Políticas Públicas para reducir la pobreza. (video) I parte

Las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos

Políticas para la prevención y seguridad ciudadana; cuando la delincuencia rebasa las capacidades del Estado. Parte I

“Una victima se busca en cualquier lugar, el ladrón con experiencia escanea a la persona rápidamente y ve si lleva cosas de valor, dice tiene zapatos de mil bolívares, un blackberry último modelo, cuando son principiantes arrebatan las carteras y se van, sin embargo, las personas no pueden vivir en zozobra, porque uno convive con la delincuencia quiera o no quiera”. Palabras de un ex-delincuente.

La violencia como fenómeno social es un síndrome en el que convergen muchos factores que se refuerzan mutuamente, generando problemas más grandes que la suma de sus partes. Existen muchos estudios a nivel mundial, nacional, regional y local que intentan explicar las raíces de este conflicto social, debido principalmente a que se ha roto el pacto de convivencia que, a lo largo de la historia del hombre, la sociedad ha impuesto a través de leyes, normas y regulaciones.

Casi 120 mil personas han muerto en Venezuela a manos de la inseguridad en los últimos diez años, cifras alarmantes si las comparamos con guerras civiles u otros conflictos regionales. Esto sin contar los miles de ciudadanos que han sido objeto de hurtos, robos, atracos y secuestros. Estamos viviendo en un país en guerra, una sociedad en conflicto en la cual el Estado en su incapacidad para controlar este flagelo, esgrime discursos y pronunciamientos ajenos a la realidad de las calles y experimenta soluciones que mas allá de reducir los números violentos, llenan a la sociedad de miedo, zozobra y una incertidumbre que los obliga a repensar sobre la responsabilidad del Estado y su corresponsabilidad como sociedad para el diseño e implementación de medidas.

La pobreza y desigualdad como características resaltantes en los países en desarrollo son piedra angular en este complejo conflicto social que afecta a sus habitantes, sin embargo, estudios recientes del Banco Mundial y otras organizaciones indican que muchos delitos son cometidos por personas del mismo estrato socioeconómico de la víctima. Venezuela a pesar de los inmensos recursos económicos no escapa a esta realidad social, los índices de carencia e inequidad se destacan en las altas cifras de violencia e inseguridad que se viven en el país. Para muchos psicólogos, sociólogos, criminalistas y trabajadores sociales, la principal raíz del problema reside en la brecha de desigualdad de nuestros pueblos, reflejada esta inequidad en los barrios y la marginalidad. Las respuestas de políticas públicas podrían ser más exitosas para detener el auge de la delincuencia si conducen a la inclusión de determinados segmentos de la población o a mitigar su exclusión.

Esta cruda realidad que vive el venezolano, ha obligado a la sociedad a evolucionar para evitar ser víctima de la violencia, forzándola a cambiar su estilo de vida, limitando sus actividades de recreación y diversión por temor a ser objeto de acciones delictivas. Los estudios de opinión señalan al fenómeno de la inseguridad como la principal preocupación en la mayor parte de los estratos sociales. Por medio de la radio, la televisión, las redes sociales, la prensa escrita y digital, en fin, por todos los mecanismos de comunicación creados por las sociedades modernas, se refleja la preocupación por este flagelo que afecta a todos por igual sin distingo de raza, género, credo o afinidad política.

La prevención del delito no queda solo en meras medidas caseras o fortuitas, pasa por examinar las verdaderas causas que lo originan, hablar de prevención es hablar de evitar el surgimiento de condiciones de vulnerabilidad social, por lo tanto debe ser integral y para lograr este objetivo es vital el compromiso entre el Estado y la sociedad, para lo cual los ciudadanos deberían exigir una mejor actuación de los cuerpos de seguridad y mejores y más efectivas políticas de prevención por parte de los gobiernos, llámese nacional, regional o municipal.

Como respuesta de la sociedad ante un Estado inerte se han creado mecanismos de resguardo o de prevención del delito, los cuales han surgido de forma espontánea a través de organizaciones civiles no gubernamentales. Los ciudadanos están comprendiendo y concluyendo que es necesario asumir un nuevo rol ante la sociedad que clama por la colaboración de todos por igual.

Según Adela García Pírela, Profesora de Derecho Penal de la Universidad del Zulia, “Se han desarrollado mecanismos de autoprotección de los cuales algunos podrían ser válidos para resguardarse, pero paradójicamente otros son impulsadores de más inseguridad. Si una persona está armada frente a cualquier conflicto, la resolución de este podría implicar otro acto de violencia y ese no es el objetivo”. 

Una de las causas del incremento de la inseguridad es que no existe una conexión directa con el Estado, no prevalece esa identificación que permita denunciar y sentirse seguro. Desde la creación de la Defensoría del Pueblo en 1999, no ha habido un mayor impacto en la defensa de los derechos humanos, especialmente los que implican la actuación de los cuerpos policiales en la vida, la integridad física y la privacidad de la gente, en este contexto no se ha logrado obtener seguridad, control de la criminalidad ni de prevención del delito.

Los cuerpos de seguridad en su accionar han sido rebasados por la agudeza y astucia de la delincuencia para cometer sus delitos, suponer las causas de esta falta de capacidad pasaría por examinar detenidamente el sistema de administración de justicia, la legislación sobre la materia y sobre todo la brecha social existente.

La delincuencia no es un problema político – partidista, es un problema social, de salud pública, las personas están tomando conciencia de que el problema no es solamente una percepción, la violencia está rebasando las barreras de la división política que hay en el país en estos momentos. La responsabilidad de cada ciudadano pasa por ser menos apáticos e indolentes, ello conlleva a involucrar a las personas en el problema de la delincuencia presente en la interacción social del día a día. No se puede construir una sociedad alrededor de la inseguridad, por el contrario se debe levantar alrededor de la cultura, la educación, la música, la convivencia y la participación de la comunidad.

La prevención está claramente relacionada con oportunidades plenas para el ejercicio de los derechos, para ello es indispensable enfrentar la exclusión social, la violencia, la explotación, la deserción escolar y la ausencia de principios y valores en el hogar. El control del delito comienza tomando conciencia de que el problema existe, cobra vidas día tras día y sumerge al venezolano en un estado de angustia que transforma psicológicamente su jornada.

Muchas son las acciones, procedimientos y proyectos emprendidos para prevenir y evitar ser objeto de la delincuencia, las cuales van desde planes de seguridad en casa, al transitar por las calles o en el lugar de trabajo, pero de nada valdrán si no existe la voluntad individual y el esfuerzo conjunto como sociedad para articular acciones a fin de que estas medidas sean lo mas efectivas posibles. Tal vez haga falta mas voluntad por parte de otros organismos que parecen inertes ante el problema, tales como las Alcaldías y los consejos comunales para construir mecanismos de participación y concertación que permitan abordar la grave situación de inseguridad y sus implicaciones en la vida de las comunidades, no con nuevas estructuras policiales ya que la insuficiencia presupuestaria juega un papel adverso, sino involucrando a todos en la búsqueda de soluciones.

El gobierno electrónico como herramienta para mejorar la gestión pública; un ejemplo a seguir

Transparencia en las políticas públicas; un criterio que debe ser exigido y revisado por todos los ciudadanos

De acuerdo con lo expresado por Carlos Cordero, Director de Consultora Sustentia “Una ciudadanía con acceso a la información pública es una ciudadanía con mucha más capacidades para obligar a sus autoridades a que trabajen con mayor transparencia”.  La corrupción como fenómeno social que destaca el mal uso del poder para lograr un beneficio personal ha sido objeto de estudios y análisis a lo largo de los últimos años, en especial en los países en desarrollo los cuales cuentan con estructuras políticas y organizacionales que permiten la facilidad y fluidez para que estos hechos ocurran, muchas veces sin el conocimiento de la sociedad y las autoridades competentes.

El manejo del patrimonio público y en especial su uso en la solución de los múltiples problemas que aquejan a los pueblos, se ha convertido en un referente indispensable para quienes exigen de sus administradores la mejor pulcritud y transparencia en el uso de los pocos recursos que los Estados poseen para cumplir con su deber ante la sociedad.

El Informe del Banco Mundial del 2010 establece con respecto a los países en desarrollo: “El Estado es un mundo en constante transformación donde se hace necesario la implementación de innovaciones en los diferentes poderes públicos sobre la base de una doble estrategia: en una primera instancia una estrategia de acomodo de las funciones del Estado a su capacidad efectiva, con el objeto de concentrar sus capacidades en las funciones que puede y debe realizar, dejando a un lado otros objetivos que, en otro caso, no puede realizar satisfactoriamente y que suponen una dispersión de recursos y, en una segunda instancia, una estrategia de reforzamiento del Estado, mediante la revitalización de las instituciones públicas a través del diseño de reglas y controles efectivos que sirvan para combatir la corrupción generalizada y también para someter a las instituciones del gobierno a una mayor competencia que las obligue a mejorar su desempeño. Lo cual, supone que el gobierno sea mas responsable  frente a las necesidades de los ciudadanos por medio del incremento de la participación y la descentralización”.

Como se refleja en dicho informe, la transparencia en una pieza clave como incentivo para mejorar el desenvolvimiento de la gestión pública y por ende de las funciones del Estado en pro de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Estamos claros que para ello se requieren mejores normas y controles más eficaces, mayor competencia inter e intragubernamental  y más extensa y comprometida participación ciudadana, pero, ¿cómo alcanzar estos objetivos y lograr una mayor participación ciudadana?

De acuerdo con el Enunciado de Nolan (2001) sobre Normas de Conducta en la Vida Pública (también conocido como el Informe Nolan), el prinicipio de Transparencia se refiere a que: “los que ocupan cargos públicos deberían obrar de la forma más abierta posible, en las decisiones que toman y en las acciones que realizan. Deberían justificar sus decisiones y limitar la información sólo en el caso de que esto sea lo más necesario para el interés público”. Es decir, que los funcionarios públicos deben comprender que están al mismo nivel que el resto de los ciudadanos y que al asumir un cargo están sometidos al escrutinio público y a una constante supervisión por cuanto son quienes administran nuestros impuestos, es por ello que los complejos y engorrosos sistemas burocráticos de la actual administración pública de los estados latinoamericanos exigen el uso de sistemas que permitan transformar las normas y prácticas de transparencia en pro de una gestión medible y un uso adecuado de los recursos financieros.

Kelly (2003) establece como una de las trabas más comunes en el diseño e implementación de las políticas públicas en América Latina el fenómeno de la corrupción, hecho que es referente en muchas partes del mundo pero que cobra mayor significado en aquellas naciones que presentan un sistema y una forma de organización de sus instituciones públicas que las hace permeables a este flagelo.

Venezuela como muchas naciones con democracias aún en auge, presenta de acuerdo al Informe Anual de Transparencia Internacional (2010) un panorama nada deseable para un Estado con inmensos recursos económicos y paradójicamente también enormes problemas públicos. Dicho informe refleja una puntuación de 2.0 en una escala del 1 al 10, ubicándose en el puesto 164 de 178 países medidos en este estudio.

Ante este triste panorama habría que preguntarse ¿Cómo combatir estos hechos de corrupción?, ¿Por qué existe esta percepción negativa hacia la transparencia de las instituciones públicas en Venezuela?, ¿Acaso no existen las normas y controles necesarios? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado venezolano ante este flagelo?

Venezuela como muchas de las naciones pertenecientes a la estructura de las Naciones Unidas, es signataria de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción firmada en la ciudad Nueva York el 31 de octubre de 2003. Así mismo es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada en Caracas el 29 de marzo de 1996 y que entró en vigor el 3 de junio de 1997.

De igual forma existe un mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), el cual tiene el objetivo de darle seguimiento a los compromisos adquiridos por los Estados y analizar cómo están siendo puestos en práctica. De esta manera, el MESICIC emite informes de evaluación para cada país que haya firmado el acuerdo.  Desde la aprobación del MESICIC en mayo de 2001, Venezuela ha sido evaluada tres veces: julio 2004, junio 2007 y marzo 2010. En el informe del año 2010, de las 52 recomendaciones de los temas que se evaluaron en la primera ronda del 2004, la OEA insistió en que Venezuela no ha avanzado nada en 44 ítems.

El 07 de Abril del 2003, el Estado venezolano promulgó la Ley contra la Corrupción, la cual tiene por objeto “el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación de los delitos contra la cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público”.  Los mecanismos de control se han establecido para evitar el uso inadecuado o la sustracción de fondos públicos, sin embargo, ¿qué ha ocurrido entonces en Venezuela?.  

Casos emblemáticos de corrupción que nunca fueron aclarados ni llevados a la justicia, son referentes ante la opinión pública del difícil panorama en cuanto al acceso a las fuentes oficiales de información, la legalización de la opacidad a través de leyes, sentencias y organismos, sumado a la ausencia de sistemas de archivos que resguarden la información contenida en documentos y actas, generan incertidumbre y riesgos de corrupción que permanecen velados a los ojos de los venezolanos.

De igual forma en el informe de Transparencia Venezuela, se retoma la recomendación al Estado venezolano de la promulgación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la cual debería ser considerada en la Agenda Legislativa del 2012, en virtud de la necesidad de contar con un instrumento que permita no tan solo para los periodistas sino para todos los ciudadanos interesados y preocupados por el uso de los recursos públicos y la solución de sus problemas.

A nivel regional son pocas las entidades que cuentan con este instrumento normativo de acceso a la información pública, Nueva Esparta, Zulia, Miranda, Anzoátegui  y Lara. De igual manera  municipios como Campo Elías de Mérida; Baruta, Chacao y Los Salias de Miranda; Maneiro de Nueva Esparta, San Diego de Carabobo y el Área Metropolitana de Caracas, cuentan también con ordenanzas aprobadas que han sido tomadas en cuenta, tanto por funcionarios como por sus ciudadanos.

La corriente moderna de la lucha contra la corrupción establece que una ciudadanía con acceso a la información pública es una ciudadanía con mucha más capacidad para obligar a que sus autoridades trabajen y estén siempre atentos a la supervisión. Los riesgos de actos de corrupción son latentes a pesar de la gran cantidad de normas y controles internos, estos mecanismos de acceso a la información pública pudieran mejorar considerablemente la precepción de los venezolanos en cuanto a este fenómeno y disminuir el derroche de grandes recursos que pueden ser invertidos en la solución de innumerables problemáticas.

Venezuela al igual que muchas otras naciones enfrenta grandes retos en este nuevo siglo, desde superar la brecha con las naciones desarrolladas, así como mejorar sustancialmente la calidad  y condiciones de vida de sus ciudadanos, todo dependerá de la capacidad operativa de sus organizaciones, del empeño de los diseñadores y ejecutores de los planes y proyectos y de la participación activa de los ciudadanos como parte integral del control y de las políticas públicas.

Convivencia ciudadana; la búsqueda de armonía en una sociedad en conflicto

.

Colas para llegar al trabajo o la casa, enfrentamientos entre policías y ladrones a cualquier hora del día en las vías públicas, maltrato y pésima atención al cliente, agresiones en los campos deportivos, polarización política reflejada en múltiples vallas y afiches que deslucen la ciudad, miedo a que nos roben o secuestren, equipos de sonido a altos volumen, paredes de residencias y sitios públicos rayadas, indigentes y jóvenes ingiriendo licor en sitios públicos, colas interminables para cualquier trámite público o privado y un sinfín de situaciones hostiles más definen el día a día de los venezolanos desplazando poco a poco lo que nos caracterizaba: ser amables y  respetuosos por un estrés que nos lleva a reflexionar sobre la educación y las mínimas normas de cortesía necesarias para invocar a un estado de convivencia como herramienta primordial a la seguridad personal.

¿Hasta dónde los derechos de unos exceden los derechos de otros?, ¿quién decide y controla esta línea divisoria?, existe una premisa que expresa lo siguiente: “equidad es: no privilegiar a unos perjudicando a otros”

Desde un punto de vista relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, de forma tal que el individuo pueda identificarse consigo mismos y con los otros.

Desde tiempo ancestrales el ser humano se vió en la necesidad de asociarse en grupos y así conformar aldeas o tribus, con el transcurrir del tiempo estas aldeas se transformaron en pueblos y ciudades. El pacto de convivencia de un pequeño grupo de personas pasó a ser el pacto de miles de personas en una urbe con mayores dificultades y problemas públicos.

Entendemos por convivencia ciudadana toda actitud o comportamiento cívico, pacífico y armonioso entre los miembros de una comunidad conforme a un conjunto de normas, valores y principios que conllevan al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos evitando cualquier acción o manifestación contraria al respeto, la consideración, la tolerancia y las buenas costumbres.

Esta necesidad de convivir en sociedad implica establecer reglas de comportamiento en las cuales no se vulneren los derechos de ningún ciudadano y se mantenga la equidad al momento de establecer normas y sanciones. Es el Estado quien debe velar por los derechos de cada ciudadano tal como lo expresa el Art. 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en este caso el gobierno municipal está facultado para dictar ordenanzas de convivencia que dirijan todos los esfuerzos hacia mantener la paz y armonía ciudadana. Así mismo los consejos comunales tienen la facultad de elaborar reglamentos de convivencia ciudadana en procura de la concordia en sus espacios geográficos.

Valdría la pena preguntarse, si existen estas normas de convivencia muchas desde hace mas de una década, ¿por qué no surten efectos en la sociedad?, ¿por qué sigue en aumento el números de casos denunciados y no solucionados por las autoridades?, ¿acaso es letra muerta esta regla?.

El irrespeto a reglas mínimas de ciudadanía, la intolerancia, el no reconocimiento del otro como sujeto de derechos, el egoísmo y la falta absoluta de respeto a la autoridad, son un diagnóstico más que claro. Cifras de la última encuesta de victimización realizada por el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC) a mediados del 2011 muestran lo que percibimos como cotidianidad, y nos obliga a plantear el tema con urgencia. Más de un 37% de los venezolanos tiene disposición a armarse para defenderse, un 46% considera adecuado matar a un “delincuente”, y el 25% está de acuerdo en que las comunidades se organicen para matar a “personas indeseables”, un 53,2% expresó que las autoridades no hacen nada ante las denuncias, en fin un proceso constante de deslegitimación de la autoridad y de involución del ciudadano.

Vivimos en una sociedad  con múltiples normas y regulaciones que en el papel vislumbran las condiciones idóneas para cohabitar, a veces hasta exageramos en la cantidad de normas ¿qué ha ocurrido entonces? La respuesta es sencilla, no existe disposición de las autoridades para hacer cumplir estas políticas, además hay un rechazo de los ciudadanos para cumplirlas con el pretexto de que tiene derecho a circular libremente, a resguardarse de la inseguridad y a vivir de la manera que le parece más conveniente.

Otra interrogante que surge como sociedad es ¿dónde están reflejados los procedimientos denunciados por miles de ciudadanos en los organismos de seguridad? ¿Dónde se ha visto que los gobiernos en sus diferentes niveles muestren cifras y hechos que permitan visualizar el desenvolvimiento de los indicadores de convivencia? Quienes no pueden disfrutar del sueño en horas de la noche por los constantes ruidos de vehículos sin tubos de escape, motorizados en faenas de piques, alto volumen de equipos de sonido y  que hablar de los pocos espacios públicos que aun quedan en esta ciudad capital, llenos de grafitis, basura, ausencia de un alumbrado acorde y de las medidas de seguridad que le permitan al ciudadano disfrutar de los mismos, claman por acciones claras y contundentes. ¿Dónde está la sociedad que exija el cumplimiento de sus derechos humanos consagrados en la Constitución? ¿Dónde queda la corresponsabilidad del Estado y la sociedad en los planes y programas de prevención para el disfrute de sus derechos?

Las cifras de jóvenes que fallecen en accidentes de tránsito producto de la ingesta de alcohol durante los fines de semana es otro aspecto a considerar, las estadísticas dan muestra de la necesidad de tomar medidas que coadyuven a la disminución de estos hechos. Las regulaciones en cuanto a la venta de licores debe ser estricta y los espacios públicos donde esto se realiza deben respetar el derecho de otros a descansar. Un arduo trabajo donde los cuerpos de seguridad y la sociedad en general deben velar por su fiel cumplimiento.

La complejidad del problema requiere de programas de opinión, culturales y educativos que inviten a la convivencia y al respeto del otro. Hay que desarrollar planes en la educación formal e informal que resalten los valores y los principios y paralelo a este proceso generar confianza en las instituciones, cosa que sólo se logrará cuando den respuesta oportuna y conforme a la ley. Uno de nuestros errores es buscar las soluciones en el lado equivocado, pensamos que haciendo más leyes tendremos más orden y más justicia, y no nos percatamos que las leyes son sólo instrumentos y que el error está en los hombres que las aplican. Otros venden quimeras como si el cambio de personas originara el cambio de conductas de un día para otro. Es inaplazable reaccionar y salir de la intolerancia que no lleva a otra cosa que a la anarquía. Hay que trabajar desde abajo hacia arriba. Si logramos coexistir en la casa, en el barrio, en la cuadra, en la escuela, en el trabajo, y hasta con uno mismo, estaremos haciendo convivencia ciudadana y por ende aportando a la seguridad que todos deseamos.

El deterioro de la calidad de vida del venezolano en las fronteras. Resultado del fracaso de las políticas fronterizas

Para el venezolano que reside en una ciudad del centro del país la vida transcurre inmersa en los problemas cotidianos: inseguridad, desempleo, basura en las calles, tráfico, congestionamiento en los centros asistenciales, ausencia de canchas o centros deportivos entre otros, pero ¿cuántos se han detenido a visualizar como transcurre el día de un venezolano en una ciudad o poblado fronterizo?, ¿existen semejanzas o desigualdades en la forma de coexistir? Las circunstancias que rodean el quehacer diario en estas zonas están llenas de mayores dificultades y problemas, las razones son múltiples.

En forma general, la política de fronteras de los Estados se concibe dentro de la política internacional bajo responsabilidad de los organismos encargados de su política exterior. En Venezuela lo referente a las fronteras además de estar a cargo de la Cancillería también forma parte de las políticas internas del Estado, por lo que se le han asignado responsabilidades al Ministerio de Relaciones Interiores y se han involucrado otros organismos del poder ejecutivo y legislativo tales como ministerios, comisiones presidenciales, comisiones legislativas, entre otros. 

El fenómeno fronterizo no puede ni debe ser sometido a un problema de límites o de demarcaciones, para lo cual el derecho internacional ha generado una compleja plataforma de recursos jurídicos. Para el día de hoy debe reconocerse que el desarrollo progresivo de los espacios fronterizos y la ocupación humana constituyen los elementos fundamentales para preservar la integridad territorial y la identidad nacional de cualquier país.

Al respecto es indispensable conocer dos conceptos básicos en el estudio de este fenómeno: límite y frontera. Wilson, R (1990) establece que el límite es un punto de diferenciación entre regiones, es el punto o segmento extremo de una región; puede ser una abstracción o línea geodésica invisible o puede ser también un accidente geográfico. En tanto que la frontera es un concepto más amplio, suele ser un territorio de intercambios, normalmente se trata del escenario de ocupación humana en donde una determinada población coopera en función de procurarse los medios de vida. Es también un modo de vida, porque el habitante fronterizo aprovecha para su bienestar las ventajas que surgen de la región vecina, surgiendo una especie de síntesis integradora típica.

La definición de frontera es clara al establecer una relación societal entre los habitantes de ambas regiones que comparten ese espacio, relación que genera necesidades que deben ser satisfechas por los gobiernos de cada país. Igualmente la frontera ocasiona indirectamente una serie de problemas que deben ser enfocados dentro de una política de cooperación y colaboración entre ambas naciones.

La reglamentación venezolana sobre los asuntos fronterizos fue concebida desde la instauración de la democracia en 1958 a partir de un conjunto de disposiciones y resoluciones ministeriales mas no de una Ley de Fronteras, lo que ha contribuido a crear un ambiente de confusión e inseguridad jurídica que acrecentó el abandono de las principales responsabilidades del Estado venezolano con los habitantes de los estados y municipios fronterizos. En el año 1996 el Consejo Nacional de Fronteras inició el estudio de una Ley de Fronteras que consideraba la existencia de un anillo fronterizo conformado por amplios territorios con importantes recursos naturales, con vecindad continental con tres países y marítima con nueve, en el que se ubica el 80% de la población indígena y en el que se evidencia la ausencia de gobernabilidad, lo cual exigía dar carácter de Ley Orgánica al proyecto. Este, fue presentado al entonces Congreso de la República pero no se concretó su discusión y aprobación.

A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 introduce principios, contenidos y disposiciones directa e indirectamente relacionadas con los asuntos fronterizos, diez y seis años después de establecerse la importancia de este marco normativo, la deuda del Estado con los habitantes de las fronteras venezolanas se mantiene vigente. ¿Por qué tanta indiferencia cuando se trata de los problemas fronterizos?, ¿por qué aún no se ha legislado en esta materia? ¿Acaso se les considera ciudadanos de otra categoría a los habitantes de frontera?

La salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a mediados del 2011, viene a darle una estocada final al deterioro de la frontera más activa e importante, la colombo-venezolana, y al proceso de integración entre ambas naciones. La caída brusca en las exportaciones de Venezuela hacia Colombia en un 50% y el cierre de mas del 60% de las industrias establecidas en San Antonio del Táchira y Ureña a finales del 2010 de acuerdo a FEDECAMARAS Táchira, aunado a la migración hacia otros centros urbanos en busca de empleos, y el deterioro de la calidad de vida, dan al traste con el sueño de miles de venezolanos. Basta con revisar el escenario económico en el cambio de ambas monedas para entender esta realidad (22 bolívares por peso cuando hace aproximadamente 12 años era a la inversa; 16 pesos por bolívar).

Las condiciones socio-económicas de Venezuela en sus fronteras han sufrido una caída vertiginosa contrario al panorama alentador y esperanzador de Colombia quien en 1995 aprobó su Ley Orgánica de Fronteras o también llamada Ley 191, la cual les permitió dar los primeros pasos al desarrollo integral de sus fronteras. La realidad de poblaciones fronterizas como Cúcuta (Colombia) reflejan un desarrollo y progreso enmarcado dentro de esa visión del Estado colombiano, dicha realidad contrasta con poblaciones como San Antonio del Táchira y Ureña (Venezuela) quienes han sufrido un deterioro en su calidad de vida producto del abandono por parte del Estado venezolano. Resalta en este aspecto el estado actual de los centros hospitalarios, vías de comunicación y las escuelas en estas poblaciones para comprender el resultado de las políticas sociales. Venezuela está en el deber de reflexionar sobre el futuro de las poblaciones y sociedades fronterizas. La reciente retoma de la discusión del proyecto de Ley de Fronteras en el seno de la Asamblea Nacional no debe quedar simplemente como un intento meramente electorero sino como un auténtico impulso en la búsqueda del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida en las fronteras venezolanas.

La presencia en la frontera no implica sólo cubrir posiciones de seguridad militar y combate al narcotráfico y contrabando, se debe prever el crecimiento de los pueblos fronterizos dentro de una visión de desarrollo e integración. Los programas de cooperación con las naciones vecinas son primordiales e ineludibles al momento de implementar políticas económicas y sociales en estas regiones, de lo contrario el fracaso estará manifiesto en los planes y proyectos que se deseen implementar y la ineficacia redundará negativamente en las condiciones de vida de miles de venezolanos que hacen vida en la frontera.

Los damnificados en Venezuela, calamidad tras calamidad para quienes perdieron su hogar

Los desastres naturales siempre han estado presentes en la vida del ser humano, desde terremotos, huracanes, tornados hasta inundaciones producto de las lluvias han sido objeto de análisis y estudios a fin de minimizar sus consecuencias. 

Venezuela por encontrarse en una zona intertropical, se caracteriza por las constantes lluvias que azotan al país varios meses del año. El llamado fenómeno de “el Niño” y “la Niña” durante esta última década ha causado estragos y transformado la vida de muchos venezolanos que han perdido sus hogares como resultado de habitar en zonas propensas a derrumbes o inundaciones. 

Las consecuencias de estos desastres tienen un reflejo difícil de ocultar y obviar como lo son las miles de familias que quedan sin su hogar, es decir pasan a ser damnificadas, para estos ciudadanos los problemas no quedan en tan solo subsistir sin un espacio habitable, van mas allá de una larga y tediosa espera llena de necesidades, burocracia, lamentaciones y promesas para disipar su situación. Las penurias y complicaciones que viven los damnificados de las lluvias del 2010 y las mas recientes del 2011, solo las palpan quienes les toca lidiar para preparar sus comidas, cumplir sus necesidades básicas y descansar en medio de un ambiente sin las mínimas condiciones de salubridad y seguridad. 

En el mes de enero de 2011 el Gobierno Nacional decretó la Ley Especial de Refugios Dignos cuyo Artículo 1ro establece lo siguiente: “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto regular la acción corresponsable del Pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, para la construcción, habilitación, acondicionamiento, organización, atención integral y gestión de los refugios en todo el territorio nacional, en casos de emergencias o desastres.” Este mecanismo fue creado como una herramienta normativa para afrontar las condiciones de incertidumbre en las cuales quedan las miles de familias venezolanas y así asegurarles un ambiente de seguridad y resguardo pero no para solventar la situación luego de pasar a los refugios y engrosar las cifras de damnificados. 

El objeto del presente análisis va mas allá de explicar el funcionamiento de un instrumento legal, la interrogante que se plantea llega al fondo del asunto de un problema ocasionado por la falta de capacidad de los gobiernos para que las familias que quedaron sin casa logren en un lapso de tiempo prudencial tener acceso a un hogar digno, la ausencia de proyectos que permitan afrontar próximos desastres naturales, la carencia de planes que permitan evitar la construcción en terrenos inestables y sobre todo de crear en conjunto con los gobiernos regionales y locales, las políticas necesarias a fin de minimizar al máximo el riesgo de pérdida de vidas y bienes materiales. 

Andrés Cáceres, damnificado del refugio Torre El Chorro de la avenida Universidad, señaló que a la fecha (Diciembre del 2011) debieron adjudicarse casas a 400 familias. "Son 1.800 personas viviendo en una torre sin ley con damnificados de Catia, Altavista y 23 de Enero y nos piden paciencia. Exigimos respuesta ya". Cáceres denunció que una de las coordinadoras del refugio consiguió casa en un urbanismo expropiado detrás de la estación del ferrocarril Charallave Norte y los abandonó. "Se fue con ocho familias el fin de semana. Una de ellas se devolvió porque las casas no tienen agua ni luz, la vía no sirve y no hay transporte público". Los afectados de Torre El Chorro pasarán su segunda Navidad con más damnificados que llegaron al albergue el domingo tras perder sus casas en Antímano. "Alojaron a otras 20 familias en los pisos 13 y 14. Esta Navidad la pasaremos con más damnificados sin viviendas”. 

Esta y otras historias más forman parte del quehacer diario de venezolanos que esperan que el Estado, quien tiene los recursos económicos para la solución de sus problemas, les de una respuesta clara, rápida y convincente. No se puede dejar pasar por alto el caso de los damnificados de Vargas en 1999, cuyo viacrucis para ser reubicados pasó por un tedioso y angustioso proceso en el cual aún quedan familias en espera del cumplimiento de las promesas por parte del Gobierno Nacional. Recordemos que la Gobernabilidad está sujeta a la capacidad de respuesta de un gobierno en atender a las necesidades de sus ciudadanos, en este aspecto, el problema de los damnificados en Venezuela es claramente un ejemplo de la ingobernabilidad que se presenta en los actuales momentos. 

El siglo XXI presenta para cualquier Estado del mundo, retos para afrontar los diferentes desastres naturales que están por venir, de la capacidad del Estado para promover y desarrollar políticas que permitan reducir sus impactos dependerá el futuro de miles de familias que se ven en minutos despojados de sus bienes y emprenden en Venezuela un penoso camino en busca de un nuevo hogar que les evite ser parte de la larga lista de damnificados que día tras día ven a lo lejos la posibilidad de soñar tranquilamente y brindarle a sus hijos el hogar que tanto aspiran y merecen como ciudadanos de un país lleno de múltiples riquezas naturales.