El contrabando de combustible en la frontera con Colombia; un flagelo que ha perdurado en el tiempo

 

 

Resumen: El contrabando como flagelo social tiene no solo en lo económico sino en lo cultural, social y en la seguridad de las naciones un impacto perjudicial y lesivo en los países involucrados. La realidad de las fronteras entre Venezuela y Colombia coincide con el incremento de los niveles de contrabando de combustible y la aparición de nuevos actores como mafias y grupos delincuenciales que percibieron las inmensas ganancias en la extracción de este producto. La  instalación de un chip o tarjeta electrónica como requisito obligatorio para surtir combustible no resuelve el problema puntual sino que genera malestar e inconvenientes al ciudadano sin que se vislumbren políticas coherentes y efectivas para este problema. 

Palabras claves: Contrabando, frontera, políticas públicas, delincuencia, desarrollo 

Abstract: Smuggling as a social scourge is not only economically but in the cultural, social and security of nations. The reality of the border between Venezuela and Colombia coincides with increasing levels of fuel smuggling and the emergence of new actors such as mafias and criminal groups who perceived the huge gains in the extraction of this product. The installation of a chip or circuit board as a mandatory requirement to supply fuel does not solve the specific problem but generates discomfort and inconvenience to citizens with no signs of coherent policies and effective for this problem.

Keywords: Smuggling, border, public policy, crime, development

Introducción

Destacar el contrabando en la frontera colombo venezolana como un flagelo social, nos lleva a revisar la historia de este modelo de intercambio o extracción ilegal de mercancías el cual se convirtió en una forma de vida para miles de ciudadanos que, motivados al abandono de un Estado de estos espacios fronterizos y de las facilidades geográficas y políticas de la época, recurrieron a esta práctica  que genera dividendos y dolores de cabeza a los actores económicos y políticos de ambas naciones.

Tal como lo afirma  Niño (2003) a finales del siglo XIX, la frontera de Venezuela con Colombia seguía siendo aquel territorio abandonado y descuidado de la época colonial, con escazas vías de comunicación hacia el centro del país y por lo tanto carentes de los recursos y mercancías que su patria natal les debería proporcionar. Esta realidad los llevó a implementar medidas que fueron más allá de la simple compra de víveres y productos  en la vecina Colombia, el contrabando como representación de una necesidad tomó riendas en la vida de ciudadanos que vislumbraron una forma de trabajo ante la ausencia de medidas de control y la carencia de productos para satisfacer las necesidades de la región. 

El contrabando como lo describe Green (1971) “es la introducción, exportación, producción, tenencia y/o comercio de géneros realizados en contra de la ley”. Esencialmente, ese ir en contra de la Ley es lo que define este oficio que ha sido considerado el segundo más antiguo del mundo entre las actividades profesionales humanas. 

Según González (1990) El contrabando existe hoy y ha existido siempre, lo que han cambiado son las formas que el contrabando adquiere a lo largo del tiempo. Es decir, el modo en que éste se realiza, las mercancías objeto de contrabando, y también el perfil de las personas que se han dedicado, o se dedican hoy.

Los últimos acuerdos comerciales entre Colombia y Venezuela del 2011, no reflejaron claramente las medidas conjuntas tendientes a combatir el contrabando de combustible y por ende el creciente aumento de esta actividad no parece tener obstáculos en su avance y sus consecuencias para las sociedades que hacen vida en las fronteras venezolanas.  El creciente aumento de los niveles de extracción de este rubro,  se ha convertido en una problemática para miles de ciudadanos venezolanos que deben soportar medidas arbitrarias para surtir de gasolina de una forma sencilla y coherente con la realidad de un país llamado en vías de desarrollo. Para las autoridades colombianas quizás el problema del contrabando suplió la ausencia de este producto en sus fronteras, pero los recientes estudios vislumbran la creación de mafias que explotan y enriquecen, así como el uso de estos recursos por parte de grupos delincuenciales e irregulares para financiar sus actividades.

De un negocio familiar a una industria de mafias: 

Pensar que luego de varios siglos de haberse establecido y desarrollados los espacios fronterizos de Venezuela con la vecina Colombia, persistan problemas de desabastecimiento, escasez de productos, tráfico de drogas y contrabando de combustible en estas regiones no debe sorprender a las autoridades y al ciudadano del centro del país. El abandono de estas zonas por parte del Estado persiste a pesar de haberse desarrollado mecanismos constitucionales y normativos que permitieron la creación de una nueva división política administrativa del país y de haberse desplegado políticas sociales, económicas y de desarrollo desde comienzos del siglo XX. 

La ausencia de políticas coherentes y efectivas para estas territorios, son claro reflejo de la realidad de las fronteras con el vecino Colombia. La carencia de una visión integral para las regiones quizás predomine entre las causas que llevan a que el ciudadano se sienta disminuido por la poca eficacia e implementación de mecanismos de desarrollo e inclusión en las políticas centralistas. La no adecuación e implementación de una Ley de Fronteras por parte de Venezuela es fiel reflejo del poco interés mostrado por el Estado en evitar que flagelos como el contrabando acrecienten su accionar en estos espacios desasistidos y menospreciados. 

El contrabando como flagelo social tiene connotaciones no solo en lo comercial sino en lo cultural, social y de seguridad de las naciones, distorsionando el comportamiento, valores y principios de quienes habitan en estos espacios, creándose en forma natural asociaciones o redes criminales que buscan obtener dividendos con estas prácticas ilegales y que además repercute en forma negativa en cualquier proceso de integración que desee implementarse. 

El último análisis de la fundación colombiana “Nuevo Arco Iris” del 06 de Junio del 2012, presume que existen vínculos entre el contrabando de gasolina por la frontera con el Zulia y el financiamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este estudio realizado entre el 2009 y el 2011, destaca el contrabando de este rubro como una fuente más de financiamiento de estos grupos irregulares. 

Esta presunción no es más que el preámbulo de diferentes y variadas opiniones que al respecto han mostrado los gobernantes de los estados fronterizos, comerciantes, instituciones públicas y sobre todo el ciudadano que sufre las consecuencias de falta de medidas de control y planificación por parte de las autoridades centrales y de la creación de mafias que giran en torno al contrabando de combustible. 

Otro aspecto que debe revisarse y que sirve de catalizador al problema es el diferencial cambiario entre ambas naciones, el valor de la moneda venezolana (bolívar) ha sucumbido ante el peso (Colombia) sin que se vislumbren medidas para recuperar la estabilidad y rentabilidad del bolívar. Aproximadamente hace 15 años, el diferencial entre ambas monedas era de 16 pesos por bolívar, lo cual reflejaba una disparidad a favor de Venezuela. Luego de diversos acontecimientos económicos y políticos acaecidos en la región, la balanza se ha inclinado a favor de Colombia gracias en parte al impulso del Estado colombiano en mejorar las condiciones económicas y sociales de sus ciudadanos y las políticas de control cambiario por parte de Venezuela. El cambio del peso colombiano en la frontera se puede obtener a razón de 22 pesos por bolívar, lo cual refleja sin lugar a duda que la balanza en estos tiempos se inclinó a favor del vecino país y que los inmensos dividendos atraen el interés de grupos delincuenciales o mafias en el área. 

Esta realidad monetaria ha impulsado considerablemente y de una forma alarmante el contrabando de combustible hacia Colombia, las ganancias que genera un tanque de 50 litros el cual cuesta en Venezuela 1 dólar, se acrecienta al cruzar los límites entre ambas naciones, llegando a valorarse este tanque de combustible en 50 dólares aproximadamente. 

Tal contexto no escapa a la conformación de grupos organizados alrededor de este flagelo que han desplazado a los grupos familiares que desde hace años venían desarrollando esta actividad como medio de sustento. La conformación de mafias o grupos violentos que controlan este negocio no debe sorprender a las autoridades, la presencia del Estado no solo puede resumirse a la mera presencia militar sino de todas las instituciones y organismos que velen por el desarrollo de políticas que minimicen el impacto de  los problemas de pobreza y desigualdad que se observan en estos espacios fronterizos.

La incapacidad de un Estado y las consecuencias para el ciudadano

Las políticas públicas tienen como propósito fundamental, resolver una problemática o situación adversa a los intereses de los ciudadanos. En este caso si el tema a resolver es la carencia de combustible en los estados fronterizos con Colombia debido a la supuesta evasión de gasolina hacia la vecina Colombia, entonces no se entiende porque una medida regulatoria como el llamado chip o tarjeta electrónica para surtir combustible mediante un cupo diario, busca frenar o detener la verdadera raíz del problema como lo es el contrabando de este rubro. Se está atacando una consecuencia o efecto del problema, más no el origen real ni las variables que están influyendo en que esta realidad siga presente y ocasionando malestar entre los ciudadanos. 

Atacar las raíces u origen del problema debe ser la premisa para los planificadores y diseñadores de esta política energética, la cual debería acometer estrategias para frenar el contrabando de un rubro cuyo entorno monetario en comparación con Colombia, lo convierten en un producto de inmensas ganancias, con dividendos que van hasta un 400% y que mina de corrupción a funcionarios del Estado que deben garantizar la seguridad y control en las fronteras. 

La ausencia de políticas para frenar el contrabando denota falta de interés e incapacidad, la puesta en práctica de la instalación del chip no ha frenado el avance o flujo de gasolina a Colombia como lo demuestra la realidad de las poblaciones colombianas que viven y comercian con el combustible venezolano. La aceptación por parte del gobierno colombiano de los llamados pimpineros o vendedores ambulantes de combustible en el 2007 como parte de una economía legal y convertirlos en Cooperativas, supone un aliciente a las mafias y grupos que comercian ilegalmente este producto hacia Colombia y pone en duda las capacidades de las autoridades venezolanas para frenar su contrabando o extracción ilegal. 

El abandono por parte del Estado y por ende el deterioro en la calidad de vida de miles de venezolanos que residen en estos espacios fronterizos se manifiesta en la realidad social, económica y de seguridad de estas regiones. La salida de Venezuela de la CAN dio al traste con miles de empleos y empresas en la zona las cuales sustentaban gran parte del comercio sin que se vislumbren medidas alternas a este efecto. De acuerdo a lo expresado por Alexis Balza, Director de Política de la Gobernación del estado Táchira (2010) “Son más de 40 mil familias que viven del comercio binacional, cerca de 25 mil empleos, solamente en San Antonio del Táchira, se han perdido en los últimos años, producto de estas desacertadas políticas del Gobierno central. Al mismo son más de 300 empresas que han cerrado las puertas, más de 200 transportadoras y más de 5 almacenadoras”. Este panorama desolador sirve de aliciente al contrabando como flagelo.

Largas y tediosas colas para surtir combustible en el estado Táchira, inconvenientes y molestas trabas para quienes no residen en la entidad, forman parte del ambiente cotidiano en el cual los ciudadanos de esta región tienen que afrontar a diario mientras los volúmenes de contrabando no disminuyen. La medición más clara está del lado colombiano al observar como las Cooperativas de pimpineros aún mantienen altos volúmenes de venta del combustible extraído de Venezuela. 

La instalación del llamado chip o tarjeta electrónica de control inició a comienzo del 2011 en el estado Táchira como una medida que buscaba frenar el contrabando de combustible. La implementación de este mecanismo en otros estados fronterizos, denota nuevamente la incapacidad del Estado en el combate al contrabando de este rubro, el cual no muestra políticas claras, transparentes y efectivas para frenar el flujo de combustible que a diario cruza los límites que separan a Venezuela de Colombia con facilidad y ante la mirada atónita de las autoridades venezolanas.

Conclusiones 

Este panorama desolador y desesperanzador del contrabando de combustible ha creado en la frontera colombo venezolana, el terreno fértil para la incursión de grupos irregulares, mafias y otras modalidades delincuenciales en la región, quienes se aprovechan de la falta de fuentes de empleo y la ausencia de alternativas por parte del Estado, para captar adeptos a sus grupos delincuenciales o mafias de contrabando. 

Las inmensas ganancias generadas por esta modalidad de delito solo pueden ser contrarrestadas con políticas que incidan en las causas de este fenómeno como son la desinversión social, cultural y económica en la región, la ausencia de políticas macroeconómicas que permitan estabilizar el diferencial cambiario así como también la implementación de medidas para frenar la salida de millones de litros de combustible hacia Colombia. 

Mientras no se integren y adopten medidas por parte del Estado, cualquier otro mecanismo como el denominado chip, no detendrá el extraordinario y creciente flujo de combustible hacia el vecino país, creando tan solo malestar para la inmensa cantidad de ciudadanos que requieren y urgen, políticas coherentes e integrales que involucren a los todos los actores sociales e institucionales en la solución del problema del contrabando de combustible.

Bibliografías

Fundación Arco Iris (2012) Informe del mes de junio del 2012.(Página web en línea). Disponible en: http://www.arcoiris.com.co 

González, H. (1.990). Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. F.C.E. México.

Laurent, M (2008) Contrabando en Colombia en el siglo XIX. Ediciones Alco. Bogotá, Colombia.

Niño, G. (2003) El Táchira fronterizo. Revista Geo-enseñanza. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. 

Zambrano, L (2012) Contrabando de gasolina del Zulia hacia Colombia financiaría a las FARC. Diario 6to Poder, p-16.

Vargas H. (2007) Frontera colombo-venezolana; el contrabando de gasolina. Editorial Sur. Bogotá, Colombia.

Zaragoza, España; modelo de una ciudad ecologica.wmv

Cuando la incapacidad genera molestias a la ciudadania

Cooperación Transfronteriza y Seguridad; herramientas para una nueva agenda de desarrollo

 

Resumen: La dinámica de la vida en las fronteras no ha estado exenta de conflictos y problemas tales como el contrabando, la migración ilegal, grupos irregulares y el accionar de la delincuencia internacional. La formulación de una política de desarrollo en los actuales escenarios mundiales, implica no tan solo la aplicación de herramientas de integración macroeconómica y de intercambio de bienes y servicios, conlleva a analizar la cooperación transfronteriza como mecanismo para articular el desarrollo y así enfrentar un fenómeno social que socava la vida de sus ciudadanos como lo es la inseguridad. Los procesos democráticos en América Latina y el Caribe son aún frágiles, por ello las vulnerabilidades que enfrentan se han convertido en grandes desafíos tanto para el Estado como para las sociedades de la región.

Palabras Claves: Seguridad, Cooperación, Frontera, Desarrollo, Políticas Públicas.  

Abstract: The dynamics of life on the border has not been without its conflicts and problems such as smuggling, illegal migration, irregular groups and the activities of international crime. The formulation of development policy in the current world stage, involves not only the implementation of macroeconomic integration tools and exchange of goods and services, leading to analyze cross-border cooperation as a mechanism to coordinate the development and to deal with a phenomenon undermining social life of its citizens as it is insecurity. Democratic processes in Latin America and the Caribbean are still fragile, so the vulnerabilities they face have become major challenges for both the State and societies in the region.

Keywords: Security, Cooperation, Border, Development, Public Policy.

Introducción:

Desde comienzo de los años noventa, América Latina ha adoptado un regionalismo abierto como estrategia para lograr su desarrollo, perfeccionar su competitividad internacional y optimizar la coordinación de políticas que permitan a sus estados miembros ampliar la calidad de vida de sus ciudadanos. Lograr estos objetivos ha estado envuelto de una serie de trabas sociales, culturales y políticas que visualizan una sucesión de retos que en conjunto los países de la región deben afrontar si se desean alcanzar las metas previstas.

La formulación de una política de desarrollo en los actuales escenarios mundiales, implica no solo la aplicación de herramientas de integración macroeconómica y de intercambio de bienes y servicios, sino que también conlleva a analizar la cooperación transfronteriza como mecanismo para articular el desarrollo y así como enfrentar un fenómeno social que socava la vida de sus ciudadanos como lo es la inseguridad.

La dinámica de la vida en las fronteras no ha estado exenta de conflictos y problemas tales como el contrabando, la migración ilegal, grupos irregulares y el accionar de la delincuencia internacional. Estos grupos han encontrado en estos espacios las condiciones propicias para actuar, en virtud que las fronteras en Latinoamérica siempre fueron áreas abandonadas por los gobiernos centrales y retiradas de las grandes zonas industrializadas y de poder.

El constante movimiento de estos grupos delictivos a lo largo de ambos sectores de la frontera como lo es el caso de Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador, Perú-Brasil, para mencionar algunos casos, suponen para los Estados implicados un esfuerzo en conjunto que conlleva a la planificación y ejecución de políticas de cooperación transfronteriza que les permitan mitigar las consecuencias de este flagelo. Dentro de estas actividades de cooperación está la creación de mecanismos de coordinación, control y monitoreo de los espacios fronterizos, teniendo presente que la dinámica social exige facilidades de traslado de personas, productos, bienes y servicios que permitan desarrollar ambas regiones sin menoscabo de su soberanía.

Nuevas realidades, nuevos actores

En la reciente IV Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Cartagena (Colombia) entre el 13 y 15 de Abril del 2012, unos de los temas claves a discutir y de los cuales se elaboró un documento provisional, fue el combate al narcotráfico y de las consecuencias que este problema trae a las naciones americanas. Aunque no hubo un acuerdo final, se plantearon diversas opciones, desde la deslegalización del consumo, hasta mejores medidas de control. Esto demuestra la intención de atacar en conjunto con los nuevos actores sociales, una problemática de afecta a todos por igual y que con gran facilidad traspasa las fronteras geográficas de las naciones causando daños irreparables en la sociedad y colocando una marca negativa en el desarrollo de la región.

La aparición de nuevos actores en el contexto de la cooperación transfronteriza y el desarrollo de políticas de seguridad viene dado por la constante dinámica comercial, social, política y cultural en el que están envueltos los países. Desde empresarios locales,  Organizaciones No Gubernamentales (ONG), grupos ambientalistas, organizaciones pro-defensa de los derechos humanos, empresas transnacionales, organizaciones humanitarias, entre otras, pugnan a diario por mejores condiciones para el logro de los objetivos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Dejar atrás décadas de atraso y problemas limítrofes, conlleva a implementar nuevas herramientas de cooperación que permitan la integración regional a fin de afrontar las nuevas realidades de un mundo globalizado.

También hay que destacar otros actores no estatales, pero que están allí presente y causan estragos en la sociedad, como lo son las bandas delictivas, el contrabando, grupos irregulares que aún a pesar del desarrollo alcanzado por naciones latinoamericanas, persisten y tienen su accionar en espacios abandonados y desasistidos por los gobiernos centrales. Estos actores igualmente forman parte de la nueva realidad que deben ser tomados en cuenta a la hora de planificar y desarrollas políticas que involucren a los espacios fronterizos. Entre ellos podemos nombrar a los empresarios, comerciantes, productores agrícolas, gremios, etc.

Para afrontar estas nuevas realidades, es necesario crear nuevos vínculos entre los actores sociales y políticos que hacen vida en las regiones fronterizas, establecer nexos de cooperación y coordinación a fin de que puedan enfrentar en forma compartida los problemas similares que allí se presentan. El entorno actual de las fronteras en América Latina y el Caribe exige innovación, nuevas estrategias y la articulación de esfuerzos, no concebir la cooperación sin estos mecanismos, se traduciría en más retraso y abandono de las fronteras.

La capacidad de los Estados modernos en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos está entredicha, es por eso que se hace necesario involucrar a todos los actores de la sociedad sin distingo de preferencia política o social, los recursos con los cuales cuentan los gobiernos son escasos para satisfacer los requerimientos de un ciudadano que cada día se hace mas exigente.

A tal efecto,  Salazar, P. (2002) resalta que:

 “Los nuevos escenarios en los cuales se desenvuelven la dinámica regional, esgrimen nuevos esfuerzos por parte del Estado y la Sociedad en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, los cuales se podrán alcanzar cuando se rompan barreras que impiden el desarrollo de los países de la región”. 

Como resultado de los nuevos procesos de desarrollo en América Latina y el Caribe y el creciente protagonismo de actores no estatales, los Estados se han vistos obligados a cooperar más allá de los recelos propios de las diferencias políticas y de conflictos limítrofes del pasado. Así mismo, las consecuencias de las acciones de los actores transnacionales como el narcotráfico y el contrabando, ponen entredicho la capacidad de respuesta de los gobiernos y obliga a desarrollar estrategias para afrontar nuevas realidades y la llamada nueva amenaza del siglo XXI, la inseguridad.

        

La Cooperación Transfronteriza como mecanismo idóneo para enfrentar nuevos retos

Existe una necesidad imperante de reformar en América Latina y el Caribe la dimensión política e institucional de la integración. Esta aseveración también alude a legitimar las democracias de la región y proveer de recursos humanos y materiales a los Estados a fin de hacer viable una serie de políticas mediante procesos de cooperación más estables y permanentes. Los nuevos procesos de integración del siglo XXI en la región, permiten redefinir el concepto de frontera y de soberanía, a través de la creación de mecanismos que permitan la cooperación trasnacional y enfrentar los retos para su desarrollo.

De acuerdo a lo expresado por Rivera, S. (2004) “Las políticas de cooperación tienen por objeto promover un enfoque coherente e integrado del desarrollo regional, afrontar los retos comunes, garantizar la eficacia y la seguridad en las fronteras y fomentar la cooperación local”. Esta definición de cooperación transfronteriza abre una nueva dimensión del desarrollo local, rompiendo rígidas divisiones nacionales y creando nuevas áreas de participación para todos los actores que hacen vida en las fronteras.

Dentro de los paradigmas a romper para cumplir lo establecido en las doctrinas de Cooperación Transfronteriza, los Estados deben crear nuevos mecanismos de participación para los nuevos e importantes actores que influyen en la actividad fronteriza y que han sido mucho antes de redefinirse el concepto de integración en Latinoamérica y el Caribe, los propulsores de los movimientos e iniciativas en esta materia como lo son las sociedades, empresarios, comerciantes para mencionar algunos de ellos.

Así mismo, la cooperación transfronteriza presenta una serie de dificultades que van desde el recelo por parte de los gobiernos centrales, diferencias económicas entre los países, distintos niveles de capacidad de gestión, divergencias en el grado de descentralización y por lo tanto en el peso político de los actores de ambos puntos de la frontera.

La realidad contradictoria de iniciativas de integración y de la creación de regiones o zonas de integración fronteriza en América Latina, deja ver las dificultades e inconvenientes que han tenido que afrontar estas regiones para hacer realidad sus propósitos. El papel de promotores de estos mecanismos por parte de los actores de frontera, debe ser analizado y considerado en las políticas de cooperación que se vayan a planificar y ejecutar.

A tal efecto Rivera, S. (2004) establece algunos pasos a seguir para el establecimiento de la cooperación transfronteriza: 1) Información, en la cual las instituciones de los dos territorios se conocen y “evalúan” mutuamente; 2) Consultas recíprocas antes de implementar políticas o medidas a nivel local que puedan directa o indirectamente tener impacto en el otro lado de la frontera; 3) Armonización de leyes y reglamentos; y 4) Integración de los territorios como un único espacio (no se puede implementar una integración en uno o más ámbitos, sin pasar previamente por las tres etapas anteriores).

El primer paso de la información entre ambos territorios se ha convertido en un proceso innato de las regiones fronterizas en Latinoamérica y el Caribe, los años de abandono por parte de los gobiernos centrales han permitido la interacción de estas poblaciones, la necesidad de compartir bienes y servicios, ha propiciado que las iniciativas de integración surjan de estas mismas regiones, por lo tanto gran parte del trabajo esta ejecutado, la compenetración social y cultural de los pueblos de frontera es un gran avance en este propósito.

Las consultas recíprocas antes de implementar las políticas que puedan impactar en el vecino, vienen dadas mediante la implementación de mecanismos de coordinación y consultas que permitan evaluar las ventajas y desventajas de las estrategias a seguir para resolver problemáticas que afectan en conjunto a las comunidades fronterizas. La creación de dispositivos que permitan igualmente la participación de los actores de frontera es indispensable.

Armonizar las leyes en ambas regiones fronterizas, pasa por articular el esfuerzo de los gobiernos centrales en este aspecto. Una de las debilidades en los gobiernos Latinoamericanos y del Caribe, es la marcada tendencia al centralismo lo cual provoca un distanciamiento de la realidad de las fronteras a pesar del grado de desarrollo alcanzado y de importancia de las fronteras en el siglo XXI. En muchas naciones del hemisferio aún las legislaciones en materia de fronteras están desfasadas, muchas en estudios y otras en las promesas de los gobernantes. Mientras no se logren engranar los estatutos, códigos y demás mecanismos legales que rigen aspectos en común, no se podrán alcanzar los niveles de Cooperación Transfronteriza esperados.

El fin último del proceso se logra al integrar como un solo espacio las regiones fronterizas de ambas naciones. Modelos como el obtenido por la Unión Europea han permitido enlazar sus fronteras internacionalmente, así como han fortalecido su papel como bloque de integración. En Latinoamérica la situación es contradictoria, esfuerzos se han hecho a fin de mejorar la capacidad de cooperación transfronteriza, entre las causas por las cuales no se han cristalizado los propósitos podemos mencionar el celo de actores económicos y sociales, el pensamiento desconfiado de perder soberanía ante otro Estado, la ausencia de una visión integral y clara sobre el concepto y los propósitos del desarrollo, y sobre todo la falta de voluntad política que permita articular los esfuerzos necesarios para el logro de esta meta.

El éxito de los procesos de cooperación transfronterizo recae en la voluntad política y el papel que jueguen las instituciones encargadas de transformar esas ideas en hechos concretos y permanentes. Una radiografía de la capacidad de las instituciones en Latinoamérica, muestra una gran debilidad en cuanto a la capacidad organizacional, gerencial y humana, así como lo describe Kelly, J. (2004) al señalar que este panorama exige reforzar las instituciones como herramienta para el cumplimiento de las políticas.

Desde el punto de vista de integración económica, el análisis de procesos exitosos de cooperación transfronteriza entre regiones con asimetrías económicas, políticas y sociales y con intereses distintos de cooperación, se vuelve cada día más importante y exige de los Estados la implementación de mejores estrategias y mecanismos de integración. El éxito del modelo europeo cuyos frutos positivos son parte de una gran interacción y de la incorporación de elementos de planeación eficaces, permiten visualizar una experiencia que sirva de base al proceso en Latinoamérica.

Muchas iniciativas regionales han nacido a fin de desarrollar mecanismos que conlleven a la cooperación e integración regional. El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) viene desarrollando desde 2005 el Programa de Cooperación en Seguridad Regional a través de la realización de seminarios, estudios y publicaciones donde se ha tratado lo relacionado a la problemática de las agendas que vienen ejecutando los países Latinoamericanos para enfrentar las posibles amenazas a su seguridad interna y externa en el contexto de la dinámica internacional del Siglo XXI.

La Inseguridad; flagelo sin fronteras

Los impactos negativos de la inseguridad en América Latina y el Caribe en el desarrollo económico y social no se limitan a gastos incurridos en esta actividad que podrían emplearse en programas de salud y educación, sino que también influyen en la reducción del capital humano, capital social y de las tasa de ahorro e inversión.

Según Ospina y Giménez (2009) los costos estimados para la región latinoamericana producidos por la violencia alcanzaron para el 2008 un 10,6% del producto interno bruto (PIB) en Colombia y magnitudes similares en Venezuela, El Salvador, Brasil, México y Honduras. Estos costos adquieren de igual manera dimensiones no previstas en muchas planificaciones como lo son el aumento de la mortalidad debido a los homicidios, los cuales ocasionan mayores gastos de los previsto en equipos y materiales para las autopsias, implementos médicos para los heridos en riñas callejeras, accidentes con armas de fuego, etc, así como también un crecimiento en los gastos de combustible de las ambulancias, horas extras de conductores, funcionarios policiales y personal médico.  

También hay que resaltar los llamados efectos multiplicadores de la violencia que son la menor acumulación de un capital humano imprescindible para el desarrollo de los países, una menor tasa de participación en el mercado laboral implica una reducción en la calidad de la fuerza laboral, ausentismo laboral y la búsqueda de mano de obra en otras regiones del mundo. Este efecto asimismo impacta negativamente en la productividad que presenta dificultades en la concentración de esfuerzos y recursos, desmotivación de su personal y el empleo de horas nocturnas a fin de poder satisfacer la demanda y cumplir sus metas de producción, todo esto ocasiona un aumento de los costos.

La discusión sobre este tema, lleva a considerar la disminución del ahorro y la inversión con el consecuente efecto negativo en el crecimiento económico en la región y la disminución en la calidad de vida producto de los altos índices de inseguridad. El traslado de empresas y fábricas hacia regiones que presentan mejores condiciones de seguridad y por ende la disminución de los puestos de trabajo, son detonantes para que se acrecienten los problemas de violencia. La  reducción de la efectividad de las políticas fiscales, producto de una menor recaudación en ingresos tributarios, redunda en los planes y programas económicos e impide focalizar el gasto social en las regiones.

La violencia domestica como otra dimensión de la inseguridad, incide en la inserción de la mujer en el campo laboral, la falta de concentración y desmotivación en el trabajo ha sido objeto de estudios por parte de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual en su Informe Anual del 2008 destaca:“La violencia domestica ha reducido drásticamente la inclusión de la mujer en programas de desarrollo comunitario, acceso a créditos y programas, lo cual ha implicado una disminución en los ingresos familiares”.

Dentro de estos efectos multiplicadores de la violencia en la región y que inciden negativamente en su desarrollo, se encuentra de igual forma la erosión del capital social necesario e imprescindible para el sostenimiento de las democracias. La desmotivación de los ciudadanos producto de las crecientes cifras de inseguridad, causan un efecto nocivo a la salud de los Estados Latinoamericanos, socavando las bases morales y sociales sobre las cuales se sostienen los gobiernos en la región.

Este panorama ha llevado a considerar a las naciones Latinoamericanas y del Caribe el problema de la inseguridad como un objetivo primordial en sus estrategias de desarrollo social y económico y para ello están obligados a aunar esfuerzos en virtud que dicha problemática traspasa los límites geográficos provocando la conformación de grupos irregulares, contrabando y actividades delictivas especialmente en los espacios fronterizos abandonados.  

Otro aspecto que está comenzando a considerarse es la seguridad como herramienta para el fortalecimiento de las democracias en Latinoamérica. Tras décadas de gobiernos militares y de inestabilidad política, la región ha iniciado un proceso abrupto que la llevado a experimentar modelos que permitan alcanzar los niveles de desarrollo esperados y mantener el orden político alcanzado.

Los procesos democráticos en América Latina y el Caribe son aún frágiles, por ello las vulnerabilidades que enfrenta se han convertido en grandes desafíos tanto para el Estado como la sociedad que viven la calamidad de problemas como el auge de la violencia, la pobreza y la debilidad institucional para mencionar algunos. El reto de las sociedades actuales y futuras recae en exigir y ser parte de los programas y proyectos que permitan la solidez de los nuevos procesos de integración en búsqueda de la solución a mediano plazo para problemas estructurales como la inseguridad.

Conclusiones  

La implementación de nuevas herramientas para la integración regional y el alcance de las metas de progreso previstas en los enfoques de desarrollo en América Latina y el Caribe, exige de los Estados miembros un esfuerzo para la renovación y fortalecimiento institucional, dejando atrás vicios y errores de experiencias negativas en los procesos de integración iniciados a finales de los años 60.

La cooperación transfronteriza no debe quedar solo en un vago concepto, la puesta en práctica de esta definición conlleva la evolución de las instituciones encargadas de ejecutar estas políticas y adecuarlas a las exigencias y objetivos de la integración. Mejorar la competitividad, las infraestructuras regionales e implementar tecnologías, permitirá preparar el terreno idóneo para espacios de desarrollo de las fronteras. De igual forma el mejoramiento de la calidad de vida y la coordinación entre los Estados, reducirá espacio a la acción de bandas delictivas que operan en las fronteras, brindándole la confianza que se requiere para la inversión.

Para ello es necesario construir mecanismos de concertación entre las administraciones regionales y locales, que les brinden estabilidad y continuidad en el tiempo a las relaciones institucionales y también a la gestión de aspectos específicos de las problemáticas transfronterizas, como el intercambio comercial, lo social, lo cultural y la inseguridad como el fenómeno que afecta el desenvolvimiento de estos pueblos.

Para América Latina y el Caribe el proceso de cooperación transfronteriza apenas comienza a dar frutos, de la voluntad de las autoridades políticas y el apoyo de la sociedad dependerá que en los próximos años comiencen a hacerse realidad nuevas ventanas de cooperación, la ofensiva lanzada por los países Latinoamericanos en contra del sufrimiento que origina el problema de inseguridad, permite la creación de novísimas  expectativas para quienes vislumbran una nueva agenda de desarrollo para la región.

Referencias bibliográficas:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2008. Informe Anual. Washington D. C. USA.

Colomine, F. y Hernández L. (2008) Los desafíos de la seguridad transfronteriza: perspectivas de los acuerdos de seguridad en el norte de América del Sur. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Caracas, Venezuela

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Kelly, J. (2004) Políticas Públicas en América Latina; Teoría y práctica. Ediciones IESA, Caracas, Venezuela.

Ospina, N. y Giménez, G. (2009) La Violencia en Latinoamérica y sus efectos sobre la inversión y la educación. Universidad de Zaragoza, España. 

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Rodríguez, S. Morales, J. y Morales L. (2008) Las Fronteras de América Latina: Dinámica, procesos y elementos para su análisis. Universidad del Zulia, Venezuela.

Rivera. S. (2004) La gestión de la Cooperación Transfronteriza México – Estados Unidos en un marco de inseguridad global; problemas y desafíos. Estudios Fronterizos, Universidad de Baja California.