Quizás la faena diaria del venezolano transcurre con tantas cargas, problemas, sucesos e incertidumbres, que no queda espacio para reflexionar acerca de la realidad que se vive en las cárceles.
La vida de un privado de libertad siempre ha estado plagada de problemas, las cifras, sucesos y relatos que ocurren a diario dentro de estos recintos así lo indican, ¿pero cuánta importancia se le ha brindado a este problema que refleja en parte lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela?
La situación que se presentó en el Rodeo I y Rodeo II el 12 de junio de 2011, mostró a la opinión pública una problemática quizás cotidiana para los reos y sus familiares, pero desconocida y preocupante para el resto de la sociedad. La cantidad de muertes violentas producidas por conflictos internos generó gran impacto a nivel nacional e internacional, al hacerse evidente un gran problema de organización y control en esta área que requiere la atención prioritaria y eficaz por parte del gobierno.
El análisis de las variables que han coadyuvado a acrecentar esta problemática pasa por examinar las causas por las cuales un ciudadano llega a estar tras las rejas, las motivaciones que lo llevaron a cometer un delito y atentar contra las normas de convivencia establecidas en las leyes, las capacidades físicas de los centros de reclusión, la existencia o no de programas de rehabilitación eficaces, para finalmente reflexionar acerca de la responsabilidad que tiene el Estado en este proceso de deterioro social.
El hacinamiento carcelario producto de múltiples factores, entre ellos la no construcción de nuevos recintos, el creciente deterioro de los ya existentes, así como también una administración de justicia que no es capaz de actuar con eficacia y prontitud, han sido las variables que más contribuyen al crecimiento del problema. No son todas, pero sí las mas visibles de un panorama nada alentador que exige políticas claras y coherentes a mediano y largo plazo para atender la crisis que se vive tras las rejas.
En la década de los noventa se derrumbó el Reten de Catia en un acto simbólico que representó el fin de una etapa y el comienzo de una nueva historia en la realidad carcelaria del país, sin embargo, la crisis continua latente y los cambios en lugar de mejorar la situación parecen haberla empeorado. Vale la pena preguntarse entonces ¿cuántos retenes de Catia quedan aún por derrumbar?
El problema es muy complejo, se debe involucrar no solo a un ministerio o sector de la sociedad, sino a todos los órganos del Estado, tanto del gobierno como de la sociedad civil, sin dejar a un lado a la iglesia y de ser necesario a organismos internacionales que aporten ideas para mejorar el sistema en todas sus fases.
Las herramientas para que este problema comience a mejorar están en manos del Estado, una de ellas está prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 272 que establece la descentralización del sistema penitenciario, sin embargo, el gobierno nacional ha insistido en la aplicación de un modelo centralista en la dirección de las 34 cárceles existentes en el país, lo cual solo le ha conducido al fracaso.
Una de las medidas iniciadas en los últimos 10 años fue la construcción de nuevos y modernos recintos, pero una vez mas la falta de sostenibilidad de esta política ha impedido que se obtengan los resultados esperados pues en ese tiempo tan solo se han construido 2 nuevos centros de reclusión para una población penal en aumento. El gobierno de turno ha presentado durante su gestión 2 planes o programas en materia penitenciaria, valdría la pena preguntarse ¿cuáles han sido los resultados?, ¿por qué no se presentan las cifras que permitan visualizar cuántos de estos internos han sido rehabilitados y no han vuelto a reincidir en la comisión de delitos?, ¿están funcionando estos programas?, nuevamente el hermetismo en cuanto a la evaluación técnica y sistemática de las políticas públicas deja sin respuestas a los ciudadanos.
El Estado tiene un gran reto por delante, de su capacidad gerencial y técnica para evaluar los programas y lograr la participación y el compromiso de la sociedad como un todo para hacer frente a este problema, depende en gran medida la transformación del sistema carcelario para convertirlo en un modelo representativo de la justicia y los derechos humanos.
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