Resumen: La participación de las comunidades
en la solución de los problemas públicos va más allá de la simple transferencia
de recursos. Las altas cifras de niños y jóvenes involucrados en hechos
violentos muestran a una sociedad desordenada y trastornada que requiere
acciones urgentes desde el punto de vista social. Las políticas a desarrollar
por el Estado y la Sociedad deben distanciarse de simples retóricas y planes de
seguridad, se deben enfocar en la familia y la escuela como entornos en los
cuales se moldean las particularidades de cada niño y joven para insertarse en
una sociedad que tiene el deber de brindarles las condiciones idóneas para su
desarrollo humano.
Palabras claves: Violencia, Comunidad,
Jóvenes, Homicidio, Familia.
Abstract: The involvement of communities in solving public problems goes beyond the simple transfer of resources. The high numbers of children and youth involved in violent events show a disordered
society and upset that requires
urgent action from the point of view. The policies to
be developed by the State and
society must move away from
mere rhetoric and safety plans should focus on family and school as environments
in which they shape the particularities of each child and young to be inserted in
a society that has duty to
provide suitable conditions for their development.
Keywords: Violence, Community, Youth, Murder, Family
Introducción:
El
desarrollo de la sociedad y en este caso de las comunidades organizadas va más
allá de la simple transferencia de recursos, el nuevo enfoque busca desarrollar
nuevas capacidades que le permitan reducir la dependencia del Estado y por ende
asumir un papel fundamental en la solución de los problemas públicos.
La
participación de la sociedad para influir en las decisiones de los gobiernos
requiere de mejores mecanismos que les permitan a las comunidades involucrarse
de manera efectiva en la solución de los problemas. La violencia como fenómeno
social entra a jugar un rol
preponderante en esta nueva relación Estado – Sociedad, en donde la organización
y participación ciudadana a través de las comunidades tiene que servir de
referente para la prevención y disminución de los altos índices de inseguridad.
La
incertidumbre que siempre queda en la mente de un padre o madre al salir su
hijo de casa, está presente en miles de hogares venezolanos. Las altas cifras
de violencia en las cuales se encuentran involucrados jóvenes (60% de los
homicidios cometidos) llaman a la
reflexión a quienes tienen que lidiar con esta problemática.
En
este sentido se hace fundamental estudiar los aspectos estructurales del
problema en diferentes ámbitos como la familia, la educación, fuentes de
empleo, la educación sexual y el ocio, sin los cuales cualquier análisis o
política pasa a engrosar las miles de propuesta fallidas para reducir los altos
índices de violencia.
La
sociedad venezolana tiene el deber de examinar este escenario el cual
transforma y trastoca las bases fundamentales sobre las cuales se sustenta su
futuro. Los niños y jóvenes involucrados en hechos de violencia son el reflejo
de una sociedad desordenada y perturbada por diferentes variables que inciden en
que se desvíen los principios y valores que sustentan el pacto social
establecido en las normas.
Cifras preocupantes:
La
violencia en un hecho normal en todas las sociedades, no hay sociedad que esté
libre de violencia, ni tampoco sociedades donde la violencia sea el mecanismo
único de interacción social. La violencia existe y es normada por todas las
sociedades que la prohíben y la aceptan en ciertas condiciones y magnitudes
(Durkheim 1978 citado por Briceño 2012).
Si
bien es cierto lo expresado anteriormente, también es innegable que las
variaciones en el comportamiento de este fenómeno deben ser regulados y
controlados por el Estado, el cual crea y perfecciona las normas para incidir
en la conducta de quienes tomen este modelo violento de interacción social. El
peligro que representa para una sociedad que este fenómeno adquiera
características generalizadas que modelen su proceder y transformen su actuación,
debe llevar a la reflexión y preocupación de quienes deben diseñar e
implementar mecanismos de control y regulación. La costumbre se hace norma y
más en una sociedad donde la institucionalidad se ve afectada por la incertidumbre
y en donde la capacidad del Estado para
controlar este flagelo se traduce en más planes de seguridad sin tomar en
cuenta la premisa de las causas estructurales que lo originan.
De
acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de Salud (2006), citadas por
Briceño (2008), las víctimas de la violencia homicida en América Latina son
fundamentalmente hombres, jóvenes y pobres. De estas cifras cabe destacar once
países, entre los cuales se encuentra Venezuela, donde los homicidios son la
primera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años.
A
esta situación hay que agregarle cifras extraoficiales del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para julio de
2012, citadas por Briceño (2012) donde resaltan que un 40% de los detenidos son
jóvenes entre los 13 y 17 años de edad. A esta afirmación se suman las cifras
de los 796 niños y adolescentes fallecidos por homicidios entre octubre del
2010 y septiembre del 2011 y en donde un 91% de estos actos violentos fueron
cometidos por niños varones en edad escolar.
De
acuerdo con cifras que maneja el Instituto de Investigaciones de Convivencia y
Seguridad Ciudadana (INCOSEC) para el 2011, en el 60 % de los delitos cometidos
en el país (73,9 homicidios por cada 100.000) existe un joven o adolescente
involucrado como víctima o victimario, cifras muy elocuentes que deben llamar a
la reflexión y concientización por parte del Estado. Este elevado número de
hechos está fuertemente asociado a la naturalización de la violencia como forma
de resolución de conflictos y el desconocimiento de medios alternativos que
permitan recuperar la confianza y convivencia en una sociedad marcada por este
fenómeno.
Esta
realidad no queda simplemente en hechos delictivos ocurridos en las calles, las
cárceles son parte de este escabroso problema que muy poco se conoce. Según
datos aportados por la Revista de
Sanidad Penitenciaria de España, para el
2010 en Venezuela el 61,3% de los reclusos son
jóvenes entre los 18 y 25 años, cifra que ratifica lo que se vive en las
calles de Venezuela.
Este panorama permite inferir la
necesidad de asumir la participación de las comunidades como un elemento
alternativo a la pobre capacidad del Estado para afrontar estos nuevos retos.
Es por ello que la implementación de políticas debe ir enfocada a reducir los
altos niveles de violencia en niños y jóvenes de forma integral con las
comunidades y así poder generar un clima de confianza que permita recuperar la
seguridad en las calles.
Cuando la sociedad clama por acciones:
La
simbiosis entre la familia, la escuela y la sociedad moldean al niño y al
adolescente. El estudio y análisis de estas tres estructuras son fundamentales
para quienes diseñen las políticas sociales y para aquellos políticos,
tecnócratas y ciudadanos que vislumbran
la problemática de la violencia como un flagelo social que urge atender.
El
problema de la violencia juvenil en Venezuela según las cifras es preocupante,
más aún cuando se trata del pilar fundamental de la sociedad para el futuro:
sus jóvenes, los cuales de acuerdo con las premisas del desarrollo, serán en
pocos años la principal mano de obra en el país. ¿Cuál futuro le espera al país
si los jóvenes son la principal víctima de la violencia? Ante tal realidad debe
entrar en juego el trabajo mancomunado de la sociedad como respuesta
alternativa. El trabajo comunitario debe concebirse como un esfuerzo vinculado a fin de palear y disminuir los
altos índices de inseguridad y sobre todo apalancar el trabajo en los niños y
adolescentes.
La nueva estructura
organizativa de las comunidades en Venezuela da pie a la conformación de
políticas impulsadas por el Estado a fin de coadyuvar en el combate a la
violencia. Dentro de las mismas comunidades está gran parte del trabajo a fin
de mejorar el panorama desolador que vive el venezolano. Muchas de estas
actividades pueden enfocarse bajo un esquema comunidad – Estado configurando
redes de trabajo bajo la supervisión y apoyo de los diferentes niveles de
gobierno. En síntesis esta labor puede comprender los siguientes aspectos: En
contexto familiar, El aspecto educativo, Las fuentes de empleo, La educación sexual
y el Ocio.
En
cuanto al contexto familiar, es primordial que la comunidad realice constantemente
un monitoreo de la realidad de las familias que habitan en su colectividad.
Conocer su composición y características es primordial a fin de detectar focos de violencia intrafamiliar, niños en
estado de abandono, condiciones de vida, así como otros aspectos que puedan
servir de apoyo al trabajo comunitario y de los organismos públicos encargados
de ejecutar políticas sociales.
En
la Escuela al igual que la familia con referentes socializadores, es primordial
el trabajo de la comunidad en mantener, cuidar y velar por la educación
de sus habitantes. La Escuela para los niños y niñas de la comunidad debe
convertirse en un segundo hogar dotado de las capacidades para una enseñanza de
calidad, así como también capaz de focalizar las posibles causas de deserción
escolar y visualizar alternativas para evitar el abandono del estudio. Las
cifras de deserción escolar presentadas por el Instituto de Estudios Superiores
de Administración (IESA) en el 2010 citadas por Briceño (2012) resaltan un
panorama para nada alentador, por cada 100 niños que ingresan al sistema
educativo solo 37 culminan el sexto grado, de esta cifra tan solo el 90%, es
decir treinta y cuatro (34) se inscriben en el primer año de educación media, de
estos tan solo el 17% culminan estudios de educación diversificada, es decir,
tan solo seis (06) alumnos egresan luego de cumplir el ciclo educativo.
Este
panorama obliga a emprender un trabajo integrado que permita reducir
drásticamente el número de niños y jóvenes que abandonan el estudio. El uso y
cuidado de las escuelas debe ser prioridad para quienes organicen el trabajo en
las comunidades, así como el predominio de la escuela dentro del proyecto de
vida familiar.
La
búsqueda de una fuente de empleo ha sido otro de los aspectos a considerar y
que debe ser revisado tanto por las comunidades como por el Estado. La
generación de un trabajo idóneo para miles de jóvenes que deciden no continuar
con sus estudios, debe ser premisa en este esfuerzo. La producción de alternativas
de emprendimientos puede palear en cierto grado este problema así como la
utilización de esta mano de obra en los diferentes proyectos de construcción
que se vislumbren en las comunidades. El manejo de una data real del contexto
laboral permitirá considerar posibles escenarios de participación y
articulación para confrontar eficazmente este problema.
A
su vez, la educación sexual como herramienta para reducir los altos niveles de
violencia juvenil debe llevar a las comunidades a la organización de charlas,
talleres y actividades que permitan enfocar este problema hacia un trabajo
directo con las familias propensas a este hecho. En las escuelas, centros religiosos
y culturales debe propiciarse la toma de
medidas preventivas para evitar el embarazo precoz y por ende las consecuencias
que este trae para las parejas y familias.
Finalmente
las acciones para reducir el ocio deben ser consideradas y revisadas dentro de
las políticas a implementar. El tiempo libre se traduce en ocio, por ello cuando
se tiene la capacidad de practicar alguna actividad deportiva o cultural se
puede generar una sana distracción. Es allí donde entra nuevamente en juego la
dupla Estado – Sociedad como articulador de este esfuerzo. Por una parte la
recuperación y acondicionamiento de los espacios públicos y deportivos debe ser
premisa para quienes deseen desarrollar verdaderas políticas sociales enfocadas
a mejorar las condiciones de los ciudadanos y reducir los altos índices de
violencia. Por parte de las comunidades queda el deber de mantener y cuidar
estos espacios, controlar su uso, desarrollar junto los organismos competentes
programas y actividades deportivas y culturales, prevaleciendo el trabajo con
los niños y jóvenes e implementando tareas que permitan combatir el ocio y
traducir este tiempo en acciones que generen confianza y motivación especialmente
en este sector. También es necesario destacar el deporte y la cultura como
mecanismos alternativos de empleo y para el desarrollo de valores y cualidades
personales.
Conclusión:
Evaluar las desviaciones en el
comportamiento de miles de niños y jóvenes venezolanos que incurren en hechos
violentos, lleva a considerar causas estructurales ocasionadas en muchos casos
en el hogar, cimentadas en la escuela y desarrolladas en una sociedad en la
cual la institucionalidad deja entrever serias dudas sobre el respeto y
aplicación de las normas de convivencia.
La voluntad de los gobiernos en
resolver esta problemática se refleja en la inversión y en la cantidad de recursos
presupuestados para dar solución a la violencia juvenil. El escenario que
presenta un país petrolero como Venezuela en esta materia contrasta con la
realidad de los miles de niños y jóvenes involucrados en hechos delictivos y
que exige en el tiempo mas perentorio, la participación activa de las
comunidades y la presión enérgica para la toma de decisiones efectivas por
parte de cada una de las instancias de gobierno.
El
reflejo problema social en Venezuela tiene dentro de sus matices el
problema de la violencia juvenil, desarrollar políticas que permitan devolverle
la confianza y la seguridad al venezolano requiere del apoyo y trabajo
mancomunado entre las diferentes instancias de gobierno así como de la
participación efectiva de la sociedad. Tal
vez los resultados de los programas y proyectos que se emprendan en el seno
familiar, en la escuela y en la comunidad deban esperar un tiempo prudencial
para percibir resultados claros, pero quedarse de brazos cruzados esperando
efectos naturales o fortuitos y no invertir lo necesario en recursos humanos y materiales,
puede desencadenar en un futuro próximo una generalización de la violencia y
por ende la evolución en una sociedad anárquica y desordenada.
Lista de Referencias:
Bracho, C. (2008) Política Social. Editorial Mc Graw Hill. Madrid, España
Briceño, L. (2012) Violencia e Institucionalidad. Informe del Observatorio Venezolano
de la Violencia 2012. Editorial Alfa. Caracas, Venezuela.
Briceño, L. (2008) Inseguridad y Violencia en Venezuela. Informe del Observatorio
Venezolano de la Violencia 2008. Editorial Alfa. Caracas, Venezuela.
Mascareño, C. (2003) Políticas Públicas siglo XXI: Caso venezolano. Centro de Estudios
del Desarrollo (CENDES). Universidad Central de Venezuela.
Posada, A. (2010) Revista Española de Sanidad Penitenciario (Revista en Línea)
consultada el 06 de Agosto del 2012 en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1575-06202008000100004&script=sci_arttext
Seguridad
Ciudadana y Políticas Públicas en Venezuela (2011). Manual del Instituto de
Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC). Caracas,
Venezuela.
