Resumen: El buen funcionamiento de
las democracias en el mundo depende en gran medida de la libre circulación de
información, es por ello que las naciones reconocen esta realidad y despliegan
normativas y herramientas que permitan impulsar dicha información como un
mecanismo de rendición de cuentas para favorecer una mayor participación de los
ciudadanos, prevenir el mal uso de los recursos
públicos y cumplir con el principio de transparencia en la gestión del Estado.
En este contexto surge el control social como una figura para favorecer la
revisión y buen uso de los fondos públicos. Así mismo un gobierno transparente permite a sus ciudadanos estar
al tanto de los resultados de su gestión, brindándoles la oportunidad de evaluarlos
e involucrarse en el diseño de sus políticas públicas, lo cual genera confianza
y consolida su legitimidad ante la sociedad.
Palabras
claves: Información, transparencia, políticas públicas, participación
ciudadana, control social.
Abstract: The
proper functioning of democracies in the world depends largely on the free flow
of information, which is why nations recognize this reality and deploy
standards and tools to promote this information as an accountability mechanism
to encourage greater participation of citizens, prevent the misuse of public
resources and comply with the principle of transparency in the management of
the State. In this context social control emerges as a figure to facilitate the
review and good use of public funds. Likewise transparent government allows
citizens to be aware of the results of his administration, providing them the
opportunity to evaluate and engage in public policy design, which builds trust
and strengthens its legitimacy in society.
Keywords: Information, transparency, public policy, citizen
participation, social control.
Introducción:
El estudio de las políticas
públicas ha trascendido más allá de la simple solución de problemas públicos.
El desarrollo humano e industrial, sumado al tecnológico, ha impulsado un nuevo
esquema para el avance de las políticas que deben implementar los gobiernos en
su misión de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Estos gobiernos
tienen un reto enorme ya que no es posible solucionar la vasta cantidad de
problemas ni complacer a todos los actores sociales debido a la complejidad y
amplitud de dichos problemas.
La insatisfacción creciente de los
ciudadanos ante la incapacidad del Estado, sumado al sentimiento de indefensión
de la población frente a un aparato burocrático renuente a rendir cuentas, ha
propiciado una serie de cambios que han conllevado a un acercamiento entre los
gobernantes y sus gobernados a través del diseño de una relación Estado –
Sociedad que se adapta a las realidades y necesidades. La consolidación y
profundización de los procesos democráticos, la descentralización y la
redefinición del papel del Estado en materia del diseño e implementación de las
políticas públicas, ha contribuido a mejorar la confianza de los ciudadanos en
sus instituciones y a legitimar sus autoridades.
La promoción de la participación
ciudadana va más allá de un simple enunciado constitucional o normativo, pues
debe propiciar la creación de mecanismos que permitan al ciudadano o comunidad
organizada involucrarse efectivamente en la solución de sus problemas, ello requiere
el desarrollo de herramientas prácticas y sencillas que coadyuven a que esta
participación pase de un plano aparente a un plano real, y así los actores se
sientan plenamente identificados con las instituciones y gobiernos responsables
de la coordinación del proceso mediante el cual la sociedad adquirirá un rol
protagónico en la construcción de ciudadanía y la consolidación de la
transparencia.
El principio de transparencia en la
gestión pública busca frenar el avance de la corrupción, la cual representa un
flagelo social que desgasta la capacidad del Estado para solventar las
necesidades de sus habitantes y contribuye a generar desconfianza e inercia al
quebrantar la voluntad de los ciudadanos para participar de manera positiva en
la transformación de la relación Estado – Sociedad.
El reto para el Estado consiste en
continuar con la transformación de sus instituciones para convertirlas en
componentes más efectivos a la hora de asumir su responsabilidad en la solución
de los problemas públicos y en acoplarse a las realidades y exigencias
actuales. La sociedad también tiene el deber de exigir mayor compromiso de su
gobierno, mayor eficacia y eficiencia de sus instituciones, pero a la vez está
obligada a asumir su co-responsabilidad a través del impulso de la
participación ciudadana como mecanismo que le permita ser participe en la
búsqueda de soluciones.
La Transparencia como principio en la
gestión pública
El buen funcionamiento de las democracias en el mundo
globalizado depende en gran medida de la libre circulación de información, por
eso las naciones desarrolladas del mundo reconocen esta realidad y despliegan
normativas y mecanismos que permitan alcanzar su fin. La
información, tanto aquella en poder del Estado como la que atañe a empresas
privadas que suministran servicios públicos, impulsa una mejor rendición de
cuentas y favorece una mayor participación de los ciudadanos en la vida
pública, además resulta una herramienta crítica en la lucha contra la
corrupción y la malversación de los fondos públicos al permitir a los
ciudadanos conocer el uso de los recursos. De igual forma hay que resaltar que
las leyes de acceso a la información pueden a su vez contribuir a mejorar la
vida de los ciudadanos, ya que les habilitan para conocer sobre temas de salud
pública, educación, vivienda y otros servicios públicos necesarios para el
bienestar de la sociedad.
El
Informe del Banco Mundial del 2010 establece con respecto a los países en desarrollo:
El Estado es un mundo en constante transformación
donde se hace necesaria la implementación de innovaciones en los diferentes
poderes públicos sobre la base de una doble estrategia: en una primera
instancia una estrategia de acomodo de las funciones del Estado a su capacidad
efectiva, con el objeto de concentrar sus capacidades en las funciones que
puede y debe realizar, dejando a un lado otros objetivos que, en otro caso, no
puede realizar satisfactoriamente y que suponen una dispersión de recursos y,
en una segunda instancia, una estrategia de reforzamiento del Estado, mediante
la revitalización de las instituciones públicas a través del diseño de reglas y
controles efectivos que sirvan para combatir la corrupción generalizada y
también para someter a las instituciones del gobierno a una mayor competencia
que las obligue a mejorar su desempeño. Entra en juego el principio de
transparencia como mecanismo para que los gobiernos sean más responsables frente a las necesidades de los ciudadanos a
través del incremento de la participación y la descentralización. (p. 16).
Como
se refleja en el informe, la transparencia en una pieza clave como incentivo
para mejorar el desenvolvimiento de la gestión pública y por ende de las
funciones del Estado. Mejores normas y controles más eficaces, mayor
competencia inter e intragubernamental y
más extensa y comprometida participación ciudadana, permitirán mejorar su
capacidad para cumplir sus funciones y renovar su legitimidad para con la
sociedad.
Así
mismo, los funcionarios públicos deben comprender que ellos están al mismo
nivel que el resto de los ciudadanos y que al asumir un cargo estarán sometidos
al escrutinio público y la constante supervisión ya que administran los
impuestos. De esta forma deben contribuir a la consolidación de sistemas que
permitan transformar las normas y prácticas de transparencia en pro de una
gestión medible y un uso adecuado de los recursos financieros.
Al
respecto Bautista (2001) señala que “estos funcionarios públicos deben tener la
vocación de servicio que les permita desarrollar la paciencia, la constancia,
la coherencia, el ánimo para continuar, a pesar de las dificultades del
diálogo, en una sociedad que no está acostumbrada ni educada en el diálogo”. El funcionario está en el deber de
constituirse en un líder responsable que apoye las dinámicas de información y
de transparencia como elementos fundamentales para una buena administración
pública.
El origen de la transparencia
como principio en la gestión pública se remonta al año 1994 en el Reino Unido
cuando el Primer Ministro Jhon Major estableció el comité que debería estudiar
y analizar la creación de los estándares de la vida pública. Las razones que motivaron
la formación de este comité vienen a raíz de escándalos económicos y políticos
en los cuales se encontraban involucrados funcionarios del gobierno. Este
Comité examinaría las pautas de la conducta ética que deberían poseer las
personas nombradas para un cargo público y hacer las recomendaciones necesarias
para asegurar los más altos patrones de conducta pública. Dicho Comité también
recibió la denominación de Comité Nolan en honor a su presidente: Lord Patrick
Nolan.
Seis meses después de su
creación, el Comité Nolan presentó y publicó en mayo de 1995 un documento
trascendente referido a las Normas de Conducta en la Vida Pública. Este
instrumento contiene un Código Ético basado en siete principios básicos
1.
Desinterés
2.
Integridad
3.
Objetividad
4.
Responsabilidad
6.
Humildad
7.
Liderazgo
En cuanto a la transparencia,
este código de ética establece para los funcionarios que ocupan cargos públicos como
premisa, el deber de obrar de la forma más abierta posible, tanto en las
decisiones que tomen y en las acciones que realicen. De esta manera justificar
sus decisiones y limitar la información sólo en el caso de que esto sea lo más
necesario para el interés público.
No obstante, la inserción de la transparencia como un
principio en la gestión pública no es un argumento fácil y rápido de aplicar.
La transparencia no se implementa por si misma, deben existir condiciones y
voluntad política para que se desarrollen los mecanismos prácticos que hagan
realidad esta norma. Según Schedler (2004) las medidas a tomar para el
desarrollo de la transparencia deben incluir tres niveles: provisión de la
información que debe de tener el público sobre los actos del gobierno y sobre
los partidos políticos en general (por ejemplo sobre su financiamiento),
justificación de las decisiones tomadas de ellos y de los servidores públicos
(por ejemplo sobre gestión en las distintas áreas); y finalmente sanciones a
los funcionarios en caso de mala conducta.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la transparencia
entra a jugar un papel primordial en la gestión pública y en los nuevos procesos
gerenciales. El aumento de las necesidades en la sociedad, mayores problemas
por atender y la presencia de un presupuesto no acorde o deficitario para su
atención, exigen una mayor efectividad en la solución de estos problemas y de
una mayor interacción Estado-Sociedad que permita el desarrollo de mecanismos e
instrumentos de transparencia y legitimización de la gobernabilidad
democrática.
La Transparencia
como herramienta de control social
Para que un gobierno sea efectivo es necesario
revisar las instituciones y procesos que determinan cómo se ejerce el poder, cómo
los ciudadanos tienen participación en los asuntos públicos y si las decisiones
corresponden a un interés general y no a un particular. Tales premisas hacen
imperante que existan las instituciones dentro de un marco democrático, que
propicien y resalten sus virtudes a través de principios de transparencia,
rendición de cuentas y participación.
La administración pública en los actuales
momentos de globalización enfrenta una serie de retos para lograr que los
gobiernos sean mas competitivos en un marco regulatorio de eficiencia, de forma
tal que les permita reducir la carga que se genera a través de un exceso
normativo y de trámites burocráticos. De igual forma mantener su legitimidad le
impone la necesidad de crear, transformar y adecuar sus estructuras y
procedimientos a las nuevas realidades y exigencias de la sociedad moderna.
En este sentido la información de las entidades
públicas debe estar claramente definida en su contenido y alcance para poder
estandarizar su diseño y procesamiento, lo cual evitaría que dichas entidades
estén sometidas a demandas de información cuya atención sea impracticable, salgan
del marco de lo razonable o que requieran de procesos muy costosos para
satisfacer demandas aisladas y poco significativas desde la perspectiva
ciudadana. Por lo tanto, se hace imperativo que los principios de eficiencia y
eficacia se hagan cada vez más imprescindibles en los programas, proyectos y
gestión de los gobiernos a fin de evitar que las ineficiencias causadas se
trasladen en costos innecesarios a los ciudadanos.
Con el fin de prevenir el mal uso de los
recursos públicos y cumplir con el principio de transparencia en la gestión
pública, surge el control social como una figura de participación ciudadana en
la revisión y buen uso de los recursos públicos. Por control social Tamayo
(2006) define “el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a
mantener el orden establecido en las sociedades. El control social aparece en
todas las sociedades como un medio de fortalecimiento y supervivencia del
grupo” (p. 32). Este control se puede vislumbrar a través de la imposición de
normas, leyes y conductas que tienen que ser internalizadas por los miembros de
una sociedad, en este caso los gobiernos deben asumir las normas como un deber
con la sociedad que los eligió y les brindó la confianza para llevar los
asuntos públicos y resolver las diferentes problemáticas sociales.
Una de las condiciones para que se establezca
el control social es la disponibilidad de información sobre los asuntos
públicos. La información ha sido considerada como un bien público que tiene por
finalidad enfrentar las desigualdades sociales, legitimar a los gobiernos,
apuntalar la gobernabilidad y fortalecer el principio de transparencia. De
acuerdo a lo expresado por Fuenmayor (2004) este
afirma que:
El derecho a la información del ciudadano tiene
una connotación trascendental cuando el objeto de dicha información son los
asuntos públicos del Estado, que en esencia tiene una incidencia inmediata en
dichos ciudadanos. En la medida que los asuntos públicos se resuelven en beneficio
de las mayorías, en esa medida los gobernantes estarán cumpliendo de manera
correcta el mandato popular. En tal sentido la mejor forma de auditar a los
gobernantes de manera permanente su gestión pública es a través del libre
acceso a la información pública, ello obliga a admitir como premisa
fundamental, que cada ciudadano es propietario de una cuota del patrimonio
público. (p. 16).
Estas normas de
comportamiento social o de control de los asuntos públicos buscan en buena
medida combatir la corrupción, uno de los flagelos más peligrosos en el
desempeño de la función pública y que deslegitima a quienes cumplen ese rol. La corrupción como
fenómeno social, que implica el mal uso del poder para lograr un beneficio
personal, ha sido objeto de estudios y análisis a lo largo de los últimos años
en especial en los países en desarrollo los cuales cuentan con estructuras
políticas y organizacionales que permiten la facilidad y fluidez que estos
hechos ocurran, muchas veces sin el conocimiento de la sociedad.
De acuerdo a lo expresado por Andargoña (2006) se afirma
que:
La corrupción es un
grave problema económico, social, político y moral, especialmente en muchos
países emergentes, que afecta de manera especial a las empresas, sobre todo en
las transacciones internacionales, tanto comerciales como financieras o
tecnológicas. Sus efectos en la desligitimización de las democracias, atenta
contra el buen uso de los escasos recursos públicos disponibles para la
solución de numerosas necesidades sociales. (p. 15).
El 31 de Octubre del 2003 se produce en la ciudad
de Nueva York (EEUU) la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
la cual tiene por finalidad la lucha y la prevención en contra del fenómeno de
la corrupción. Este instrumento jurídico internacional pretende ser una
herramienta amplia, comprensiva y efectiva para que los países integrantes de
esta asociación puedan desarrollar planes y programas que les permitan
enfrentar las diferentes modalidades y prácticas de la corrupción. Dicha
iniciativa destaca la importancia de llevar a cabo actividades que permitan
recuperar la confianza y pulcritud en el manejo de los fondos públicos.
Para el 29 de marzo de 1996 se adopta en la
ciudad de Caracas, Venezuela, la Convención Interamericana contra la Corrupción,
el cual se destaca como el instrumento jurídico de carácter internacional de
más años de data en la lucha contra la corrupción. La misma cuenta con un
componente denominado Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (MESICIC) el cual tiene por objeto darle cumplimiento a
los compromisos adquiridos por los estados que hacen parte de la Convención y
analizar cómo están siendo puestos en práctica. Este mecanismo emite informes
de evaluación para cada país que haya firmado el acuerdo.
El interés puesto
de manifiesto por los Estados en la firma de convenios de cooperación en la
lucha contra la corrupción, denota la importancia que se le brinda al combate
de este flagelo social. Las
continuas prácticas desleales que buscan sustraer fondos públicos a pesar de
los controles impuestos por los gobiernos, ponen en entredicho la capacidad de
las autoridades para enfrentar las nuevas e innovadoras formas de corrupción.
El acceso a la información por parte
de los ciudadanos es una acción de poco costo para los gobiernos y que además
brinda una sensación de seguridad y confiabilidad en las acciones gubernamentales.
A medida que los países implementan normativas para el acceso a la información
se vuelve mas claro que esta juega un papel primordial como elemento de la
libertad de expresión. La desigualdad en el acceso a la información es
destacada por Sen citado por Acevedo (2006) como una forma de pobreza: “Sin
conocimiento uno no puede actuar y sin
información es casi imposible exhortar a la inclusión y la igualdad. Por lo
tanto, el acceso a la información es un derecho propositivo que sirve a nuestro
anhelo común de la igualdad social, política y económica”. Se trata entonces de
un derecho socioeconómico, muy similar al derecho a la vivienda, la educación y
la atención a la salud, el cual sirve para frenar la continuada discriminación,
desigualdad y la corrupción.
La aparición de organizaciones,
redes o agencias que promuevan y vigilen el cumplimiento de este precepto es
necesario para la consecución de este objetivo, no basta tan solo con la
presión de una sociedad que reclama mas rendición de cuenta y transparencia en
los asuntos públicos. Las auditorías externas, comisiones reguladoras y agencias
anti-corrupción por citar algunas, son primordiales en una sociedad democrática
para el resguardo de sus intereses y derechos.
De igual forma el acceso a la
información, la consulta, y la participación activa de la sociedad en la
elaboración de las políticas favorece la transparencia y permite legitimar la
gobernabilidad democrática. A más rendición de cuenta y revisión constante de
la gestión pública, el principio de transparencia despunta como un mecanismo
que permite generar confianza en los ciudadanos y oxigenar a una administración
pública alicaída y amenazada constantemente por el flagelo de la corrupción así
como atiborrada de dudas acerca de su capacidad para resolver los problemas
públicos.
A raíz de estas realidades, el
acceso a la información promovida por los gobiernos y las normas de control
social implementadas por las sociedades, tienen un objetivo definido que busca legitimar las democracias y reducir
los altos niveles a corrupción en sus entes públicos. Muchos gobiernos han
emprendido iniciativas a favor de la transparencia pública como mecanismo
contra la corrupción. Aún así, las medidas adoptadas buscan reducir los niveles
de corrupción y desarrollar herramientas sencillas que permitan ahondar y
reforzar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones así como optimizar
el uso de los recursos en procura de mejorar el bienestar y calidad de vida.
La Transparencia
y el ciclo de las políticas públicas
Para el fortalecimiento de la democracia es indispensable promover el
derecho de acceso a la información, facilitar los controles ciudadanos y la
fiscalización a la administración pública.
Un gobierno
transparente y abierto al escrutinio público permite a sus ciudadanos estar al
tanto de su desempeño en forma clara, evaluar sus resultados e involucrarse en
el diseño de sus políticas, lo que generará el control de la sociedad sobre las
actividades de sus autoridades.
La
modernización de las instituciones y de la sociedad en América Latina ha estado
marcada con las políticas públicas, el predominio de regímenes dictatoriales de
carácter militar ejerció una influencia incuestionable, colocando al Estado
como el principal y único actor en lo que se refería a los asuntos públicos.
Durante este proceso de modernización, el control de la gestión pública fue
tarea reservada para la figura de una auditoría interna. La legalidad del acto
contralor estaba sujeta al ejercicio de gobierno del Ejecutivo propiamente
dicho y al ejercicio de fiscalización del Poder Legislativo. La ausencia de
criterios universales, técnicos, participativos y transparentes, incentivaron
la aparición de la corrupción como flagelo característico en la gestión pública
latinoamericana.
Salamanca (2003) expresa que “La calidad de los gobiernos se
remite a la calidad de sus decisiones y éstas tienen que ver con la eficiencia
y la efectividad de las políticas las cuales deben estar en la capacidad de
articular los elementos técnicos con los elementos políticos de la decisión”.
Dichos elementos engloban diferentes actores y estrategias que conllevan a mejorar
el horizonte de participación como herramienta de legitimización del Estado
ante la sociedad.
Las
diferentes definiciones sobre el concepto de políticas públicas expresan una
relación Estado-Sociedad en la cual los intereses convergen en la solución de
una problemática que afecta a los ciudadanos y que requiere de la activación de
un proceso propiciado por el Estado en el cual diferentes actores deberán
impulsar soluciones y mecanismos de control, seguimiento y evaluación.
El
diseño de estos mecanismos que permitan la solución de la problemática pública
no es un procedimiento o receta de fácil manejo para una sociedad acostumbrada
al tratamiento de los asuntos públicos principalmente por parte de los
gobiernos. La participación ciudadana como modelo democrático, debe ir más allá
del simple acto de elegir a los gobernantes y de propiciar un accionar que
permita desarrollar capacidades para influir en las decisiones. No debe ser
simplemente un derecho consagrado en las normativas, también debe ser analizado
como un mecanismo de transformación de la relación que debe existir en un
Estado democrático cuyo deber ineludible para con la sociedad, exige equidad,
eficiencia y eficacia.
Kelly
(2003) en su trabajo sobre las Políticas Públicas en América Latina, establece
como una de las trabas más comunes en el diseño e implementación de las
políticas públicas en América Latina el fenómeno de la corrupción, hecho que es
referente en muchas partes del mundo pero significativamente en naciones en
vías de desarrollo que presentan un sistema y organización de sus instituciones
públicas que las hace permeables al flagelo de la corrupción.
Al respecto Mascareño (2003) refiere que:
Alrededor de una política
siempre existirán unos intereses, generalmente distintos y desiguales, cuya
participación se presume favorable e la efectividad de la política, toda vez
que la no exclusión y la invitación a intervenir en ella, debe ser uno de los
criterios de funcionamiento de una sociedad pluralista y participativa que
alimenta la gobernabilidad democrática. Las políticas públicas requieren, tanto
la legitimidad como de recursos para su implementación. Muchas veces una dosis
de legitimidad, es decir, incorporar democráticamente a la sociedad en una
política, hace el éxito de ella pese a sus fallas de eficiencia. (p. 37)
Sin embargo, se sabe de las dificultades que
tienen las personas para participar, para asumir su responsabilidad exigiendo
cuentas a sus gobernantes y las limitaciones de éstos para rendir cuentas a sus
gobernados. En tal sentido Mascareño (2003) destaca que: “muchas de las
dificultades presentadas tienen que ver con la capacidad del sistema
institucional para adaptarse a las exigencias de participación de la población
y facilitar, respetando su autonomía, la intervención de la misma en los
asuntos públicos”. Muchas veces la gente quiere participar y el Estado quiere
que participe, pero nadie sabe cómo hacerlo, es un problema tanto de política pública
como de cultura política en la cual se deben hacer esfuerzos en conjunto.
Ahora bien, poner en práctica cualquier
política pública conlleva involucrarse en un proceso complejo y difícil hasta
para los más experimentados debido a muchos factores que convergen en torno a
los diferentes pasos o caminos a seguir hasta su puesta en práctica y
evaluación. El entorno político, los recursos disponibles y el desarrollo de
las instituciones involucradas, definen muchas de las políticas públicas, es
por ello que las herramientas propuestas no son una guía única sino una de tantas
sendas en las cuales se puede analizar la transparencia en cada una de las
fases de las políticas públicas.
A continuación se analizará el ciclo de las
políticas públicas propuesto por Kelly (2003) el cual muestra los mecanismos o
pasos a seguir para el tratamiento de una política pública y en que se harán
las recomendaciones para la inserción de herramientas de transparencia.
En la identificación del problema, se pueden
describir mecanismos elementales de transparencia. La nueva concepción de
investigar la problemática pública mediante un trabajo científico y de
planificación que permita anteponerse a la aparición o gravedad en los mismos,
difiere de las modalidades pasadas en las cuales los problemas se identificaban
debido a una denuncia pública, un hecho notorio o por reclamos de las
comunidades. Estas nuevas y novísimas herramientas de planificación e
investigación requieren ante todo la participación de las comunidades. La
organización junto a los afectados o posibles afligidos por un problema
público, es primordial en la consecución de metas de efectividad en la
administración pública. Para ello se hace necesario reflejar elementos tales como la información, por cualquier
medio, a las comunidades para que presenten sus necesidades en proyectos o
planes debidamente elaborados. De igual forma en este trabajo científico de
detección de la problemática, se hace imperante la participación de la
colectividad como actores corresponsables en esta nueva concepción del Estado.
Este esfuerzo mancomunado permite cumplir con el principio de transparencia ya
que en la planificación local se trabaja de manera conjunta gobierno – comunidad
y por ende los ciudadanos están al tanto de los trabajos o proyectos a
realizar.
Una vez realizada la planificación y el trabajo
científico de identificar el problema se procede a desarrollar uno de los
indicadores del terreno ganado por la ciudadanía en el desarrollo de las
políticas públicas como lo es la conformación de la agenda. Obviamente el
contexto político y los criterios de desarrollo condicionan la agenda, pero su
orientación general es decisiva cuando se trata de los resultados. La reconfirmación
de la importancia de los actores locales en la conformación de la agenda
requiere organización de las comunidades, destreza y astucia para despejar una
serie de trabas impuestas por los gobernantes y otros actores políticos.
Inicialmente los actores se plantean como impulsores de reivindicaciones
dirigidas exclusivamente hacia el Estado, luego transitan hacia gestores de la
vida local hasta llegar a la participación de la sociedad como elemento
innovador.
La agenda tal como lo expresa Kingdon citado
por Kelly (2003): “Es la lista de problemas a los cuales los funcionarios
gubernamentales y las personas fuera del gobierno, estrechamente asociadas con
esos funcionarios, prestan gran atención en un momento dado”. En esta lista de
problemas que serán objeto de análisis y discusión política, la transparencia
resalta como una herramienta que permite destacar las prioridades y voluntad
política de los gobernantes en la solución de los problemas públicos.
Para la conformación
de la agenda se hace necesaria la implementación de mecanismos de información
pública en los cuales se destaquen las prioridades de los gobiernos tomando
como base una planificación o plan de desarrollo que permita desarrollar
conciencia y pertenencia a los ciudadanos. El mejoramiento de campañas
informativas de índole educativo promueve una mayor aceptación por parte de la
sociedad acerca de los problemas que serán debatidos en la agenda del
gobernante. De igual forma la mayor propensión de las comunidades a participar en
la toma de decisiones, crea un clima de transparencia acerca de los intereses
que entran en juego en esta fase del ciclo de las políticas públicas.
La toma de decisión
es factor clave en el proceso de inserción de la transparencia como principio y
guía para el servidor público. Aunque es bien sabido que la toma de decisiones
tiene al final de cualquier proceso un carácter político, los nuevos enfoques
destacan la participación de diversos actores que propician o estimulan esta
función. Establecer criterios universales para la toma de decisión resulta
infructuoso ya que juegan alrededor de esta una serie de factores subjetivos y
racionales. Destaca en esta fase la necesidad de contar con redes sociales, páginas
web así como otros medios que permitan mantener informada a la sociedad sobre
el proceso de la toma de decisiones, medida que genera confianza y legitimidad
en las instituciones y gobernantes.
En cuanto al diseño
de la política pública es recomendable mantener informada a la sociedad sobre
los montos de los proyectos, fases de ejecución, recursos utilizados así como
cualquier otra información necesaria e importante en esta etapa. Aunque este
paso se considera técnico por los aspectos que engloba, la divulgación en
diferentes medios permite la constante supervisión y seguimiento por parte de
los ciudadanos y motiva su participación en los asuntos públicos.
La legislación en cuanto
a las políticas públicas es una función que compete a los órganos legislativos
en los diferentes niveles de gobierno. La importancia de esta fase reside en la
aprobación, recomendación o negación de la política desarrollada por el
ejecutivo. Varias fórmulas pueden aplicarse para desarrollar la transparencia
en el trabajo de los legisladores, diputados o senadores quienes tienen que
desarrollar mecanismos que permitan la participación así como mantener
informada a la sociedad que reclama medidas que le permita recuperar la
confianza en las instituciones y actividades públicas.
En la fase de
desarrollo de la política pública, la implementación se desarrolla desde el
comienzo de los trabajos o proyectos hasta su culminación. Durante este proceso
de ejecución es necesario resaltar la importancia de desarrollar mecanismos
para mantener informados a los ciudadanos. El cronograma de ejecución, función
o propósito de la obra o medida así como las herramientas que permitan un
control o seguimiento, deben estar disponibles a fin de evaluar de forma íntegra,
el cumplimiento de las metas y objetivos antes propuestos y velar por el fiel uso
de los recursos humanos, materiales y financieros asignados.
La evaluación viene a
convertirse en un factor crítico e imperante en la participación ciudadana como
política en la nueva gestión pública. Los beneficios que brinda la
participación de los ciudadanos como coevaluador de los asuntos públicos,
brindan transparencia y confianza a la hora de valorar las diferentes políticas
implementadas. La práctica mas común para que el ciudadano participe en la
evaluación de una política puede definirse con el acceso a la información de la
obra, proyecto o trabajo a ejecutarse. Si es el caso de un programa a
implementar en una comunidad, valdría la pena un esfuerzo del gobierno
municipal, regional o nacional para proporcionar una guía o herramienta a los
voceros de la comunidad a fin de que supervisen y sean celosos de la ejecución
de los trabajos o política a desarrollar.
En
fin son múltiples y variados los mecanismos y herramientas que los gobiernos
pueden promover en normativas legales para la aplicación de criterios o pautas
que describan la transparencia en cada uno de los pasos o facetas de una
política pública. Adecuarlos o adaptarlos a la realidad de cada nivel de
gobierno depende tan solo de la voluntad de sus gobernantes, y de la
capacidad y presión de la sociedad en pleno
uso de un derecho. La puesta en práctica de herramientas de transparencia en
las políticas públicas es una necesidad imperante en momentos en los cuales la
desconfianza y desaprobación de las instituciones estadales requiere un cambio
profundo a fin de transformar, recuperar y fortalecer la imagen de las
políticas públicas como mecanismo que permitirá a las naciones desarrollarse
bajo un esquema transparente y de legitimidad democrática.
Los pasos o vías a seguir en el diseño e
implementación de una política pública pueden ser caracterizados como se
muestra en el cuadro 1, el cual busca introducir parámetros o herramientas de
transparencia que puedan ser adoptados por los gobiernos a fin de cumplir este
principio en la gestión pública. Dichas herramientas son la conjunción de
procedimientos establecidos en reglamentaciones y normativas provenientes de
diferentes instancias en Latinoamérica y que pueden ser complementadas por
mecanismos o iniciativas en los gobiernos o en las sociedades siempre y cuando cumplan
los preceptos de la transparencia.
Cuadro 1
Cuadro de
herramientas de transparencia a desarrollar en las fases del
ciclo de
las políticas públicas
|
Pasos
|
Mecanismos a implementar
|
Observaciones
|
|
Identificación
del problema
|
·
Investigación de campo con las comunidades
sobre las problemáticas de su sector.
·
Impulsar charlas formativas a las comunidades a
fin de promover su participación en la identificación de sus problemas.
·
Creación de equipos mixtos con los gobiernos
municipales y las comunidades para la detección de problemas claves.
·
Desarrollo de plataformas web para la
participación de las comunidades en talleres u otras actividades de reclamo.
|
-
El desarrollo
de estos mecanismos y actividades puede acoplarse a las realidades
geográficas y sociales de las comunidades.
-
En los sectores
rurales se recomienda un contacto más directo con las comunidades y
aprovechar el uso de la radio u otros medios de comunicación.
|
|
Pasos
|
Mecanismos a implementar
|
Observaciones
|
|
Agenda
|
·
Participación integral de las comunidades en
la conformación de la agenda. Incidir en la toma de decisión.
·
Plataforma web que permita informar sobre el
desarrollo para el análisis de los problemas a resolver.
·
Divulgación en medios de comunicación.
|
|
|
Formulación
/ Diseño
|
·
Participación de la comunidad beneficiada en
la supervisión del proyecto, programa o actividad a realizar.
·
Divulgación en los medios de comunicación.
·
Desarrollo de plataformas que permitan hacer
seguimiento al diseño de la política.
|
-
Considerar aportes que pueda realizar la comunidad.
|
|
Legislación
|
·
Participación de las comunidades en cabildos abiertos,
reuniones de trabajo.
·
Apertura de los Consejos Legislativos a la
discusión de los proyectos y programas a implementar.
·
Divulgación a través de los medios de comunicación.
·
Desarrollo de plataformas web que permitan
interactuar y opinar sobre los planes a realizar.
|
|
|
Implementación
|
·
Participación de las comunidades para la
supervisión del desarrollo de la política.
·
Divulgación constante de información sobre el
desarrollo del proyecto o programa en ejecución.
|
-
Publicación del cronograma de ejecución.
|
|
Pasos
|
Mecanismos a implementar
|
Observaciones
|
|
Evaluación
|
·
Creación de equipos mixtos comunidad –
gobierno para la supervisión de los proyectos y programas.
·
Desarrollo de plataformas web que permitan a
las comunidades una evaluación de las políticas.
·
Impulso de campañas informativas a través de
los medios de comunicación.
·
Rendición de cuenta por parte de las
autoridades al finalizar el proyecto o programa.
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Mecanismo que permita hacer seguimiento al uso de los recursos.
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Elaboración
propia.
Conclusión
La transformación durante las
últimas décadas de la relación Estado – Sociedad ha permitido el desarrollo de
nuevos instrumentos técnicos y normativos para mejorar sustancialmente la
capacidad de los gobiernos en resolver los crecientes y difíciles problemas
públicos y en incentivar la participación como un mecanismo para recuperar la
confianza de los ciudadanos, así como consolidar su legitimidad dentro de un marco
democrático.
Redefinir y revitalizar el papel
del Estado a través de los nuevos mecanismos de interrelación, ha propiciado desde
mediados de los años setenta, cambios estructurales y funcionales a través de
la transferencia del poder a instancias regionales y locales. De igual manera
estos cambios han conllevado a revisar y explorar una aproximación más real del
Estado al actor fundamental dentro de este esquema como lo es el ciudadano.
El control social como mecanismo
para legitimar y fiscalizar a los gobiernos debe ser un instrumento capaz de
cumplir sus funciones dentro de un marco de transparencia que les permita
acceder a la información clave y necesaria para calificar los aspectos
positivos y negativos de sus gobiernos. Cumplir con esta premisa incidirá en
que los gobiernos e instituciones mejoren sustancialmente sus capacidades e
iniciativas y se acoplen a las nuevas y arduas exigencias de una sociedad cuyas
exigencias aumentan gradualmente.
Un reflejo del cambio en las reglas
del juego ha sido la aparición de la transparencia como principio en la gestión
pública y como herramienta que les permita a las sociedades un mejor control
social de sus gobiernos, así como poder asumir la capacidad de acceder a
información clave para cristalizar su papel de fiscalizador de las políticas
públicas. El perfeccionamiento de
mecanismos tales como los enunciados en el cuadro 1 para la inserción de la transparencia
en las políticas públicas, no debe quedar meramente en los allí expuestos, los
mismos sirven de referencia y deben ser mejorados a través de mesas de trabajo
en conjunto con las comunidades, escuchando sus argumentos y recomendaciones.
Así mismo el desarrollo de planes de formación en las instituciones encargadas
de desarrollar políticas debe orientarse a implementar mecanismos reales y
efectivos de transparencia que destaquen instrumentos factibles y medibles de participación
ciudadana.
Acoplar las normativas e
instrumentos presentes a las exigencias de transparencia, es una ardua tarea
para los gobernantes y autoridades que deseen optimizar los mecanismos de
participación ciudadana existentes, a través del estudio de iniciativas nacidas
en las comunidades, en las universidades y gremios. Así mismo las
investigaciones y estudios referentes al tema, deben incidir positivamente en
mejorar los resultados de las políticas públicas y por ende solucionar en forma
eficaz y eficiente los diferentes problemas públicos que aquejan a las
sociedades.
De igual forma, el continuo
desarrollo y transformación del Estado para adaptarse a las nuevas exigencias
de la sociedad, debe incidir en la aplicación de los criterios que deben
tomarse en cuenta para el estudio y enfoque de las políticas públicas. Además
de los habituales criterios de eficacia, eficiencia y equidad, debe asumirse la
transparencia como un cuarto elemento ineludible e importante en el diseño e
implementación de las políticas públicas. De esta manera se reducirá la
desconfianza que tiene la sociedad en sus instituciones y se logrará crear las
condiciones esenciales para el desarrollo de los pueblos y la legitimización de
los gobiernos democráticos.
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