y otras organizaciones indican que muchos delitos son cometidos por personas del mismo estrato socioeconómico de la víctima. Venezuela a pesar de los inmensos recursos económicos no escapa a esta realidad social, los índices de carencia e inequidad se destacan en las altas cifras de violencia e inseguridad que se viven en el país. Para muchos psicólogos, sociólogos, criminalistas y trabajadores sociales, la principal raíz del problema reside en la brecha de desigualdad de nuestros pueblos, reflejada esta inequidad en los barrios y la marginalidad. Las respuestas de políticas públicas podrían ser más exitosas para detener el auge de la delincuencia si conducen a la inclusión de determinados segmentos de la población o a mitigar su exclusión.

Esta cruda realidad que vive el venezolano, ha obligado a la sociedad a evolucionar para evitar ser víctima de la violencia, forzándola a cambiar su estilo de vida, limitando sus actividades de recreación y diversión por temor a ser objeto de acciones delictivas. Los estudios de opinión señalan al fenómeno de la inseguridad como la principal preocupación en la mayor parte de los estratos sociales. Por medio de la radio, la televisión, las redes sociales, la prensa escrita y digital, en fin, por todos los mecanismos de comunicación creados por las sociedades modernas, se refleja la preocupación por este flagelo que afecta a todos por igual sin distingo de raza, género, credo o afinidad política.

La prevención del delito no queda solo en meras medidas caseras o fortuitas, pasa por examinar las verdaderas causas que lo originan, hablar de prevención es hablar de evitar el surgimiento de condiciones de vulnerabilidad social, por lo tanto debe ser integral y para lograr este objetivo es vital el compromiso entre el Estado y la sociedad, para lo cual los ciudadanos deberían exigir una mejor actuación de los cuerpos de seguridad y mejores y más efectivas políticas de prevención por parte de los gobiernos, llámese nacional, regional o municipal.

Como respuesta de la sociedad ante un Estado inerte se han creado mecanismos de resguardo o de prevención del delito, los cuales han surgido de forma espontánea a través de organizaciones civiles no gubernamentales. Los ciudadanos están comprendiendo y concluyendo que es necesario asumir un nuevo rol ante la sociedad que clama por la colaboración de todos por igual.

Según Adela García Pírela, Profesora de Derecho Penal de la Universidad del Zulia, “Se han desarrollado mecanismos de autoprotección de los cuales algunos podrían ser válidos para resguardarse, pero paradójicamente otros son impulsadores de más inseguridad. Si una persona está armada frente a cualquier conflicto, la resolución de este podría implicar otro acto de violencia y ese no es el objetivo”. 

Una de las causas del incremento de la inseguridad es que no existe una conexión directa con el Estado, no prevalece esa identificación que permita denunciar y sentirse seguro. Desde la creación de la Defensoría del Pueblo en 1999, no ha habido un mayor impacto en la defensa de los derechos humanos, especialmente los que implican la actuación de los cuerpos policiales en la vida, la integridad física y la privacidad de la gente, en este contexto no se ha logrado obtener seguridad, control de la criminalidad ni de prevención del delito.

Los cuerpos de seguridad en su accionar han sido rebasados por la agudeza y astucia de la delincuencia para cometer sus delitos, suponer las causas de esta falta de capacidad pasaría por examinar detenidamente el sistema de administración de justicia, la legislación sobre la materia y sobre todo la brecha social existente.

La delincuencia no es un problema político – partidista, es un problema social, de salud pública, las personas están tomando conciencia de que el problema no es solamente una percepción, la violencia está rebasando las barreras de la división política que hay en el país en estos momentos. La responsabilidad de cada ciudadano pasa por ser menos apáticos e indolentes, ello conlleva a involucrar a las personas en el problema de la delincuencia presente en la interacción social del día a día. No se puede construir una sociedad alrededor de la inseguridad, por el contrario se debe levantar alrededor de la cultura, la educación, la música, la convivencia y la participación de la comunidad.

La prevención está claramente relacionada con oportunidades plenas para el ejercicio de los derechos, para ello es indispensable enfrentar la exclusión social, la violencia, la explotación, la deserción escolar y la ausencia de principios y valores en el hogar. El control del delito comienza tomando conciencia de que el problema existe, cobra vidas día tras día y sumerge al venezolano en un estado de angustia que transforma psicológicamente su jornada.

Muchas son las acciones, procedimientos y proyectos emprendidos para prevenir y evitar ser objeto de la delincuencia, las cuales van desde planes de seguridad en casa, al transitar por las calles o en el lugar de trabajo, pero de nada valdrán si no existe la voluntad individual y el esfuerzo conjunto como sociedad para articular acciones a fin de que estas medidas sean lo mas efectivas posibles. Tal vez haga falta mas voluntad por parte de otros organismos que parecen inertes ante el problema, tales como las Alcaldías y los consejos comunales para construir mecanismos de participación y concertación que permitan abordar la grave situación de inseguridad y sus implicaciones en la vida de las comunidades, no con nuevas estructuras policiales ya que la insuficiencia presupuestaria juega un papel adverso, sino involucrando a todos en la búsqueda de soluciones.