Todos los diagnósticos indican que la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los venezolanos, así lo reflejan diversas encuestas y las noticias que día a día se publican en los medios de comunicación. Las repercusiones de este problema social en Venezuela van más allá de cifras y hechos que marcan la vida de los familiares, amigos y población en general que sienten impotencia ante la incapacidad de un Estado que esgrime razones políticas para evadir su responsabilidad ante tales hechos.
El éxito o fracaso de una política se mide por sus resultados, lo que en el caso de la inseguridad se puede evaluar por la cantidad de homicidios en los últimos años. El Observatorio Venezolano de la Violencia contabilizó 16.047 homicidios ocurridos durante el 2008 y una encuesta de victimización difundida por el Instituto Nacional de Estadística, durante el 2009 registró 19.133 homicidios en el país, para el 2010 estos números aumentaron a 22.340 homicidios. Estos datos se pueden interpretar de manera simple, cada 27 minutos murió un venezolano como consecuencia de la inseguridad, lo cual refleja la falta de eficacia en el cumplimiento de los propósitos de estas políticas pues no se ha logrado disminuir estos indicadores.
Otra variable a considerar por parte del Estado es que de acuerdo con datos del Ministerio Público aproximadamente 6.885 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano fueron denunciados por su presunta responsabilidad en los homicidios y ajusticiamientos de 7.243 personas entre enero del 2000 y noviembre del 2007. Solamente 412 efectivos se encuentran cumpliendo condena. Estas cifras evidencian una problemática de violaciones a los derechos humanos, denotando impunidad y ausencia de un Estado comprometido con el resguardo de estos derechos fundamentales.
Además, al alto índice de delitos cometidos por los cuerpos de seguridad, se le suma la ya mencionada ineficiencia del Poder Judicial y el déficit de fiscales en el Ministerio Público, lo cual contribuye a que los casos queden impunes y desmotiven a los ciudadanos cuya única esperanza está en lograr la justicia que el Estado debe brindarle obligatoriamente.
En vista de la impunidad el ciudadano se convierte en un ser desanimado e incrédulo de todo cuanto el Estado pretenda hacer para justificar su incompetencia, en este caso la mayoría opta por no denunciar o simplemente como ha ocurrido en algunos casos, toma la justicia por sus propias manos.
Ante este panorama desolador al venezolano le corresponde convertirse en un actor protagonista del preocupante problema de la inseguridad ciudadana, a través de la participación en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas, muchas de ellas a través de las denuncias, el trabajo en equipo con las comunidades, el diseño de mecanismos de prevención así como también la exigencia al Estado a través de la protesta pacífica y fundamentalmente por medio del valioso mecanismo que brinda la democracia para recompensar o castigar a sus gobernantes: el voto.
El derecho a la vida y a la integridad personal forma parte de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que “No basta que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre”.
Como se ha visualizado, el problema presenta múltiples características que lo hacen difícil y exigente a la hora de diseñar las políticas de seguridad ciudadana, las cuales deberán ir de la mano de un programa de acción social y de un compromiso del Estado que trascienda a los gobiernos de turno y las particularidades de sus gobernantes ya que este fenómeno no considera raza, religión ni afinidad política a la hora de plasmar su huella. Las metas para que Venezuela reduzca los niveles de inseguridad y se enrumbe hacía vías de desarrollo no son imposible de alcanzar, basta con dar el primer paso y convocar a todos los actores de la sociedad para una cruzada única que brinde la tranquilidad que todos los ciudadanos se merecen.
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