Los damnificados en Venezuela, calamidad tras calamidad para quienes perdieron su hogar

Los desastres naturales siempre han estado presentes en la vida del ser humano, desde terremotos, huracanes, tornados hasta inundaciones producto de las lluvias han sido objeto de análisis y estudios a fin de minimizar sus consecuencias. 

Venezuela por encontrarse en una zona intertropical, se caracteriza por las constantes lluvias que azotan al país varios meses del año. El llamado fenómeno de “el Niño” y “la Niña” durante esta última década ha causado estragos y transformado la vida de muchos venezolanos que han perdido sus hogares como resultado de habitar en zonas propensas a derrumbes o inundaciones. 

Las consecuencias de estos desastres tienen un reflejo difícil de ocultar y obviar como lo son las miles de familias que quedan sin su hogar, es decir pasan a ser damnificadas, para estos ciudadanos los problemas no quedan en tan solo subsistir sin un espacio habitable, van mas allá de una larga y tediosa espera llena de necesidades, burocracia, lamentaciones y promesas para disipar su situación. Las penurias y complicaciones que viven los damnificados de las lluvias del 2010 y las mas recientes del 2011, solo las palpan quienes les toca lidiar para preparar sus comidas, cumplir sus necesidades básicas y descansar en medio de un ambiente sin las mínimas condiciones de salubridad y seguridad. 

En el mes de enero de 2011 el Gobierno Nacional decretó la Ley Especial de Refugios Dignos cuyo Artículo 1ro establece lo siguiente: “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto regular la acción corresponsable del Pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, para la construcción, habilitación, acondicionamiento, organización, atención integral y gestión de los refugios en todo el territorio nacional, en casos de emergencias o desastres.” Este mecanismo fue creado como una herramienta normativa para afrontar las condiciones de incertidumbre en las cuales quedan las miles de familias venezolanas y así asegurarles un ambiente de seguridad y resguardo pero no para solventar la situación luego de pasar a los refugios y engrosar las cifras de damnificados. 

El objeto del presente análisis va mas allá de explicar el funcionamiento de un instrumento legal, la interrogante que se plantea llega al fondo del asunto de un problema ocasionado por la falta de capacidad de los gobiernos para que las familias que quedaron sin casa logren en un lapso de tiempo prudencial tener acceso a un hogar digno, la ausencia de proyectos que permitan afrontar próximos desastres naturales, la carencia de planes que permitan evitar la construcción en terrenos inestables y sobre todo de crear en conjunto con los gobiernos regionales y locales, las políticas necesarias a fin de minimizar al máximo el riesgo de pérdida de vidas y bienes materiales. 

Andrés Cáceres, damnificado del refugio Torre El Chorro de la avenida Universidad, señaló que a la fecha (Diciembre del 2011) debieron adjudicarse casas a 400 familias. "Son 1.800 personas viviendo en una torre sin ley con damnificados de Catia, Altavista y 23 de Enero y nos piden paciencia. Exigimos respuesta ya". Cáceres denunció que una de las coordinadoras del refugio consiguió casa en un urbanismo expropiado detrás de la estación del ferrocarril Charallave Norte y los abandonó. "Se fue con ocho familias el fin de semana. Una de ellas se devolvió porque las casas no tienen agua ni luz, la vía no sirve y no hay transporte público". Los afectados de Torre El Chorro pasarán su segunda Navidad con más damnificados que llegaron al albergue el domingo tras perder sus casas en Antímano. "Alojaron a otras 20 familias en los pisos 13 y 14. Esta Navidad la pasaremos con más damnificados sin viviendas”. 

Esta y otras historias más forman parte del quehacer diario de venezolanos que esperan que el Estado, quien tiene los recursos económicos para la solución de sus problemas, les de una respuesta clara, rápida y convincente. No se puede dejar pasar por alto el caso de los damnificados de Vargas en 1999, cuyo viacrucis para ser reubicados pasó por un tedioso y angustioso proceso en el cual aún quedan familias en espera del cumplimiento de las promesas por parte del Gobierno Nacional. Recordemos que la Gobernabilidad está sujeta a la capacidad de respuesta de un gobierno en atender a las necesidades de sus ciudadanos, en este aspecto, el problema de los damnificados en Venezuela es claramente un ejemplo de la ingobernabilidad que se presenta en los actuales momentos. 

El siglo XXI presenta para cualquier Estado del mundo, retos para afrontar los diferentes desastres naturales que están por venir, de la capacidad del Estado para promover y desarrollar políticas que permitan reducir sus impactos dependerá el futuro de miles de familias que se ven en minutos despojados de sus bienes y emprenden en Venezuela un penoso camino en busca de un nuevo hogar que les evite ser parte de la larga lista de damnificados que día tras día ven a lo lejos la posibilidad de soñar tranquilamente y brindarle a sus hijos el hogar que tanto aspiran y merecen como ciudadanos de un país lleno de múltiples riquezas naturales.

La Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, una deuda acumulada del centralismo

Concluir cuales son las características del Estado venezolano en cuanto a su organización político territorial, pasa por examinar los preceptos establecidos en las diferentes Constituciones a lo largo de la vida republicana desde la creación de Venezuela como Estado.  Las constituciones más recientes, las de 1961 y 1999, reflejan las visiones de cómo debía conformarse la República.

El camino emprendido a partir de la caída de la dictadura en 1958 significó una serie de retos que han ido desde la conciliación de intereses, pasando por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos urgidos de soluciones ante los problemas públicos en constante crecimiento, hasta llegar al declive con los modelos políticos neoliberales denominados “El Gran Viraje” en 1989 y La Agenda Venezuela” en 1996. Tales retos simbolizaron los esfuerzos por construir un Estado que permitiera la convivencia y la solución de los múltiples problemas que aquejaban a una sociedad urgida de instrumentos democráticos para su desarrollo.

Dentro de las características reflejadas en la Constitución de 1961 se encuentra que el Artículo 2 señala a Venezuela como un “Estado Federal”, entendiéndose claramente este término como “la agrupación de estados, regiones o provincias las cuales gozan de una relativa autonomía, teniendo facultades de gobierno y legislación”. Comienza así un largo transitar en la búsqueda del esquema de organización político territorial que permita al Estado cumplir los deberes que por ley tiene con sus ciudadanos.

En los años 80 se comenzó a dar forma a una de las reformas del Estado que creó más expectativa y fue piedra angular para el decaído sistema político venezolano: “la descentralización”, la cual buscaba dar mayor participación a los estados y municipios en las decisiones y mejorar el desempeño de las deficientes funciones públicas. Tres instrumentos fueron claves para lograr este objetivo de la descentralización; la Ley de Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado (1988), la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989), y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (1989). Sumado a esto se fortalece el financiamiento a las instancias regionales y locales a través del Situado Constitucional como principal soporte financiero, además de la participación de estos en los ingresos derivados del Impuesto del Valor Agregado (IVA), la creación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Especiales (LAEE).

Ante la necesidad de reformar el Estado venezolano, a finales de 1999 se realiza un proceso que permitió a los venezolanos apoyar con su voto la elaboración de un nuevo marco constitucional, el cual reafirma las características del modelo de organización al establecer en el artículo 4 que “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”. Ante este nuevo empuje, tan solo quedaba por establecer los mecanismos para hacer realidad este texto, una de ella es la disposición del Artículo 167, numeral 5, el cual resalta como una de las formas de ingresos de los estados las tasas y contribuciones que se les asignen por ley nacional, con el fin de promover las haciendas públicas estadales.

Se crea entonces el marco constitucional idóneo para redefinir las responsabilidades de gastos en los diferentes niveles de gobierno y poder modificar así el sistema de transferencias de los fondos públicos del nivel central a los gobiernos estadales. Tales medidas en la lógica de la administración pública, permitirían a los diferentes gobiernos regionales mejorar la eficiencia y eficacia en las múltiples políticas públicas que enfrentan y así lograr por ende la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos.

Sin embargo, luego de doce años la espera continúa, esta vez con un panorama muy distante al de comienzos del siglo XXI, un creciente aumento de los problemas públicos, la eliminación de programas como el FIDES y LAEE como medios de financiamiento y la eliminación de competencias para los gobiernos y alcaldías establecidos en la reforma de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público del año 2009, mediante la cual se le quitó a las gobernaciones la administración de carreteras, puertos y aeropuertos con la consecuente merma en los recursos que estas administraban por medio del cobro de las tasas correspondientes. Así mismo, la reciente creación de instrumentos como la Ley de Excedentes Petroleros en el año 2011, la cual le da potestad única al gobierno nacional para controlar el excedente de los ingresos petroleros, son medidas que ahogan la capacidad de los gobiernos regionales y locales para cumplir su rol en una sociedad cada vez mas llena de dificultades.

Ante esta realidad resulta difícil comprender cómo aún cuando el modelo reafirmado por los venezolanos en la Constitución de 1999 estableció las reglas de coexistencia y armonía entre los diferentes niveles de gobierno, hoy en día el nivel central determina un sistema que lejos de lograr un nivel de vida deseado para los venezolanos usurpa el derecho de los estados a tener la capacidad de resolver los problemas que por deber tienen que atender.

El modelo actual no le permite a los gobiernos regionales tener la capacidad de maniobrar ante la creciente demanda de servicios por parte de sus pobladores, La Ley de Hacienda Pública Estadal como instrumento constitucional que brindaría las herramientas para el desarrollo de las regiones requiere ser colocado en la agenda de los asambleístas y de todos los ciudadanos como un tema prioritario ante el panorama de incertidumbre y recorte de recursos por parte del gobierno central.

La experiencia global en cuanto a la participación de las comunidades y regiones en el desarrollo de una nación indica que es indispensable brindarles la capacidad de desarrollar políticas públicas, pero necesariamente estas requerirán de un presupuesto acorde con sus exigencias para materializarlas, por lo cual es obligación del Estado crear y mantener todos los mecanismos que permitan financiar las acciones que se definan en los planes mediante la participación directa y activa de la ciudadanía. Tan solo así los estados podrán gozar de la capacidad para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y enrumbar al país en el camino de la prosperidad y el desarrollo que los venezolanos merecemos.

La inflación en Venezuela, consecuencia de una visión económica errada

Establecer las causas por las cuales Venezuela mantiene uno de los procesos inflacionarios mas altos del mundo, pasa por analizar las acciones implementadas en los últimos gobiernos y principalmente las funestas políticas económicas llenas de controles y arbitrariedades que ha instaurado el gobierno actual, las cuales en vez de proporcionar confianza y fortalecer el sistema económico, impiden la reactivación del aparato productivo del país y por tanto no permiten que la ciudadanía satisfaga la necesidad de adquirir eficientemente los bienes y servicios indispensables para subsistir y mejorar su calidad de vida.  Para la gran mayoría de los ciudadanos entender este fenómeno es una tarea difícil debido a que Venezuela obtiene exorbitantes ingresos en dólares producto del incremento constante de los precios del petróleo, lo cual crea una percepción de país rico que no se corresponde con la realidad.

La inflación como fenómeno en un Estado está representada  por el incremento general de los precios en los bienes y servicios disponibles en la economía, lo cual al mantener un ritmo creciente y acelerado como ha ocurrido y continua ocurriendo en Venezuela, ocasiona una pérdida en el poder adquisitivo, por ello las personas cada vez pueden comprar menos con sus ingresos, ya que en períodos de inflación los precios de los bienes y servicios crecen a una tasa superior a la de los salarios. 

El primero de los factores que produce la inflación, de acuerdo con los analistas, se debe a las raíces estructurales del sistema económico y social de Venezuela el cual durante los últimos años ha provocado una baja productividad del sector agrícola originando grandes importaciones que conllevan a un aumento en los precios. Tras dos intentos de políticas neoliberales cambiamos la brújula 180 grados y se asumió hace 13 años un modelo populista radical que prefirió que sea mas fácil importar que producir, regla fatal para un país que se jacta de ir en el camino del desarrollo. Las cifras de importación en el lapso 2001-2010 se duplicaron hasta alcanzar un promedio de 134,6 $ por persona y año.

Un segundo factor a analizar es la presión producida por el aumento de la demanda agregada, es decir un incremento sin control del gasto público que genera un alza de los precios debido a que la demanda es mayor que la disponibilidad de bienes y servicios. Según cifras del Banco Central de Venezuela para el primer semestre del 2011, se produjo un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de tres (3) puntos lo cual de acuerdo al economista Orlando Ochoa no se corresponde con la realidad del país ni con el comportamiento de la inflación, la producción y actividad comercial, razón por la cual concluye que estas cifras son manipuladas por motivos políticos.

Un tercer factor lo constituye la desconfianza del ciudadano hacia su moneda (el bolívar fuerte) lo cual hace que también se incremente la inflación. La incertidumbre cambiaria unida a políticas bastante erradas como la reciente Ley de Costos y Precios Justos, hace que los agentes económicos tomen sus previsiones e incrementen sus precios. A esto debemos agregarle los incrementos en los salarios no contemplados en los presupuestos y las caídas en la productividad del país. Esta incertidumbre es alimentada con propuestas como la Ley de Presupuesto del 2012 donde hay inconsistencia en las cifras y metas planteadas así como soluciones improvisadas para resolver problemas estructurales, apelando a los créditos adicionales, así como el incremento sustancial de gastos en aspectos que no permiten encauzar al país en la vía del desarrollo como lo son la compra de armas de guerra. Todo esto aumenta la desconfianza  tanto la del inversionista extranjero como la del venezolano a la hora de impulsar la economía. 

No existen fórmulas mágicas para reducir la inflación, el desmontaje progresivo de los controles cambiarios y de precios sería un primer paso, seguido de una correcta y justa distribución de los recursos a fin de no distorsionar la economía y permitir que esta variable no impacte en los precios de los productos, de igual forma crear incentivos que permitan realmente reactivar la decaída producción nacional, en especial en áreas importantes como la agricultura, la industria, la construcción y el comercio.

En la actualidad Venezuela presenta cifras de inflación nada deseables (23% para finales del 2011), constituyéndose este fenómeno en una barrera que obstaculiza el desarrollo y la mejoría en la calidad de vida del venezolano. Si lo comparamos con los índices de inflación de naciones vecinas tales como Colombia (3.17%), Perú (2.08%), Brasil (5.9%) y Ecuador (4.31%), concluimos que no se trata de un problema regional sino un problema estructural del modelo económico en Venezuela que tarde o temprano tendrá que pasar la página y aceptar que el camino tomado estos últimos años no fue el indicado y retomar el ejemplo de naciones que con pocos recursos naturales han logrado reformar sus economía y mejorar notablemente la calidad de vida de sus ciudadanos.

La calidad de vida del venezolano: sinónimo de inconsistencia entre lo económico y lo social

En 1992 Arturo Uslar Pietri destacó: “La riqueza súbita, mal distribuida, hizo perder el rumbo a la sociedad venezolana, se le ha enseñado a desdeñar al trabajo por el maná, a pensar en términos de magia y no de contabilidad, a perder la noción de los precios, de los costos y del equilibrio económico”. 

La calidad de vida comprende las condiciones deseadas por una persona con relación a ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Analizar cada uno por separado sería un largo trabajo, por lo cual es necesario sintetizarlos en cifras y hechos que reflejan la realidad venezolana.

El siglo XX significó para Venezuela un extraordinario avance en materia de desarrollo social y económico, la producción del petróleo permitió el inicio de la transformación de un país rural a un país urbano y moderno, las migraciones hacia las grandes ciudades, aceleraron la construcción de infraestructuras y de los servicios básicos necesarios.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, Venezuela traía desde 1950 un acelerado ritmo en su desarrollo económico que lo colocaba a la cabeza de América Latina. Se vislumbraba entonces un paraíso gracias al poder que daba el petróleo como riqueza. A partir de los años setenta y ochenta la economía comenzó a estancarse y se inició un proceso de recesión que arrastró al país a una crisis en lo social y político.

A finales de la década del 90, las cifras en cuanto a la calidad de vida del venezolano mostraban una perspectiva nada deseable para una sociedad que depositó sus esperanzas en los inmensos recursos económicos que poseía. En un país desarrollado como Suiza la clase media alcanzaba al 70% del total de la población, mientras que en Venezuela se situaba en solo un 11%.  Además, la deuda externa de Venezuela alcanzaba a 30.000 millones de dólares y la interna a 4.500 millones de dólares, a su vez la inflación, el más notable de los indicadores de la calidad de vida, ascendía a un 30%. Todo este escenario ocurrió con un barril de petróleo a 7 dólares, acompañado por un conjunto de experimentos basados en políticas populistas y rentistas que llevaron al país a caer vertiginosamente después de haberse encaminado en la vía del desarrollo.

Si la recesión económica producto de la caída de los precios del petróleo y la política de invertir el mayor esfuerzo en la producción petrolera fueron las principales causas del declive de la calidad de vida del venezolano en la década de los noventa, entonces, cómo se explica que luego de trece años, con un barril de petróleo a 109 dólares, es decir 1557% de incremento en su valor,  Venezuela mantiene aún la inflación más alta de Latinoamérica (30% en el 2010), una moneda devaluada y un nivel de pobreza cada día en ascenso.

Las condiciones económicas debido al exorbitante incremento de los ingresos petroleros están dadas para que se subsane la deficiente calidad de vida del venezolano, un derecho que por Ley y naturaleza de un Estado se merecen los ciudadanos.  Estudios recientes que muestran cifras desalentadoras permiten concluir que Venezuela está aún lejos de alcanzar mejores condiciones socioeconómicas para sus ciudadanos.

El gobierno actual en su intento por introducir su modelo político, duplicó y sobrepasó el gasto público en una década, pasando de 1.200.000 empleados públicos a 2.500.000, lo cual permite inferir tal como lo afirma el economista argentino, Jorge Ahumada que “No es la burocracia lo que impide el desarrollo, sino es la falta de desarrollo lo que crea la burocracia”.

Otro aspecto resaltante para el venezolano es la baja de calidad de los servicios tanto en el sector público como en el privado, junto a  una oferta de productos bastante disminuida y en muchos casos inexistente, lo cual conlleva a la especulación desmedida. El valor de la canasta básica (6.391 Bsf para Enero del 2011) y el sueldo mínimo establecido para el mes de Septiembre del 2011 (1.548 Bsf), reflejan otro aspecto negativo en cuanto a la capacidad de satisfacer las necesidades básicas el venezolano.

Investigaciones realizadas por el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) indican que para el 2012 se visualiza una pérdida de un 40% en la capacidad adquisitiva, caída de ingresos fiscales por concepto de impuestos por el cierre permanente de empresas, fuga de capitales debido al constante ataque del gobierno hacia la empresa privada, así como una balanza de pagos negativa.  Además estos estudios señalan que el venezolano invierte un 96% de su salario en alimentos y servicios, entonces cabe  preguntarse ¿Cuánto queda del salario para ahorrar, invertir, estudiar o disfrutar en entretenimiento y desarrollo personal?

Finalmente, el empobrecimiento general de toda la población es evidente, la economía informal en creciente aumento y la violencia como fenómeno de la pobreza, se suma a la deficiente y carente oferta de servicios públicos, la colapsada salud pública, la educación totalmente desnivelada y nuestro potencial humano poco competitivo con respecto a otras economías de América Latina y el mundo. El panorama para el 2012 no resulta prometedor, de acuerdo con cifras del Ministro de Planificación y Finanzas durante la presentación del Presupuesto 2012, se prevé una inflación de 22% y un crecimiento económico de tan solo un 3%, cifras poco alentadoras si partimos de la premisa que el  crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo social.

 Resolver la incongruencia de un incremento sustancial de los ingresos petroleros (1557% en los últimos 13 años) frente a una caída vertiginosa en la calidad de vida del venezolano, resulta una difícil tarea para quienes deseen emprender el camino de trazar y desarrollar políticas públicas que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas del venezolano.

Maná: Alimento que Dios envió al pueblo de Israel a modo de escarcha que descendía del cielo para que se alimentara durante la travesía.

La inseguridad en Venezuela, reflejo de una sociedad en crisis (II parte)

Todos los diagnósticos indican que la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los venezolanos, así lo reflejan diversas encuestas y las noticias que día a día se publican en los medios de comunicación.  Las repercusiones de este problema social en Venezuela van más allá de cifras y hechos que marcan la vida de los familiares, amigos y población en general que sienten impotencia ante la incapacidad de un Estado que esgrime razones políticas para evadir su responsabilidad ante tales hechos. 

El éxito o fracaso de una política se mide por sus resultados, lo que en el caso de la inseguridad se puede evaluar por la cantidad de homicidios en los últimos años. El Observatorio Venezolano de la Violencia contabilizó 16.047 homicidios ocurridos durante el 2008 y una encuesta de victimización difundida por el Instituto Nacional de Estadística, durante el 2009 registró 19.133 homicidios en el país, para el 2010 estos números aumentaron a 22.340 homicidios. Estos datos se pueden interpretar de manera simple, cada 27 minutos murió un venezolano como consecuencia de la inseguridad, lo cual refleja la falta de eficacia en el cumplimiento de los propósitos de estas políticas pues no se ha logrado disminuir estos indicadores.

Otra variable a considerar por parte del Estado es que de acuerdo con datos del Ministerio Público aproximadamente 6.885 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano fueron denunciados por su presunta responsabilidad en los homicidios y ajusticiamientos de 7.243 personas entre enero del 2000 y noviembre del 2007. Solamente 412 efectivos se encuentran cumpliendo condena. Estas cifras evidencian una problemática de violaciones a los derechos humanos, denotando impunidad y ausencia de un Estado comprometido con el resguardo de estos derechos fundamentales.

Además, al alto índice de delitos cometidos por los cuerpos de seguridad, se le suma la ya mencionada ineficiencia del Poder Judicial y el déficit de fiscales en el Ministerio Público, lo cual contribuye a que los casos queden impunes y desmotiven a los ciudadanos cuya única esperanza está en lograr la justicia que el Estado debe brindarle obligatoriamente.

En vista de la impunidad el ciudadano se convierte en un ser desanimado e incrédulo de todo cuanto el Estado pretenda hacer para justificar su incompetencia, en este caso la mayoría opta por no denunciar o simplemente como ha ocurrido en algunos casos, toma la justicia por sus propias manos.

Ante este panorama desolador al venezolano le corresponde convertirse en un actor protagonista del preocupante problema de la inseguridad ciudadana, a través de la participación en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas, muchas de ellas a través de las denuncias, el trabajo en equipo con las comunidades, el diseño de mecanismos de prevención así como también la exigencia al Estado a través de la protesta pacífica y fundamentalmente por medio del valioso mecanismo que brinda la democracia para recompensar o castigar a sus gobernantes: el voto.

 El derecho a la vida y a la integridad personal forma parte de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que “No basta que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre”.

Como se ha visualizado, el problema presenta múltiples características que lo hacen difícil y exigente a la hora de diseñar las políticas de seguridad ciudadana, las cuales deberán ir de la mano de un programa de acción social y de un compromiso del Estado que trascienda a los gobiernos de turno y las particularidades de sus gobernantes ya que este fenómeno no considera raza, religión ni afinidad política a la hora de plasmar su huella. Las metas para que Venezuela reduzca los niveles de inseguridad y se enrumbe hacía vías de desarrollo no son imposible de alcanzar, basta con dar el primer paso y convocar a todos los actores de la sociedad para una cruzada única que brinde la tranquilidad que todos los ciudadanos se merecen.

La inseguridad en Venezuela, reflejo de una sociedad en crisis (I parte)

Hablar de inseguridad es referirse a un fenómeno social muy complejo, tan complejo como la sociedad desde sus orígenes hasta la sociedad moderna que hoy conocemos, llena de interrogantes aun por descifrar.

Analizar el fenómeno de la inseguridad como una política pública pasa por examinar los diferentes factores que inciden para que el problema se mantenga y tome auge de una manera alarmante dentro de la sociedad venezolana, lo cual requiere ser considerado como prioritario por los gobernantes en sus agendas.

Según cifras de Las Naciones Unidas, en Venezuela ocurren en promedio 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, ubicándose como el segundo país en Latinoamérica en este aspecto, así mismo, a nivel mundial ocupa el noveno lugar en número de secuestros y un 52% de la droga incautada provino de puertos o aeropuertos venezolanos, estas cifras permiten concluir que las políticas de seguridad no están siendo efectivas pues reflejan la gravedad de una problemática que debe ser abordada de manera clara y contundente. Las estadísticas oficiales generalmente no concuerdan con las presentadas por organizaciones civiles pro defensa de los derechos humanos que han tomado la dirección y seguimiento a fin de mantener informado al ciudadano de esta cruda realidad, o son manejadas con discrecionalidad por las autoridades venezolanas ya que no muestran la verdadera situación que se vive en las calles.

La creación en el año 2008 de la Policía Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional, permitió la integración y un trabajo coordinado de los diferentes cuerpos de seguridad a la vez que otorgó facultades al Consejo Nacional de Policía para la planificación y conducción de las políticas públicas en materia policial, aunado a este proyecto, en los últimos doce años se han conducido múltiples programas de seguridad que van desde planes desarme, seguridad en transporte público, seguridad bancaria, el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), entre otros, lo cual permite observar que el Estado ha hecho un trabajo por disminuir los hechos de violencia, sin embargo, es necesario preguntarse si ¿este esfuerzo está bien orientado a la solución del problema y si se han analizado los factores o variables que inciden para que las acciones implementadas produzcan los resultados satisfactorios que el venezolano espera y no se han logrado?

Generalmente, salvo excepciones muy puntuales, el delincuente se describe como un ser humano sin empleo, con deficiencias educativas, carente de principios, valores morales y familiares, con una carga de pobreza propia de nuestros barrios y zonas rurales, sin oportunidades para progresar, formar una familia e integrarse a una sociedad. Tal aseveración está sustentada en estudios sociológicos y psicológicos que permiten representar a la mayoría de los delincuentes como excluidos de una sociedad la cual no brinda las herramientas necesarias para su inclusión dentro de un mundo moderno y con las oportunidades  que este brinda.

           

Así mismo, la falta de efectividad de un sistema judicial que cumpla cabalmente con sus competencias constitucionales, el retardo procesal y falta de celeridad en la aplicación de penas,  así como la carencia de políticas efectivas en materia de reinserción y educación de la población penal, constituyen otros factores asociados al problema de la inseguridad en Venezuela, lo cual exige acciones inmediatas derivadas de políticas efectivas que permitan recuperar la confianza en las instituciones y en el Estado, sin necesidad de crear más burocracia para atacar dicho flagelo.

Otro aspecto a considerar tiene que ver con el modelo de país que se quiere impulsar, el gobierno actual promueve, tal como lo hicieron gobiernos anteriores, un crecimiento económico basado en la renta petrolera, pero para que dicho crecimiento tenga una función social debe estar ligado al desarrollo como nación, lo cual de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está atado al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos a través del incremento de los bienes para cubrir sus necesidades básicas, así como también la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos y se aumente el promedio de vida. Las altas cifras de muertos que ingresan diariamente a las morgues y el temor que crea el haber sido objeto de un delito, desdicen mucho del modelo de desarrollo social que quiere Venezuela.

La capacidad de respuesta del Estado debe estar acorde con las exigencias de la sociedad que exige seguridad ciudadana; mientras no se cumpla esta premisa avanzamos hacia un estado de ingobernabilidad y deterioro social cada vez más fuerte y difícil de superar.