Resumen: La
modernización de las ciudades en Venezuela comenzó con la transformación física
y la cimentación de grandes estructuras, la construcción de obras y
edificaciones expusieron el empeño de los gobernantes en mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. El Centro Cívico en la ciudad de San Cristóbal estado Táchira,
representa parte del esfuerzo de ingeniería y arquitectura de los años 80 y de
la visión de un grupo de tachirenses en evolucionar y desarrollar urbanísticamente
la ciudad. La realidad de este novedoso proyecto, dista mucho de las ideas de
sus creadores, abandono de los espacios públicos, incremento incontrolado de la
economía informal, micro tráfico de drogas, prostitución, robos, hurtos y
extorsión, forman parte de la gran cantidad de delitos que se cometen a diario
en este sector. La prevención situacional del delito busca transformar estos
espacios públicos a fin de reducir las posibilidades de ser objeto de un delito
y disminuir la percepción de inseguridad.
Palabras claves: Políticas públicas, prevención,
inseguridad, espacio urbano
Abstrac: The modernization of cities in
Venezuela began the physical transformation and the foundation of large
structures, the construction of buildings and exposed the efforts of
governments in improving the quality of life of citizens. The Civic Center in
the city of San Cristobal Tachira, represents part of the engineering effort
and architecture of the 80s and the vision of a group to evolve and develop
tachirenses urbanistically town. The reality of this new project is far from
the ideas of their creators, neglect of public spaces, uncontrolled growth of
the informal economy, micro drug trafficking, prostitution, theft, robbery and
extortion, are part of the many crimes being committed daily in this sector.
Situational crime prevention seeks to transform these public spaces to reduce
the chances of being victim of a crime and reduce the perception of insecurity
Keywords: Public policy, prevention,
insecurity, urban space
Introducción
La modernización
del casco central de la ciudad de San Cristóbal, como lo llamaron las
autoridades municipales de la época, comenzó hace 26 años con la inauguración
de las dos torres del Centro Cívico el 31 de marzo de
1986, todo esto enmarcado en la celebración de los 425 años de la fundación de
la ciudad. Era la primera fase de un ambicioso proyecto arquitectónico previsto a
ser desarrollado en nueve manzanas de la villa de Juan Maldonado, pero por la
falta de recursos económicos y de voluntad política no permitieron el
crecimiento del proyecto en su totalidad.
El 31 de marzo de
1986 la ciudad estuvo de fiesta. Centenares de sancristobalenses se reunieron
en la Plaza Bolívar para presenciar el acto cultural programado por las
autoridades, para luego recorrer las modernas instalaciones, acompañados por el
ex presidente Carlos Andrés Pérez, a quien se le debe el inicio de la obra y aportar
los recursos económicos necesarios para su construcción.
Los ciudadanos de
la capital del estado subieron por primera vez a unas escaleras eléctricas,
disfrutaron de la fuente de agua cristalina, que con su brisa refrescaba al
peatón; caminaron por los amplios pasillos, observaron las modernas vitrinas de
cristal de los locales comerciales ya instalados, y quienes tenían vehículo,
utilizaron el primer estacionamiento subterráneo de San Cristóbal.
Aquella obra
emblemática que marcó el final de la etapa de las casas viejas, de las calles
de piedra, y el comienzo de una transformación urbana, de la ciudad moderna la
cual se construyó en un plazo de 10 años, fue el comienzo de la remodelación
del centro de San Cristóbal y el desarrollo urbano de la capital del estado.
La realidad actual
del proyecto de desarrollo de la ciudad dista mucho de las ideas plasmadas por
sus creadores. Abandono de los espacios públicos, incremento incontrolado de
trabajadores informales, micro tráfico de drogas, robos, prostitución y
extorsión entre otros, son parte de la vida de los residentes y comerciantes de
la zona quienes con preocupación urgen de medidas que permitan recuperar la
tranquilidad y el disfrute de los espacios públicos pensados para el desarrollo del centro de la ciudad de
San Cristóbal.
Imagen del Centro Cívico de la ciudad de San
Cristóbal
DATOS
BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
|
Políticas de prevención
situacional del delito para reducir los hechos delictivos en el Centro Cívico
de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira
|
Objeto del proyecto
|
Reducir los índices
delictivos en el Centro Cívico y sus alrededores
|
Organismos responsables del
proyecto
|
Instituto Autónomo Policía
del estado Táchira, Corporación de Infraestructuras del estado Táchira (CORPOINTA)
, Fundación Táchira Grande, Dirección de Desarrollo Social (Alcaldía) y Junta
de Condominio del Centro Cívico
|
Beneficiarios
|
345 propietarios de
inmuebles en el sector y ciudadanía en general que hace uso de las
instalaciones y Plaza Bolívar de la ciudad de san Cristóbal.
|
Lugar de ejecución
|
Centro Cívico de la ciudad
de San Cristóbal
|
Duración del proyecto
|
9 meses
|
Coordinación de ejecución
|
CORPOINTA, Fundación Táchira Grande y POLITACHIRA
|
Costo del proyecto
|
772.500,oo Bs.
|
Planteamiento del Problema
La inseguridad, generada por la criminalidad y la violencia,
constituye un grave problema que afecta el bienestar y la tranquilidad de los
ciudadanos. Ante este problema el Estado está obligado a evaluar
permanentemente las políticas sobre seguridad ciudadana para garantizar los derechos
consagrados en la Constitución y las leyes, lo cual implica un deber ineludible
en su misión de proveer las herramientas necesarias para salvaguardar la vida y
bienes de sus habitantes.
La violencia como expresión de la inseguridad es un fenómeno
complejo y multifactorial, por lo tanto así de múltiple y complejo ha de ser
también el análisis y las respuestas que deben darse para su prevención y
control. La magnitud que ha adquirido este lamentable fenómeno en las últimas
décadas, ha llevado a considerar los homicidios como un “problema de salud
pública” y han obligado a involucrar diversos actores sociales que hasta los
momentos no habían sido tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones
integrales a este drama.
En América Latina, en las últimas décadas, la inseguridad y la
violencia se han convertido en un problema estructural, tanto por su magnitud
como por sus expresiones, haciendo imperativo su análisis dentro del contexto
de las políticas públicas, lo cual pasa por examinar los diferentes factores
asociados a este problema que inciden para que este flagelo social se mantenga
y tome auge de una manera alarmante dentro de la sociedad, por lo tanto,
constituye un tema prioritario debe ser incluido por los gobernantes en sus
respectivas agendas.
De acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
para el 2010, países como El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela mantienen
una tasa de asesinatos tres veces superior a la mundial de 26,4 homicidios por
cada 100.000 habitantes, lo cual los cataloga como los países de mayor
violencia en Latinoamérica. La tendencia en el caso de Colombia es decreciente
en el número de homicidios, mientras que en Venezuela la tasa tiende a crecer
aún cuando no existe un conflicto bélico y se cuenta con una bonanza petrolera
que permite, en teoría, sufragar un plan de inversión para nivelar el
desequilibrio social que presenta. Esta paradoja nos lleva a reflexionar sobre
la gravedad de la situación y del futuro que les espera a las generaciones venideras.
Otro aspecto a destacar es la tasa de homicidios jóvenes que para
el 2010 representó en Venezuela el 64,2 por cada 100.000 habitantes de acuerdo
a estudios del Observatorio Venezolano de la Violencia. Estas cifras no son
nada deseable para un Estado que pregona estar en vías de desarrollo y que
requiere de la preparación y capacitación de su fuerza joven para el logro de
sus objetivos a largo plazo.
Los trabajos de investigación que se han realizado en Venezuela en
los últimos años, señalan a la inseguridad personal como el mayor problema que
afecta la calidad de vida del venezolano. Cuando se evalúan las políticas de
seguridad el resultado es desalentador: según cifras del Observatorio
Venezolano de la Violencia para el 2011, en Venezuela se presentaron en promedio
67 homicidios por cada 100.000 habitantes (19.459 homicidios), noveno país en
el ranking en cuanto al número de secuestros y un 52% de la droga incautada a
nivel mundial provino de puertos o aeropuertos venezolanos, datos estos que
reflejan la gravedad de una problemática que debe ser abordada desde todas las
perspectivas de manera clara y contundente. Muchas de estas cifras sobre el
problema de la inseguridad no son oficiales y son manejadas con discrecionalidad
por las autoridades venezolanas ya que no muestran la verdadera situación que se
vive en las calles y son entonces organizaciones civiles pro defensa de los
derechos humanos las que han tomado la iniciativa de hacer seguimiento y de
mantener informado al ciudadano de esta cruda realidad.
Compartir fronteras internacionales con otras naciones facilita
que se realicen o se trasladen actividades delictivas desde el otro espacio
geográfico del límite internacional con el propósito de evitar, evadir
controles o la aplicación de la justicia en su país de origen. El cruce de la
frontera con fines de evasión del castigo, es práctica común y solo se
disminuye cuando existe coorperación entre los países vecinos y la
responsabilidad del problema se acomete de manera compartida.
El estado Táchira ha sido tradicionalmente receptor de migrantes,
desplazados, indocumentados colombianos por solo mencionar los casos de
movimientos ilegales habituales. La alta movilidad humana ligada a las
favorables condiciones económicas así como el escaso control gubernamental,
entre otros, comenzó a menoscabar a mediados de los noventa, no solo la tranquilidad
y la convivencia de los nativos venezolanos, sino también el funcionamiento integral,
eficaz y oportuno de ambos países. Las consecuencias de este desamparo por
parte del Estado y la ausencia de políticas públicas acertadas sirvieron de
aliciente a los fenómenos actuales de ilegalidad y violencia en la entidad
tachirense, donde subyace una fuerte connivencia de las autoridades con
estructuras ilegales, una profunda corrupción y una cultura del dinero fácil.
Las cifras de decomiso de drogas por parte de la Guardia Nacional
venezolana durante el primer semestre del 2012 (2.550 kilogramos) en diferentes
operativos realizados a lo largo de la entidad tachirense, denota la amenaza
que representa el tráfico de drogas y de las consecuencias como elemento que
fomenta la violencia en la región. Tan solo en el año 2011 se presentaron
ochocientos treinta y dos (832) hechos violentos de acuerdo al Observatorio
Social de la Universidad Católica del Táchira, de los cuales el 53,51% correspondieron
a homicidios. Para el Instituto de Investigación de Convivencia y Seguridad
Ciudadana (INCOSEC), el estado Táchira es la octava entidad federal más
violenta del país en cuanto a los casos de homicidios, fundamentando estas
aseveración en cifras extra-oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) para ese período.
De igual forma, según datos suministrados por la Policía del
estado Táchira hasta el primer semestre del 2012, los hechos violentos de
Sicariato mantienen un ritmo de crecimiento alarmante en comparación al 2011 y
2010. (Ver tabla 1). De igual forma hechos delictivos como el secuestro,
violaciones, hurtos y robos mantienen una frecuencia preocupante que requiere acciones
a fin de reducir su periodicidad.
Tabla
1: Cifras de la Policía del estado Táchira
San Cristóbal como ciudad capital aglomera el 25,50% de la
población total del estado Táchira, con aproximadamente 282.164 habitantes
según el censo del 2011. A estas cifras hay que sumar la gran cantidad de
ciudadanos que habitan en otros municipios que conforman el área metropolitana
pero que hacen vida laboral en la urbe de San Cristóbal.
En cuanto a las áreas problemáticas que presenta la ciudad para
planificar sus políticas de seguridad, el centro de la ciudad, especialmente el
Centro Cívico, juega un papel primordial debido a la gran aglomeración de
comerciantes y ciudadanos que transitan por estos espacios. De acuerdo a datos
de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal para el año 2010, más de trescientos
veinte (320) locales de comercio informal están establecidos en el Centro
Cívico y sus alrededores sin ningún tipo de control y permiso por parte de este
ente.
Dentro de las herramientas para el diseño e implementación de
políticas públicas eficientes y eficaces en la disminución de la delincuencia,
en este caso como objetivo el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal, está
el diagnóstico local de seguridad ciudadana el cual se realizó aplicando
metodologías cuantitativas y cualitativas.
En cuanto al diagnostico cuantitativo, este consistió en la
recopilación de información necesaria para la investigación tales como:
Estadísticas y casuísticas de la densidad delictual, estadísticas de personas
detenidas en el sector, estadísticas de aprehensiones de niños, niñas y
adolescentes, censo de la economía informal, censo del condominio, estadísticas
de personas detenidas por consumo de sustancias estupefacientes y alcohólicas y
demografía de locales comerciales y empresariales.
Gráfico 2: Delitos cometidos en el sector del
Centro Cívico
Fuente: Policía
del estado Táchira
Una vez obtenida esta información, se procedió a la aplicación de
entrevistas semi estructuradas a los actores sociales claves, permitiendo
complementar y contextualizar la información estadística al incluir la
percepción de la comunidad y sus necesidades en el ámbito de la seguridad
ciudadana en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal.
Uno de los mayores problemas detectados durante el diagnóstico el
cual fue confirmado por los entrevistados quienes afirman que el problema del micro tráfico y consumo de drogas se ha
agudizado en el sector. Dichos delitos se ven influenciados por diversos
factores de riesgo tales como el crecimiento poblacional sin un consecuente
aumento de la infraestructura y cobertura de los servicios básicos, incidiendo
en altos índices de inactividad, desempleo, baja cobertura educativa y aumento
del hacinamiento de la economía informal, se destacó una importante condición
de riesgo social y delictual en los jóvenes.
Otros delitos expresados en las estadísticas y reforzados por las
entrevistas son el robo (arrebatón), el
hurto y lesiones menores, muchos de estos cometidos con facilidad debido a
la aglomeración de locales informales y personas, lo cual dificulta de igual
manera la acción policial y de control por parte de la comunidad. De acuerdo a
las entrevistas efectuadas a los comerciantes y Consejo Comunal del sector,
muchas personas no denuncian los hechos por temor a represalias por parte de los
delincuentes o por evitar los trámites ante las autoridades.
En virtud de lo anteriormente expuesto se puede considerar que la
caracterización delictual en este sector es urbana y por lo mismo su incremento
debe ser entendido como efecto de la agudización de problemáticas urbanas como
las señalas. Aunado a este aspecto hay que resaltar la falta de espacios
públicos para la integración de la comunidad y la falta de iluminación en el
área y estacionamiento del Centro Cívico. Hay que resaltar que en los espacios
de esta estructura está edificada la Plaza Bolívar de la ciudad de San
Cristóbal se encuentra deterioradas y abandonadas sin que los entes competentes
tomen las medidas respectivas.
El gobierno regional a través de la Policía del estado Táchira inició
a mediados del 2011 en el sector de Barrio Obrero, un plan piloto de seguridad denominado
“Barrio Obrero Seguro” el cual a través de la instalación de cámaras de
seguridad y el patrullaje constante en el sector, ha logrado disminuir
considerablemente delitos tales como el robo de vehículos, hurto a transeúntes
y locales comerciales entre otros. Este proyecto ha sido diseñado en conjunto
con el gremio de comerciantes de la zona, razón por la cual sus resultados y
diseño permiten visualizar su implementación en el Centro Cívico de la ciudad
de San Cristóbal.
Objetivo General:
Diseñar
políticas de prevención situacional del delito para reducir los altos índice de
inseguridad en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal.
Objetivos específicos:
1. Establecer un plan para reubicar a los trabajadores
informales del Centro Cívico.
2. Desarrollar un programa para la recuperación de los
espacios públicos del Centro Cívico.
3. Diseñar un plan de seguridad para el Centro Cívico
de la ciudad de San Cristóbal.
Justificación y Alcance:
El presente proyecto pretende servir de herramienta para la recuperación
de los espacios públicos del Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal,
así como un aporte para la prevención
del delito y disminuir considerablemente los altos índices de inseguridad que
se están presentando en este sector del centro de la ciudad. Las cifras de
delitos cometidos evidencian la necesidad urgente de acometer esfuerzos
integrales a fin de recuperar la confianza y la tranquilidad en esta obra
emblemática e icono de la ciudad. La presente iniciativa de prevención situacional
del delito tiene por finalidad apoyar el trabajo del gobierno regional y
municipal en el desarrollo de la ciudad y por ende del estado Táchira.
Fundamentación Teórica
El tema de la inseguridad y sus consecuencias sociales, económicas y
culturales, ha sido objeto de numerosos estudios los cuales buscan describir
este fenómeno y recomendar soluciones reales e integrales que permitan
recuperar la confianza y tranquilidad de la ciudadanía. Para el presente
proyecto se analizaron las siguientes teorías, las cuales se consideraron
pertinentes e importantes para el reforzamiento del trabajo.
Prevención Situacional del Delito:
La prevención de la delincuencia, de la violencia y del temor al crimen,
está constituida por todas acciones orientadas a evitar que ocurra un hecho
delictivo o violento o que las personas sientan temor a la criminalidad, es
decir, pretende actuar sobre las causas del crimen, de la violencia y del temor
(Gobierno de Chile, 2004).
Esta actividad comprende asimismo medidas para abordar las causas
profundas y los factores de riesgo relacionados con la delincuencia y sus
victimas que, aunque lentamente, van demostrando tener mayor eficacia que la
represión, aún cuando sus efectos puedan evidenciarse más en el mediano plazo.
Incluso se puede llegar a afirmar que resultan más eficientes. Estudios del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en el año 2006, estiman que por cada dólar invertido
en prevención de delincuencia, se ahorrarían hasta seis dólares en gastos de
control, represión y atención de las consecuencias del delito.
En tanto el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2002)
plantea que “hay indicios claros de que las estrategias de prevención del
delito bien planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino
que también promueven la seguridad de las comunidad y contribuyen al desarrollo
sostenible de los países. Las políticas responsables y eficaces de prevención
del delito mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos y producen
beneficios a largo plazo al reducir los costos relacionados con el sistema
formal de justicia penal, así como otros costos sociales resultantes de la
delincuencia. La prevención del delito ofrece oportunidades para aplicar un
enfoque mas económico a los problemas de la delincuencia”.
Seguridad Ciudadana:
La seguridad ciudadana es hoy, sin lugar a dudas, el derecho más
sustancial que exigen los venezolanos, y para garantizar este derecho
fundamental, es vital la convivencia ciudadana como generadora de condiciones
para el pleno disfrute de los individuos como seres sociales. Sin embargo, este
estado ideal tiene en su contra a la violencia y la delincuencia, que bien
podrían ser erradicadas mediante la implantación de políticas de prevención,
control, rehabilitación/reinserción y de participación, en las que interactúen
los diferentes niveles de gobierno conjuntamente con entidades públicas,
privadas y la sociedad civil organizada.
“Entendida como un bien público, la seguridad
ciudadana se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas
de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica.
Concierne, en esencia, a la tutela efectiva de una parte del amplio espectro de
derechos humanos, especialmente, del derecho a la vida, a la integridad
personal y otros derechos inherentes al ámbito más personal”. PNUD (2011).
La seguridad ciudadana no debe ser vista
exclusivamente como una reducción de los índices de delincuencia, sino como el
resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral. Una
estrategia que debe incluir la mejora de la calidad de vida de la población, la
acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil
y eficaz, una educación que se base en valores, en respeto de la ley y la
tolerancia. Este enfoque tiene una serie de implicaciones sustanciales. Al
tener su centro en la noción de amenaza y, de manera implícita, en las de
vulnerabilidad y desprotección, la definición se aparta en algunos aspectos de
aquellas concepciones que definen la seguridad ciudadana puramente en función
de la criminalidad y el delito ya que enuncia explícitamente la dualidad
objetiva/subjetiva del concepto de seguridad ciudadana. Esto significa que el
problema de la inseguridad se puede dar tanto en contextos con altos niveles de
inseguridad registrada, así como en países donde los registros de inseguridad y
criminalidad sean más bajos, aunque la percepción de la misma sea muy elevada.
Espacios públicos:
En una revisión histórica del concepto de espacio público se reconoce a
Aristóteles como el responsable de iniciar el reconocimiento de éste, como ese
espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía para compartir sus
opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión, se vislumbraba así un
espacio público político, Padua, 1992. El concepto ha ido evolucionando, para Joseph, 1988, son aquellos
espacios donde se desarrolla una faceta de lo social que hace posible
observarnos a nosotros mismos como sociedad y cultura.
En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético que
incluye desde los andenes, donde la socialización es aparentemente simple,
hasta los escenarios que concuerdan con lo que Marc Augé, 1994, define como
"lugares": "lugar de la identidad (en el sentido de que
cierto número de individuos pueden reconocerse en él y definirse en virtud de
él), de relación (en el sentido de que cierto número de individuos,
siempre los mismos, pueden entender en él la relación que los une a los otros)
y de historia (en el sentido de que los ocupantes del lugar pueden
encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos,
el signo de una filiación.
RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO Y BONDADES DEL
PROYECTO
El rescate de los espacios públicos con los cuales cuenta la ciudad de San
Cristóbal has sido anhelo por parte de las comunidades organizadas y el
gobierno regional los cuales han impulsado una serie de programas tendientes a
mejorar el cuidado y mantenimiento de los espacios existentes, así como
visualizar la construcción de nuevas áreas que permitan el disfrute por parte
de la ciudadanía. Inculcar el sentido de pertenencia ha simbolizado una cruzada
del gobierno regional quien prioriza la calidad de vida de los tachirenses, el rescate de los valores y el respeto por la
vida de sus habitantes.
Este proyecto tiene grandes posibilidades de hacer aportes significativos
para reducir los altos índices de inseguridad en el Centro Cívico de la ciudad
de San Cristóbal y recuperar la confianza y tranquilidad de los ciudadanos que
hacen vida en este sector de la ciudad. La experiencia del programa “Barrio
Obrero Seguro” permite visualizar el cumplimiento del propósito del programa
así como desarrollar cultura ciudadana para el cuidado y preservación de los
espacios públicos del Centro Cívico.
Dicho trabajo será un esfuerzo en conjunto del Gobierno Regional, el Gobierno
Municipal, los consejos comunales del sector y la Cámara de Comercio lo que
demuestra la necesidad de asumir voluntades en pro de la solución de los
problemas públicos.
FORMULACIÓN DEL MODELO OPERATIVO O SISTEMA
PROPUESTO. COMPONENTES DEL PROYECTO.
Componente 1: Reubicar a
los trabajadores informales del Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal
ACTIVIDADES
|
RECURSOS
|
TIEMPOS
|
COSTOS
|
RESPONSABLES
|
Realizar censo de los trabajadores informales del
Centro Cívico y alrededores
|
Organizar equipos de promotores sociales
|
15 días
|
10.000,oo
|
Dirección de
Desarrollo Social (Alcaldía municipio San Cristóbal)
|
Coordinar con la Alcaldía para reubicarlos en los espacios
previstos
|
Habilitar espacios del Mercado Municipal y la Villa de los Buhoneros
|
30 días
|
85.000,oo Bs.
|
Dirección
de Desarrollo Social (Alcaldía) y CORPOINTA (Gobernación)
|
Realizar charlas de concientización con los
trabajadores informales a fin de lograr un traslado satisfactorio a su nuevo
espacio de trabajo
|
Convocatoria a los trabajadores informales del
sector.
Equipo multi- disciplinario (Psicólogos, Sociólogos,
trabajadores sociales, etc.)
|
20 días
|
10.000,oo Bs.
|
Dirección de
Desarrollo Social (Alcaldía)
|
Ejecución de un plan de mudanza de los
trabajadores informales
|
Vehículos de
carga y personal obrero
|
20 días
|
20.000,oo Bs.
|
Dirección de
Desarrollo Social (Alcaldía), CORPOINTA y Táchira Grande (Gobernación)
|
Componente 2: Ejecución del programa para la recuperación de los espacios públicos del
Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal
ACTIVIDADES
|
RECURSOS
|
TIEMPOS
|
COSTO
|
RESPONSABLE
|
Reuniones con el Consejo Comunal de la zona
|
Elaboración de agenda. Presentación de la
problemática
|
15 días
|
5.000,oo Bs.
|
Dirección de
Desarrollo Social (Alcaldía) y CORPOINTA (Gobernación)
|
Diseño de un plan con la Comunidad y Gobierno Regional para la recuperación
delos espacios públicos
|
Presentar programa de mantenimiento / ornamentación
|
30 días
|
12.000,oo Bs.
|
CORPOINTA,
Táchira Grande y Dirección de Desarrollo Social
|
Ejecución de los trabajos de recuperación de las
áreas verdes, estructuras y alumbrado del sector
|
Cuadrillas de trabajo, material para la reparación
de estructuras, bombillos, etc.
|
60 días
|
352.000,oo Bs.
|
CORPOINTA y
Táchira Grande (Gobernación)
|
Firma de un convenio de mantenimiento y cuidado
con la Alcaldía del municipio San Cristóbal y el Condominio del Centro Cívico
|
Elaborar y
registrar documento
|
20 días
|
3.500,oo Bs.
|
Alcaldía del
municipio San Cristóbal y Condominio del Centro Cívico
|
Componente 3: Diseño de un plan de seguridad para el Centro
Cívico de la ciudad de San Cristóbal
ACTIVIDADES
|
RECURSOS
|
TIEMPOS
|
COSTO
|
RESPONSABLE
|
Instalación de cámaras de seguridad en puntos
clave del Centro Cívico
|
16 cámaras de seguridad, centro de monitoreo.
|
60 días
|
250.000,oo Bs.
|
Cámara de
Comercio de San Cristóbal, Condominio Centro Cívico y Policía del estado
Táchira
|
Reforzamiento del control policial en las entradas
y salidas del Centro Cívico
|
Diez y seis (16) funcionarios por cada turno de
trabajo.
|
A partir de la fecha
de activación del proyecto
|
----------
|
Policía del
estado Táchira
|
Estudio de Seguridad para las instalaciones del
Centro Cívico
|
Dirección de
Inteligencia y Estrategias de POLITACHIRA
|
30 días
|
25.000,oo Bs.
|
Policía del
estado Táchira y Junta de Condominio del Centro Cívico
|
Marco Lógico
RESUMEN NARRATIVO
|
INDICADORES
|
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
|
RIESGOS
|
Propósito: Disminuir los índices de inseguridad
en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal
|
Reducir 30% durante el 1er semestre de ejecución del
proyecto
|
Estadísticas de la Policía del estado Táchira y
trabajo de campo con el Consejo Comunal y la Junta de Condominio del Centro
Cívico
|
Variables
externas o ajenas al problema
|
Componente 1: Reubicar a los trabajadores
informales del Centro Cívico
|
100% de los trabajadores informales no permisados
reubicados a las áreas previstas
|
Informes del Consejo Comunal, Junta de Condominio
del Centro Cívico y Policía del estado Táchira.
|
Diatribas
políticas que impidan, obstaculicen o retarden la reubicación
|
Componente 2: Ejecución del programa para la
recuperación de los espacios públicos del Centro Cívico
|
100% de las áreas con iluminación y en perfecto
estado de mantenimiento
|
Informes del Consejo Comunal, Junta de Condominio
del Centro Cívico, CORPOINTA y Táchira Grande
|
Retardo en
la aprobación del crédito adicional.
|
Componente 3: Diseño de un Plan de Seguridad para
el Centro Cívico
|
Disminución
de 30% de los delitos en el primer semestre de ejecución del plan
|
Estadísticas
de la Policía del estado Táchira e informe del Consejo Comunal
|
Variables
externas o ajenas al problema
|
PLAN DE EJECUCIÓN O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ENE
|
FEB
|
MAR
|
ABR
|
MAY
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SEP
|
OCT
|
NOV
|
DIC
|
|
Reubicación de los trabajadores informales
del Centro Cívico
|
||||||||||||
Programa de recuperación de los espacios
públicos del Centro Cívico
|
||||||||||||
Plan de Seguridad para el Centro Cívico
|
PRESUPUESTO
Componente
|
Aportes Gobernación
|
Aportes Alcaldía
|
Aportes Cámara de Comercio
|
Aportes Junta de Condominio
|
Total
|
Componente
1
|
75.000,oo
Bs.
|
50.000,oo
Bs.
|
125.000,oo Bs.
|
||
Componente
2
|
358.000,oo
Bs.
|
11.000,oo
Bs.
|
3.500,oo
Bs.
|
372.500,oo Bs.
|
|
Componente
3
|
50.000,oo
Bs.
|
200.000,oo
Bs.
|
25.000,oo
Bs.
|
275.000,oo Bs.
|
|
Total
|
483.000,oo
Bs.
|
61.000,oo
Bs.
|
200.000,oo
Bs.
|
28.500,oo
Bs.
|
772.500,oo Bs.
|
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alda, E. y Beliz, G. (2006) “¿Cuál
es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana. Banco
Interamericano de Desarrollo.
Briceño, L. Ávila, O. y Camardiel, A. (2012) “Violencia e Institucionalidad. Informe del Observatorio venezolano de
la Violencia 2012”. Editorial Alfa. Caracas, Venezuela.
Licha, I. (2004) “Imágenes del
futuro social de América Latina”. CENDES, Caracas, Venezuela.
“Seguridad Ciudadana y
políticas públicas en Venezuela”. Informe
del INCOSEC 2011.