Las misiones: ¿un modelo de política social?

Una política social comprende un conjunto de acciones del Estado tendientes a mejorar las condiciones de las necesidades básicas de la población, sin segregación de ningún tipo, ni por estatus social, grado de instrucción, religión o afinidad política, ya que es deber del Estado atender estas necesidades para todos por igual, tal como está establecido en el preámbulo de la Constitución de 1999.

A finales de los años noventa, Venezuela experimentó una delicada crisis social producto de prácticas neoliberales asumidas como necesarias luego de la caída de los precios del petróleo; las cifras de desempleo, pobreza, inflación indicaban un grave deterioro en  la calidad de vida de los venezolanos debido a que los anteriores modelos de política social se basaron en un esquema rentista petrolero que tarde o temprano tenía que colapsar.  Así, en los últimos años Venezuela ha transitado por un cúmulo de ensayos en materia de  políticas sociales hasta llegar al modelo radical-populista que impera a través de la implantación de un conjunto de programas sociales llamados “misiones”.  

El nacimiento de las misiones se relaciona con los sucesos posteriores a los hechos del 2002, un referendo revocatorio a la vista, más un escenario con fuertes restricciones fiscales y económicas que debilitaban mas la situación política del gobierno obligaron a pensar en una serie de programas para atender necesidades fundamentales de los venezolanos, por ello luego de cinco años en el poder, en el 2003, el gobierno adoptó un nuevo esquema de gestión al que bautizó como misiones, cuya finalidad era, para ese momento, demostrar la capacidad de la revolución para reducir la exclusión social principalmente en las áreas de salud, educación, alimentación, producción y vivienda, utilizando para ello un modelo fiscal que les permitió disponer y asignar recursos en forma paralela, como aparente alternativa para paliar los resultados de un Estado burocrático, ineficiente e ineficaz heredado de los gobiernos anteriores, a través de una actividad temporal y extraordinaria.

Al analizar el desarrollo de las misiones y sus logros se evidencia que éstas han sido utilizadas más como una estrategia política del gobierno, que como un modelo alternativo de política social, pues lo que se ha buscado es recuperar terreno en las clases sociales mas bajas y ganar espacio para sucesivos mandatos a través de novedosas estrategias de accesibilidad para llegar a los sectores mas pobres, lo cual contrasta con su fracaso ante los deficientes resultados en cuanto a las coberturas hacia los ciudadanos. Las grandes proyecciones que hizo el gobierno pronto se desinflaron ya que no contaron con una planificación previa, un control de gestión y una sólida visión para lograr que progresivamente las misiones se incorporaran a las estructuras propias del Estado existentes para esos fines, permitiendo que se mantengan estructuras paralelas sin mayores controles, amparadas por la renta petrolera venezolana y sus altos precios. La aparición imprevista de las misiones en medio de una estrategia política ideológica, evidencia que no nacieron bajo una planificación seria ni para todos los venezolanos por igual.

Tal vez la idea de las misiones como alternativa de una política social para Venezuela no fue una paranoia, las condiciones del país no eran las más adecuadas a finales de los noventa, pero el modelo paralelo al Estado y el sesgo político ideológico que estas traen como sello, aunado a la ausencia de un modelo de gestión que permita evaluar los resultados, mejorar las mismas y permitirle una sostenibilidad como política pública condenan al fracaso a este proyecto social, tal como está ocurriendo en los últimos años.

Finalmente, para que las misiones puedan ser consideradas como un modelo de política social es necesario que las mismas se acoplen a los principios y obligaciones  que dicta la Constitución y se desliguen del componente político ideológico que las caracteriza, así mismo es fundamental que se institucionalicen bajo un modelo único de Estado acorde con nuestra legislación. En la medida que esto no ocurra, las misiones perderán legitimidad social y se debilitarán en su estructura y desempeño tal como ya está ocurriendo según indican las pocas cifras que se pueden obtener a través de los entes oficiales.

El contrabando de combustible: un negocio lucrativo

Desde hace décadas el contrabando de combustible hacia Colombia ha sido un negocio lucrativo, basta con visualizar los dividendos que produce esta actividad debido al diferencial entre ambas monedas.  En años anteriores cuando el diferencial cambiario favorecía a los venezolanos ya se visualizaban signos del contrabando de gasolina hacia Colombia a través de los ríos y trochas entre ambos países,  en la actualidad, con un bolívar devaluado y un tipo de cambio en frontera de 22 bolívares por peso este fenómeno social se ha incrementado en forma considerable.  Además de las ganancias que ofrece el diferencial cambiario se suma otra variable, el precio del combustible en Venezuela es el mas bajo del mundo, lo cual hace del contrabando de este rubro un negocio muy lucrativo y tentador que mina los principios y valores de instituciones y personas encargadas de velar por su resguardo y distribución. Un tanque de combustible de 50 litros cuesta en Venezuela alrededor de un dólar, esta misma cantidad de litros de gasolina en Colombia representa unos 50 dólares.

¿Acaso la instalación de un chip en los vehículos, los controles en las estaciones de servicios y otras medidas van a detener el flujo de combustible que a diario cruza hacia el vecino país? Estas medidas sólo atacan las consecuencias más no las verdaderas causas que han incidido para que este problema se mantenga a lo largo de los años, por el contrario van en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en los estados venezolanos que colindan con Colombia.

¿El Ministerio de Energías y Petróleo se ha percatado de que la causa que realmente incide para que el problema se mantenga y tome auge es lo lucrativo de este negocio? ¿Dónde está el estudio de esas variables? ¿Dónde están las políticas macroeconómicas que permitan estabilizar el bolívar frente al peso colombiano? ¿Acaso el abandono por parte de Venezuela de las políticas de integración con Colombia han acrecentado los problemas que sufren quienes habitan y hacen vida en estas regiones fronterizas? ¿Por qué no se ha analizado la propuesta del gobierno colombiano acerca del aumento de la cantidad de  combustible subsidiado que Venezuela envía a Colombia, para así equilibrar los precios?

El que no existan respuestas claras a estas preguntas deja en evidencia que no hay la suficiente voluntad política para resolver este problema, las acciones que se están implementando así lo indican, simplemente son medidas sin valor económico ni estratégico y sin una visión que vaya mas allá de las externalidades que causa este problema, el contrabando de gasolina es una consecuencia de políticas macroeconómicas deficientes.

La política es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad, nunca para afectar a los ciudadanos, es por ello que se deben aplicar medidas estratégicas con visión de desarrollo que garanticen la solución de esta problemática, más aún cuando hoy en día Colombia y Venezuela no llevan en sus agendas una política de integración sino una simple cooperación económica que se da en forma automática por los límites y problemas fronterizos que comparten.

Políticas de prevención ante desastres naturales: ¿Una utopía?

El Estado Venezolano dentro de sus atribuciones constitucionales y facultades establecidas en las leyes, está en el deber de planificar y desarrollar planes y programas que permitan disminuir sustancialmente los efectos que los desastres naturales causan. Estos planes deben contemplar estudios de las zonas, áreas o espacios de mayor riesgo sujetos a inundaciones, terremotos, deslaves, etc., así como también analizar y establecer los mecanismos de respuesta ante estos desastres. Basta con preguntarse ¿cuál es la capacidad del Estado para afrontar los inevitables desastres naturales y así mitigar los efectos, daños materiales y pérdidas humanas que estos traen consigo?

Basta con recordar el desastre ocurrido en el estado Vargas a finales de 1999, para dejar en evidencia la ausencia de políticas claras en materia de prevención, así como la inexistencia de políticas que permitieran dar respuesta oportuna a los daños materiales que este fenómeno ocasionó y su terrible impacto en la población que habitaba los sectores más afectados. Luego de doce años gran parte de los daños materiales esperan ser reparados y el peligro se mantiene latente para la mayoría de la población que aún permanece en las zonas de mayor riesgo. La dura lección de la naturaleza no fue asimilada y los actores de gobierno no han comprendido que como política pública la prioridad debería ser la prevención antes que la improvisación.

Tal vez los desastres naturales no sean del todo previsibles, pero la prevención, apoyada en estudios de profesionales en el área y en la tecnología disponible hoy en día, permite reducir el grado de incertidumbre, impacto y sobre todo los efectos más perjudiciales de estos fenómenos de la naturaleza. De igual forma, se puede programar y ejecutar oportunamente el dragado de los ríos, el mantenimiento de alcantarillas, el reforzamiento y mantenimiento de puentes, la canalización de las aguas y particularmente ejercer un eficiente control para evitar las construcciones en zonas no aptas, todo esto como elementos primordiales de una frase que pocos tomamos con seriedad: la prevención.

Desde finales del año 2010 y en lo que va del 2011 varios estados venezolanos se han visto seriamente afectados por las constantes lluvias, entre ellos el estado Táchira ha sido uno de los que más ha padecido los efectos de este fenómeno climático, dejando en evidencia la ausencia de políticas claras y efectivas en esta materia. Ante tal situación, el gobierno regional del Estado Táchira entregó en noviembre de 2010 al Ejecutivo Nacional un Plan de Prevención y Mitigación de Riesgos, en el cual se advertía acerca de las condiciones de las zonas vulnerables, haciendo énfasis en las obras requeridas y los recursos necesarios para reducir el efecto de los posibles desastres naturales que en la entidad se podrían dar, sin embargo, el apoyo necesario para la coordinación y  ejecución de dicho plan no fue ni efectivo ni oportuno.

En mayo de 2011, siete meses después de haber informado acerca de la necesidad de  una respuesta clara y oportuna que permitiera afrontar la calamidad, es cuando el Ejecutivo Nacional hace presencia mediante un decreto de excepción, mas no de emergencia como debería ser el caso, llevando a cabo una serie de acciones que solo evidencian improvisación y la muy lamentable politización de una tragedia que afecta directamente a la población tachirense.  Es así como la reacción del gobierno nacional ha sido expropiar temporalmente maquinarias del sector privado y asignar los recursos para atender la emergencia a una institución sin competencia para el manejo de desastres como lo es DESURCA (empresa del área de electricidad).

Queda entonces preguntarse ¿cuál es el Plan de Prevención de Desastres Naturales y Mitigación de Riesgos del Gobierno Nacional?, ¿por qué se espero a que los efectos de este fenómeno natural aumentaran considerablemente para reaccionar?, ¿cuál es la capacidad de respuesta del Estado cuando se visualiza que el 90% de las maquinarias utilizadas para las reparaciones de vías, dragado de ríos y fallas de borde son de la empresa privada?, ¿por qué no entregar los recursos al gobierno regional y gobiernos municipales y supervisar el buen uso de dichos recursos a través de los organismos competentes?, ¿dónde queda la premisa de la participación ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas?.

Los daños causados por las lluvias en el estado Táchira, así como en los demás estados venezolanos afectados, pudieron haberse reducido si el Plan presentado a finales del 2010 hubiese sido considerado apartando diatribas políticas y tomándolo como referencia para un Plan Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos.

              En materia de prevención ante desastres naturales, la enseñanza de la tragedia ocurrida en 1999 en el estado Vargas fue olvidada a pesar del dolor de cientos de venezolanos que aún hoy en día sufren las consecuencias. Nuevamente la improvisación y la falta de capacidad gerencial y técnica  han sido los protagonistas de tan lamentable episodio donde los mas afectados siguen siendo los ciudadanos, aquellos quienes perdieron a sus seres queridos, sus hogares, sus cosechas y la posibilidad de tener tranquilidad y la calidad de vida que como venezolanos y como seres humanos todos merecemos.