Políticas de Prevención Situacional del Delito para reducir los altos índices de inseguridad en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira

Resumen: La modernización de las ciudades en Venezuela comenzó con la transformación física y la cimentación de grandes estructuras, la construcción de obras y edificaciones expusieron el empeño de los gobernantes en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El Centro Cívico en la ciudad de San Cristóbal estado Táchira, representa parte del esfuerzo de ingeniería y arquitectura de los años 80 y de la visión de un grupo de tachirenses en evolucionar y desarrollar urbanísticamente la ciudad. La realidad de este novedoso proyecto, dista mucho de las ideas de sus creadores, abandono de los espacios públicos, incremento incontrolado de la economía informal, micro tráfico de drogas, prostitución, robos, hurtos y extorsión, forman parte de la gran cantidad de delitos que se cometen a diario en este sector. La prevención situacional del delito busca transformar estos espacios públicos a fin de reducir las posibilidades de ser objeto de un delito y disminuir la percepción de inseguridad.

Palabras claves: Políticas públicas, prevención, inseguridad, espacio urbano

Abstrac: The modernization of cities in Venezuela began the physical transformation and the foundation of large structures, the construction of buildings and exposed the efforts of governments in improving the quality of life of citizens. The Civic Center in the city of San Cristobal Tachira, represents part of the engineering effort and architecture of the 80s and the vision of a group to evolve and develop tachirenses urbanistically town. The reality of this new project is far from the ideas of their creators, neglect of public spaces, uncontrolled growth of the informal economy, micro drug trafficking, prostitution, theft, robbery and extortion, are part of the many crimes being committed daily in this sector. Situational crime prevention seeks to transform these public spaces to reduce the chances of being victim of a crime and reduce the perception of insecurity

Keywords: Public policy, prevention, insecurity, urban space

Introducción

La modernización del casco central de la ciudad de San Cristóbal, como lo llamaron las autoridades municipales de la época, comenzó hace 26 años con la inauguración de las dos torres del Centro Cívico el 31 de marzo de 1986, todo esto enmarcado en la celebración de los 425 años de la fundación de la ciudad. Era la primera fase de un ambicioso proyecto arquitectónico previsto a ser desarrollado en nueve manzanas de la villa de Juan Maldonado, pero por la falta de recursos económicos y de voluntad política no permitieron el crecimiento del proyecto en su totalidad.

El 31 de marzo de 1986 la ciudad estuvo de fiesta. Centenares de sancristobalenses se reunieron en la Plaza Bolívar para presenciar el acto cultural programado por las autoridades, para luego recorrer las modernas instalaciones, acompañados por el ex presidente Carlos Andrés Pérez, a quien se le debe el inicio de la obra y aportar los recursos económicos necesarios para su construcción.

Los ciudadanos de la capital del estado subieron por primera vez a unas escaleras eléctricas, disfrutaron de la fuente de agua cristalina, que con su brisa refrescaba al peatón; caminaron por los amplios pasillos, observaron las modernas vitrinas de cristal de los locales comerciales ya instalados, y quienes tenían vehículo, utilizaron el primer estacionamiento subterráneo de San Cristóbal.

Aquella obra emblemática que marcó el final de la etapa de las casas viejas, de las calles de piedra, y el comienzo de una transformación urbana, de la ciudad moderna la cual se construyó en un plazo de 10 años, fue el comienzo de la remodelación del centro de San Cristóbal y el desarrollo urbano de la capital del estado.

La realidad actual del proyecto de desarrollo de la ciudad dista mucho de las ideas plasmadas por sus creadores. Abandono de los espacios públicos, incremento incontrolado de trabajadores informales, micro tráfico de drogas, robos, prostitución y extorsión entre otros, son parte de la vida de los residentes y comerciantes de la zona quienes con preocupación urgen de medidas que permitan recuperar la tranquilidad y el disfrute de los espacios públicos pensados  para el desarrollo del centro de la ciudad de San Cristóbal.

Imagen del Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal

 

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO                  

Nombre del proyecto	Políticas de prevención situacional del delito para reducir los hechos delictivos en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira
Objeto del proyecto	Reducir los índices delictivos en el Centro Cívico y sus alrededores
Organismos responsables del proyecto	Instituto Autónomo Policía del estado Táchira, Corporación de Infraestructuras del estado Táchira (CORPOINTA) , Fundación Táchira Grande, Dirección de Desarrollo Social (Alcaldía) y Junta de Condominio del Centro Cívico
Beneficiarios	345 propietarios de inmuebles en el sector y ciudadanía en general que hace uso de las instalaciones y Plaza Bolívar de la ciudad de san Cristóbal.
Lugar de ejecución	Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal
Duración del proyecto	9 meses
Coordinación de ejecución	CORPOINTA, Fundación Táchira Grande y POLITACHIRA
Costo del proyecto	772.500,oo Bs.

Planteamiento del Problema

La inseguridad, generada por la criminalidad y la violencia, constituye un grave problema que afecta el bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos. Ante este problema el Estado está obligado a evaluar permanentemente las políticas sobre seguridad ciudadana para garantizar los derechos consagrados en la Constitución y las leyes, lo cual implica un deber ineludible en su misión de proveer las herramientas necesarias para salvaguardar la vida y bienes de sus habitantes.

La violencia como expresión de la inseguridad es un fenómeno complejo y multifactorial, por lo tanto así de múltiple y complejo ha de ser también el análisis y las respuestas que deben darse para su prevención y control. La magnitud que ha adquirido este lamentable fenómeno en las últimas décadas, ha llevado a considerar los homicidios como un “problema de salud pública” y han obligado a involucrar diversos actores sociales que hasta los momentos no habían sido tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones integrales a este drama.

En América Latina, en las últimas décadas, la inseguridad y la violencia se han convertido en un problema estructural, tanto por su magnitud como por sus expresiones, haciendo imperativo su análisis dentro del contexto de las políticas públicas, lo cual pasa por examinar los diferentes factores asociados a este problema que inciden para que este flagelo social se mantenga y tome auge de una manera alarmante dentro de la sociedad, por lo tanto, constituye un tema prioritario debe ser incluido por los gobernantes en sus respectivas agendas.

De acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el 2010, países como El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela mantienen una tasa de asesinatos tres veces superior a la mundial de 26,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual los cataloga como los países de mayor violencia en Latinoamérica. La tendencia en el caso de Colombia es decreciente en el número de homicidios, mientras que en Venezuela la tasa tiende a crecer aún cuando no existe un conflicto bélico y se cuenta con una bonanza petrolera que permite, en teoría, sufragar un plan de inversión para nivelar el desequilibrio social que presenta. Esta paradoja nos lleva a reflexionar sobre la gravedad de la situación y del futuro que les espera a las generaciones venideras.

Otro aspecto a destacar es la tasa de homicidios jóvenes que para el 2010 representó en Venezuela el 64,2 por cada 100.000 habitantes de acuerdo a estudios del Observatorio Venezolano de la Violencia. Estas cifras no son nada deseable para un Estado que pregona estar en vías de desarrollo y que requiere de la preparación y capacitación de su fuerza joven para el logro de sus objetivos a largo plazo.

Los trabajos de investigación que se han realizado en Venezuela en los últimos años, señalan a la inseguridad personal como el mayor problema que afecta la calidad de vida del venezolano. Cuando se evalúan las políticas de seguridad el resultado es desalentador: según cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia para el 2011, en Venezuela se presentaron en promedio 67 homicidios por cada 100.000 habitantes (19.459 homicidios), noveno país en el ranking en cuanto al número de secuestros y un 52% de la droga incautada a nivel mundial provino de puertos o aeropuertos venezolanos, datos estos que reflejan la gravedad de una problemática que debe ser abordada desde todas las perspectivas de manera clara y contundente. Muchas de estas cifras sobre el problema de la inseguridad no son oficiales y son manejadas con discrecionalidad por las autoridades venezolanas ya que no muestran la verdadera situación que se vive en las calles y son entonces organizaciones civiles pro defensa de los derechos humanos las que han tomado la iniciativa de hacer seguimiento y de mantener informado al ciudadano de esta cruda realidad.

Compartir fronteras internacionales con otras naciones facilita que se realicen o se trasladen actividades delictivas desde el otro espacio geográfico del límite internacional con el propósito de evitar, evadir controles o la aplicación de la justicia en su país de origen. El cruce de la frontera con fines de evasión del castigo, es práctica común y solo se disminuye cuando existe coorperación entre los países vecinos y la responsabilidad del problema se acomete de manera compartida.

El estado Táchira ha sido tradicionalmente receptor de migrantes, desplazados, indocumentados colombianos por solo mencionar los casos de movimientos ilegales habituales. La alta movilidad humana ligada a las favorables condiciones económicas así como el escaso control gubernamental, entre otros, comenzó a menoscabar a mediados de los noventa, no solo la tranquilidad y la convivencia de los nativos venezolanos, sino también el funcionamiento integral, eficaz y oportuno de ambos países. Las consecuencias de este desamparo por parte del Estado y la ausencia de políticas públicas acertadas sirvieron de aliciente a los fenómenos actuales de ilegalidad y violencia en la entidad tachirense, donde subyace una fuerte connivencia de las autoridades con estructuras ilegales, una profunda corrupción y una cultura del dinero fácil.

Las cifras de decomiso de drogas por parte de la Guardia Nacional venezolana durante el primer semestre del 2012 (2.550 kilogramos) en diferentes operativos realizados a lo largo de la entidad tachirense, denota la amenaza que representa el tráfico de drogas y de las consecuencias como elemento que fomenta la violencia en la región. Tan solo en el año 2011 se presentaron ochocientos treinta y dos (832) hechos violentos de acuerdo al Observatorio Social de la Universidad Católica del Táchira, de los cuales el 53,51% correspondieron a homicidios. Para el Instituto de Investigación de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC), el estado Táchira es la octava entidad federal más violenta del país en cuanto a los casos de homicidios, fundamentando estas aseveración en cifras extra-oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para ese período.

De igual forma, según datos suministrados por la Policía del estado Táchira hasta el primer semestre del 2012, los hechos violentos de Sicariato mantienen un ritmo de crecimiento alarmante en comparación al 2011 y 2010. (Ver tabla 1). De igual forma hechos delictivos como el secuestro, violaciones, hurtos y robos mantienen una frecuencia preocupante que requiere acciones a fin de reducir su periodicidad.

 

 Tabla 1: Cifras de la Policía del estado Táchira

San Cristóbal como ciudad capital aglomera el 25,50% de la población total del estado Táchira, con aproximadamente 282.164 habitantes según el censo del 2011. A estas cifras hay que sumar la gran cantidad de ciudadanos que habitan en otros municipios que conforman el área metropolitana pero que hacen vida laboral en la urbe de San Cristóbal.

En cuanto a las áreas problemáticas que presenta la ciudad para planificar sus políticas de seguridad, el centro de la ciudad, especialmente el Centro Cívico, juega un papel primordial debido a la gran aglomeración de comerciantes y ciudadanos que transitan por estos espacios. De acuerdo a datos de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal para el año 2010, más de trescientos veinte (320) locales de comercio informal están establecidos en el Centro Cívico y sus alrededores sin ningún tipo de control y permiso por parte de este ente.

Dentro de las herramientas para el diseño e implementación de políticas públicas eficientes y eficaces en la disminución de la delincuencia, en este caso como objetivo el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal, está el diagnóstico local de seguridad ciudadana el cual se realizó aplicando metodologías cuantitativas y cualitativas.

En cuanto al diagnostico cuantitativo, este consistió en la recopilación de información necesaria para la investigación tales como: Estadísticas y casuísticas de la densidad delictual, estadísticas de personas detenidas en el sector, estadísticas de aprehensiones de niños, niñas y adolescentes, censo de la economía informal, censo del condominio, estadísticas de personas detenidas por consumo de sustancias estupefacientes y alcohólicas y demografía de locales comerciales y empresariales.

Gráfico 2: Delitos cometidos en el sector del Centro Cívico

 

Fuente: Policía del estado Táchira

 Una vez obtenida esta información, se procedió a la aplicación de entrevistas semi estructuradas a los actores sociales claves, permitiendo complementar y contextualizar la información estadística al incluir la percepción de la comunidad y sus necesidades en el ámbito de la seguridad ciudadana en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal.

Uno de los mayores problemas detectados durante el diagnóstico el cual fue confirmado por los entrevistados quienes afirman que el problema del micro tráfico y consumo de drogas se ha agudizado en el sector. Dichos delitos se ven influenciados por diversos factores de riesgo tales como el crecimiento poblacional sin un consecuente aumento de la infraestructura y cobertura de los servicios básicos, incidiendo en altos índices de inactividad, desempleo, baja cobertura educativa y aumento del hacinamiento de la economía informal, se destacó una importante condición de riesgo social y delictual en los jóvenes.

Otros delitos expresados en las estadísticas y reforzados por las entrevistas son el robo (arrebatón), el hurto y lesiones menores, muchos de estos cometidos con facilidad debido a la aglomeración de locales informales y personas, lo cual dificulta de igual manera la acción policial y de control por parte de la comunidad. De acuerdo a las entrevistas efectuadas a los comerciantes y Consejo Comunal del sector, muchas personas no denuncian los hechos por temor a represalias por parte de los delincuentes o por evitar los trámites ante las autoridades.

En virtud de lo anteriormente expuesto se puede considerar que la caracterización delictual en este sector es urbana y por lo mismo su incremento debe ser entendido como efecto de la agudización de problemáticas urbanas como las señalas. Aunado a este aspecto hay que resaltar la falta de espacios públicos para la integración de la comunidad y la falta de iluminación en el área y estacionamiento del Centro Cívico. Hay que resaltar que en los espacios de esta estructura está edificada la Plaza Bolívar de la ciudad de San Cristóbal se encuentra deterioradas y abandonadas sin que los entes competentes tomen las medidas respectivas.

El gobierno regional a través de la Policía del estado Táchira inició a mediados del 2011 en el sector de Barrio Obrero, un plan piloto de seguridad denominado “Barrio Obrero Seguro” el cual a través de la instalación de cámaras de seguridad y el patrullaje constante en el sector, ha logrado disminuir considerablemente delitos tales como el robo de vehículos, hurto a transeúntes y locales comerciales entre otros. Este proyecto ha sido diseñado en conjunto con el gremio de comerciantes de la zona, razón por la cual sus resultados y diseño permiten visualizar su implementación en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal.

Objetivo General:

Diseñar políticas de prevención situacional del delito para reducir los altos índice de inseguridad en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal.

Objetivos específicos:

1.       Establecer un plan para reubicar a los trabajadores informales del Centro Cívico.

2.       Desarrollar un programa para la recuperación de los espacios públicos del Centro Cívico.

3.       Diseñar un plan de seguridad para el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal.

Justificación y Alcance:

            El presente proyecto pretende servir de herramienta para la recuperación de los espacios públicos del Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal, así  como un aporte para la prevención del delito y disminuir considerablemente los altos índices de inseguridad que se están presentando en este sector del centro de la ciudad. Las cifras de delitos cometidos evidencian la necesidad urgente de acometer esfuerzos integrales a fin de recuperar la confianza y la tranquilidad en esta obra emblemática e icono de la ciudad. La presente iniciativa de prevención situacional del delito tiene por finalidad apoyar el trabajo del gobierno regional y municipal en el desarrollo de la ciudad y por ende del estado Táchira.

 

Fundamentación Teórica

El tema de la inseguridad y sus consecuencias sociales, económicas y culturales, ha sido objeto de numerosos estudios los cuales buscan describir este fenómeno y recomendar soluciones reales e integrales que permitan recuperar la confianza y tranquilidad de la ciudadanía. Para el presente proyecto se analizaron las siguientes teorías, las cuales se consideraron pertinentes e importantes para el reforzamiento del trabajo.

Prevención Situacional del Delito: 

La prevención de la delincuencia, de la violencia y del temor al crimen, está constituida por todas acciones orientadas a evitar que ocurra un hecho delictivo o violento o que las personas sientan temor a la criminalidad, es decir, pretende actuar sobre las causas del crimen, de la violencia y del temor (Gobierno de Chile, 2004).

Esta actividad comprende asimismo medidas para abordar las causas profundas y los factores de riesgo relacionados con la delincuencia y sus victimas que, aunque lentamente, van demostrando tener mayor eficacia que la represión, aún cuando sus efectos puedan evidenciarse más en el mediano plazo. Incluso se puede llegar a afirmar que resultan más eficientes.  Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2006, estiman que por cada dólar invertido en prevención de delincuencia, se ahorrarían hasta seis dólares en gastos de control, represión y atención de las consecuencias del delito.

En tanto el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2002) plantea que “hay indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino que también promueven la seguridad de las comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los países. Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos y producen beneficios a largo plazo al reducir los costos relacionados con el sistema formal de justicia penal, así como otros costos sociales resultantes de la delincuencia. La prevención del delito ofrece oportunidades para aplicar un enfoque mas económico a los problemas de la delincuencia”.

Seguridad Ciudadana: 

La seguridad ciudadana es hoy, sin lugar a dudas, el derecho más sustancial que exigen los venezolanos, y para garantizar este derecho fundamental, es vital la convivencia ciudadana como generadora de condiciones para el pleno disfrute de los individuos como seres sociales. Sin embargo, este estado ideal tiene en su contra a la violencia y la delincuencia, que bien podrían ser erradicadas mediante la implantación de políticas de prevención, control, rehabilitación/reinserción y de participación, en las que interactúen los diferentes niveles de gobierno conjuntamente con entidades públicas, privadas y la sociedad civil organizada.

“Entendida como un bien público, la seguridad ciudadana se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica. Concierne, en esencia, a la tutela efectiva de una parte del amplio espectro de derechos humanos, especialmente, del derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos inherentes al ámbito más personal”. PNUD (2011).

La seguridad ciudadana no debe ser vista exclusivamente como una reducción de los índices de delincuencia, sino como el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral. Una estrategia que debe incluir la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores, en respeto de la ley y la tolerancia. Este enfoque tiene una serie de implicaciones sustanciales. Al tener su centro en la noción de amenaza y, de manera implícita, en las de vulnerabilidad y desprotección, la definición se aparta en algunos aspectos de aquellas concepciones que definen la seguridad ciudadana puramente en función de la criminalidad y el delito ya que enuncia explícitamente la dualidad objetiva/subjetiva del concepto de seguridad ciudadana. Esto significa que el problema de la inseguridad se puede dar tanto en contextos con altos niveles de inseguridad registrada, así como en países donde los registros de inseguridad y criminalidad sean más bajos, aunque la percepción de la misma sea muy elevada.

Espacios públicos:  

En una revisión histórica del concepto de espacio público se reconoce a Aristóteles como el responsable de iniciar el reconocimiento de éste, como ese espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía para compartir sus opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión, se vislumbraba así un espacio público político, Padua, 1992. El concepto ha ido evolucionando, para Joseph, 1988, son aquellos espacios donde se desarrolla una faceta de lo social que hace posible observarnos a nosotros mismos como sociedad y cultura.

En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye desde los andenes, donde la socialización es aparentemente simple, hasta los escenarios que concuerdan con lo que Marc Augé, 1994, define como "lugares": "lugar de la identidad (en el sentido de que cierto número de individuos pueden reconocerse en él y definirse en virtud de él), de relación (en el sentido de que cierto número de individuos, siempre los mismos, pueden entender en él la relación que los une a los otros) y de historia (en el sentido de que los ocupantes del lugar pueden encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos, el signo de una filiación.

RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO Y BONDADES DEL PROYECTO

El rescate de los espacios públicos con los cuales cuenta la ciudad de San Cristóbal has sido anhelo por parte de las comunidades organizadas y el gobierno regional los cuales han impulsado una serie de programas tendientes a mejorar el cuidado y mantenimiento de los espacios existentes, así como visualizar la construcción de nuevas áreas que permitan el disfrute por parte de la ciudadanía. Inculcar el sentido de pertenencia ha simbolizado una cruzada del gobierno regional quien prioriza la calidad de vida de los tachirenses,  el rescate de los valores y el respeto por la vida de sus habitantes.

Este proyecto tiene grandes posibilidades de hacer aportes significativos para reducir los altos índices de inseguridad en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal y recuperar la confianza y tranquilidad de los ciudadanos que hacen vida en este sector de la ciudad. La experiencia del programa “Barrio Obrero Seguro” permite visualizar el cumplimiento del propósito del programa así como desarrollar cultura ciudadana para el cuidado y preservación de los espacios públicos del Centro Cívico.

Dicho trabajo será un esfuerzo en conjunto del Gobierno Regional, el Gobierno Municipal, los consejos comunales del sector y la Cámara de Comercio lo que demuestra la necesidad de asumir voluntades en pro de la solución de los problemas públicos.

FORMULACIÓN DEL MODELO OPERATIVO O SISTEMA PROPUESTO. COMPONENTES DEL PROYECTO.

Componente 1: Reubicar a los trabajadores informales del Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal 

ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPOS	COSTOS	RESPONSABLES
Realizar censo de los trabajadores informales del Centro Cívico y alrededores	Organizar equipos de promotores sociales	15 días	10.000,oo	Dirección de Desarrollo Social (Alcaldía municipio San Cristóbal)
Coordinar con  la Alcaldía para reubicarlos en los espacios previstos	Habilitar espacios del Mercado Municipal  y la Villa de los Buhoneros	30 días	85.000,oo Bs.	Dirección de Desarrollo Social (Alcaldía) y CORPOINTA (Gobernación)
Realizar charlas de concientización con los trabajadores informales a fin de lograr un traslado satisfactorio a su nuevo espacio de trabajo	Convocatoria a los trabajadores informales del sector. Equipo multi- disciplinario (Psicólogos, Sociólogos, trabajadores sociales, etc.)	20 días	10.000,oo Bs.	Dirección de Desarrollo Social (Alcaldía)
Ejecución de un plan de mudanza de los trabajadores informales	Vehículos de carga y personal obrero	20 días	20.000,oo Bs.	Dirección de Desarrollo Social (Alcaldía), CORPOINTA y Táchira Grande (Gobernación)

Componente 2: Ejecución del programa para la recuperación de los espacios públicos del Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal 

ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPOS	COSTO	RESPONSABLE
Reuniones con el Consejo Comunal de la zona	Elaboración de agenda. Presentación de la problemática	15 días	5.000,oo Bs.	Dirección de Desarrollo Social (Alcaldía) y CORPOINTA (Gobernación)
Diseño de un plan con la Comunidad  y Gobierno Regional para la recuperación delos espacios públicos	Presentar programa de mantenimiento / ornamentación	30 días	12.000,oo Bs.	CORPOINTA, Táchira Grande y Dirección de Desarrollo Social
Ejecución de los trabajos de recuperación de las áreas verdes, estructuras y alumbrado del sector	Cuadrillas de trabajo, material para la reparación de estructuras, bombillos, etc.	60 días	352.000,oo Bs.	CORPOINTA y Táchira Grande (Gobernación)
Firma de un convenio de mantenimiento y cuidado con la Alcaldía del municipio San Cristóbal y el Condominio del Centro Cívico	Elaborar y registrar documento	20 días	3.500,oo Bs.	Alcaldía del municipio San Cristóbal y Condominio del Centro Cívico

Componente 3: Diseño de un plan de seguridad para el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal

ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPOS	COSTO	RESPONSABLE
Instalación de cámaras de seguridad en puntos clave del Centro Cívico	16 cámaras de seguridad, centro de monitoreo.	60 días	250.000,oo Bs.	Cámara de Comercio de San Cristóbal, Condominio Centro Cívico y Policía del estado Táchira
Reforzamiento del control policial en las entradas y salidas del Centro Cívico	Diez y seis (16) funcionarios por cada turno de trabajo.	A partir de la fecha de activación del proyecto	----------	Policía del estado Táchira
Estudio de Seguridad para las instalaciones del Centro Cívico	Dirección de Inteligencia y Estrategias de POLITACHIRA	30 días	25.000,oo Bs.	Policía del estado Táchira y Junta de Condominio del Centro Cívico

Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RIESGOS
Propósito: Disminuir los índices de inseguridad en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal	Reducir 30% durante el 1er semestre de ejecución del proyecto	Estadísticas de la Policía del estado Táchira y trabajo de campo con el Consejo Comunal y la Junta de Condominio del Centro Cívico	Variables externas o ajenas al problema
Componente 1: Reubicar a los trabajadores informales del Centro Cívico	100% de los trabajadores informales no permisados reubicados a las áreas previstas	Informes del Consejo Comunal, Junta de Condominio del Centro Cívico y Policía del estado Táchira.	Diatribas políticas que impidan, obstaculicen o retarden la reubicación
Componente 2: Ejecución del programa para la recuperación de los espacios públicos del Centro Cívico	100% de las áreas con iluminación y en perfecto estado de mantenimiento	Informes del Consejo Comunal, Junta de Condominio del Centro Cívico, CORPOINTA y Táchira Grande	Retardo en la aprobación del crédito adicional.
Componente 3: Diseño de un Plan de Seguridad para el Centro Cívico	Disminución de 30% de los delitos en el primer semestre de ejecución del plan	Estadísticas de la Policía del estado Táchira e informe del Consejo Comunal	Variables externas o ajenas al problema

PLAN DE EJECUCIÓN O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Reubicación de los trabajadores informales del Centro Cívico

Programa de recuperación de los espacios públicos del Centro Cívico

Plan de Seguridad para el Centro Cívico

PRESUPUESTO

Componente	Aportes Gobernación	Aportes Alcaldía	Aportes Cámara de Comercio	Aportes Junta de Condominio	Total
Componente 1	75.000,oo Bs.	50.000,oo Bs.			125.000,oo Bs.
Componente 2	358.000,oo Bs.	11.000,oo Bs.		3.500,oo Bs.	372.500,oo Bs.
Componente 3	50.000,oo Bs.		200.000,oo Bs.	25.000,oo Bs.	275.000,oo Bs.
Total	483.000,oo Bs.	61.000,oo Bs.	200.000,oo Bs.	28.500,oo Bs.	772.500,oo Bs.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alda, E. y Beliz, G. (2006) “¿Cuál es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana. Banco Interamericano de Desarrollo. 

Briceño, L. Ávila, O. y Camardiel, A. (2012) “Violencia e Institucionalidad. Informe del Observatorio venezolano de la Violencia 2012”. Editorial Alfa. Caracas, Venezuela.

Licha, I. (2004) “Imágenes del futuro social de América Latina”. CENDES, Caracas, Venezuela.

“Seguridad Ciudadana y políticas públicas en Venezuela”. Informe del INCOSEC 2011.