El contrabando de combustible en la frontera con Colombia; un flagelo que ha perdurado en el tiempo

 

 

Resumen: El contrabando como flagelo social tiene no solo en lo económico sino en lo cultural, social y en la seguridad de las naciones un impacto perjudicial y lesivo en los países involucrados. La realidad de las fronteras entre Venezuela y Colombia coincide con el incremento de los niveles de contrabando de combustible y la aparición de nuevos actores como mafias y grupos delincuenciales que percibieron las inmensas ganancias en la extracción de este producto. La  instalación de un chip o tarjeta electrónica como requisito obligatorio para surtir combustible no resuelve el problema puntual sino que genera malestar e inconvenientes al ciudadano sin que se vislumbren políticas coherentes y efectivas para este problema. 

Palabras claves: Contrabando, frontera, políticas públicas, delincuencia, desarrollo 

Abstract: Smuggling as a social scourge is not only economically but in the cultural, social and security of nations. The reality of the border between Venezuela and Colombia coincides with increasing levels of fuel smuggling and the emergence of new actors such as mafias and criminal groups who perceived the huge gains in the extraction of this product. The installation of a chip or circuit board as a mandatory requirement to supply fuel does not solve the specific problem but generates discomfort and inconvenience to citizens with no signs of coherent policies and effective for this problem.

Keywords: Smuggling, border, public policy, crime, development

Introducción

Destacar el contrabando en la frontera colombo venezolana como un flagelo social, nos lleva a revisar la historia de este modelo de intercambio o extracción ilegal de mercancías el cual se convirtió en una forma de vida para miles de ciudadanos que, motivados al abandono de un Estado de estos espacios fronterizos y de las facilidades geográficas y políticas de la época, recurrieron a esta práctica  que genera dividendos y dolores de cabeza a los actores económicos y políticos de ambas naciones.

Tal como lo afirma  Niño (2003) a finales del siglo XIX, la frontera de Venezuela con Colombia seguía siendo aquel territorio abandonado y descuidado de la época colonial, con escazas vías de comunicación hacia el centro del país y por lo tanto carentes de los recursos y mercancías que su patria natal les debería proporcionar. Esta realidad los llevó a implementar medidas que fueron más allá de la simple compra de víveres y productos  en la vecina Colombia, el contrabando como representación de una necesidad tomó riendas en la vida de ciudadanos que vislumbraron una forma de trabajo ante la ausencia de medidas de control y la carencia de productos para satisfacer las necesidades de la región. 

El contrabando como lo describe Green (1971) “es la introducción, exportación, producción, tenencia y/o comercio de géneros realizados en contra de la ley”. Esencialmente, ese ir en contra de la Ley es lo que define este oficio que ha sido considerado el segundo más antiguo del mundo entre las actividades profesionales humanas. 

Según González (1990) El contrabando existe hoy y ha existido siempre, lo que han cambiado son las formas que el contrabando adquiere a lo largo del tiempo. Es decir, el modo en que éste se realiza, las mercancías objeto de contrabando, y también el perfil de las personas que se han dedicado, o se dedican hoy.

Los últimos acuerdos comerciales entre Colombia y Venezuela del 2011, no reflejaron claramente las medidas conjuntas tendientes a combatir el contrabando de combustible y por ende el creciente aumento de esta actividad no parece tener obstáculos en su avance y sus consecuencias para las sociedades que hacen vida en las fronteras venezolanas.  El creciente aumento de los niveles de extracción de este rubro,  se ha convertido en una problemática para miles de ciudadanos venezolanos que deben soportar medidas arbitrarias para surtir de gasolina de una forma sencilla y coherente con la realidad de un país llamado en vías de desarrollo. Para las autoridades colombianas quizás el problema del contrabando suplió la ausencia de este producto en sus fronteras, pero los recientes estudios vislumbran la creación de mafias que explotan y enriquecen, así como el uso de estos recursos por parte de grupos delincuenciales e irregulares para financiar sus actividades.

De un negocio familiar a una industria de mafias: 

Pensar que luego de varios siglos de haberse establecido y desarrollados los espacios fronterizos de Venezuela con la vecina Colombia, persistan problemas de desabastecimiento, escasez de productos, tráfico de drogas y contrabando de combustible en estas regiones no debe sorprender a las autoridades y al ciudadano del centro del país. El abandono de estas zonas por parte del Estado persiste a pesar de haberse desarrollado mecanismos constitucionales y normativos que permitieron la creación de una nueva división política administrativa del país y de haberse desplegado políticas sociales, económicas y de desarrollo desde comienzos del siglo XX. 

La ausencia de políticas coherentes y efectivas para estas territorios, son claro reflejo de la realidad de las fronteras con el vecino Colombia. La carencia de una visión integral para las regiones quizás predomine entre las causas que llevan a que el ciudadano se sienta disminuido por la poca eficacia e implementación de mecanismos de desarrollo e inclusión en las políticas centralistas. La no adecuación e implementación de una Ley de Fronteras por parte de Venezuela es fiel reflejo del poco interés mostrado por el Estado en evitar que flagelos como el contrabando acrecienten su accionar en estos espacios desasistidos y menospreciados. 

El contrabando como flagelo social tiene connotaciones no solo en lo comercial sino en lo cultural, social y de seguridad de las naciones, distorsionando el comportamiento, valores y principios de quienes habitan en estos espacios, creándose en forma natural asociaciones o redes criminales que buscan obtener dividendos con estas prácticas ilegales y que además repercute en forma negativa en cualquier proceso de integración que desee implementarse. 

El último análisis de la fundación colombiana “Nuevo Arco Iris” del 06 de Junio del 2012, presume que existen vínculos entre el contrabando de gasolina por la frontera con el Zulia y el financiamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este estudio realizado entre el 2009 y el 2011, destaca el contrabando de este rubro como una fuente más de financiamiento de estos grupos irregulares. 

Esta presunción no es más que el preámbulo de diferentes y variadas opiniones que al respecto han mostrado los gobernantes de los estados fronterizos, comerciantes, instituciones públicas y sobre todo el ciudadano que sufre las consecuencias de falta de medidas de control y planificación por parte de las autoridades centrales y de la creación de mafias que giran en torno al contrabando de combustible. 

Otro aspecto que debe revisarse y que sirve de catalizador al problema es el diferencial cambiario entre ambas naciones, el valor de la moneda venezolana (bolívar) ha sucumbido ante el peso (Colombia) sin que se vislumbren medidas para recuperar la estabilidad y rentabilidad del bolívar. Aproximadamente hace 15 años, el diferencial entre ambas monedas era de 16 pesos por bolívar, lo cual reflejaba una disparidad a favor de Venezuela. Luego de diversos acontecimientos económicos y políticos acaecidos en la región, la balanza se ha inclinado a favor de Colombia gracias en parte al impulso del Estado colombiano en mejorar las condiciones económicas y sociales de sus ciudadanos y las políticas de control cambiario por parte de Venezuela. El cambio del peso colombiano en la frontera se puede obtener a razón de 22 pesos por bolívar, lo cual refleja sin lugar a duda que la balanza en estos tiempos se inclinó a favor del vecino país y que los inmensos dividendos atraen el interés de grupos delincuenciales o mafias en el área. 

Esta realidad monetaria ha impulsado considerablemente y de una forma alarmante el contrabando de combustible hacia Colombia, las ganancias que genera un tanque de 50 litros el cual cuesta en Venezuela 1 dólar, se acrecienta al cruzar los límites entre ambas naciones, llegando a valorarse este tanque de combustible en 50 dólares aproximadamente. 

Tal contexto no escapa a la conformación de grupos organizados alrededor de este flagelo que han desplazado a los grupos familiares que desde hace años venían desarrollando esta actividad como medio de sustento. La conformación de mafias o grupos violentos que controlan este negocio no debe sorprender a las autoridades, la presencia del Estado no solo puede resumirse a la mera presencia militar sino de todas las instituciones y organismos que velen por el desarrollo de políticas que minimicen el impacto de  los problemas de pobreza y desigualdad que se observan en estos espacios fronterizos.

La incapacidad de un Estado y las consecuencias para el ciudadano

Las políticas públicas tienen como propósito fundamental, resolver una problemática o situación adversa a los intereses de los ciudadanos. En este caso si el tema a resolver es la carencia de combustible en los estados fronterizos con Colombia debido a la supuesta evasión de gasolina hacia la vecina Colombia, entonces no se entiende porque una medida regulatoria como el llamado chip o tarjeta electrónica para surtir combustible mediante un cupo diario, busca frenar o detener la verdadera raíz del problema como lo es el contrabando de este rubro. Se está atacando una consecuencia o efecto del problema, más no el origen real ni las variables que están influyendo en que esta realidad siga presente y ocasionando malestar entre los ciudadanos. 

Atacar las raíces u origen del problema debe ser la premisa para los planificadores y diseñadores de esta política energética, la cual debería acometer estrategias para frenar el contrabando de un rubro cuyo entorno monetario en comparación con Colombia, lo convierten en un producto de inmensas ganancias, con dividendos que van hasta un 400% y que mina de corrupción a funcionarios del Estado que deben garantizar la seguridad y control en las fronteras. 

La ausencia de políticas para frenar el contrabando denota falta de interés e incapacidad, la puesta en práctica de la instalación del chip no ha frenado el avance o flujo de gasolina a Colombia como lo demuestra la realidad de las poblaciones colombianas que viven y comercian con el combustible venezolano. La aceptación por parte del gobierno colombiano de los llamados pimpineros o vendedores ambulantes de combustible en el 2007 como parte de una economía legal y convertirlos en Cooperativas, supone un aliciente a las mafias y grupos que comercian ilegalmente este producto hacia Colombia y pone en duda las capacidades de las autoridades venezolanas para frenar su contrabando o extracción ilegal. 

El abandono por parte del Estado y por ende el deterioro en la calidad de vida de miles de venezolanos que residen en estos espacios fronterizos se manifiesta en la realidad social, económica y de seguridad de estas regiones. La salida de Venezuela de la CAN dio al traste con miles de empleos y empresas en la zona las cuales sustentaban gran parte del comercio sin que se vislumbren medidas alternas a este efecto. De acuerdo a lo expresado por Alexis Balza, Director de Política de la Gobernación del estado Táchira (2010) “Son más de 40 mil familias que viven del comercio binacional, cerca de 25 mil empleos, solamente en San Antonio del Táchira, se han perdido en los últimos años, producto de estas desacertadas políticas del Gobierno central. Al mismo son más de 300 empresas que han cerrado las puertas, más de 200 transportadoras y más de 5 almacenadoras”. Este panorama desolador sirve de aliciente al contrabando como flagelo.

Largas y tediosas colas para surtir combustible en el estado Táchira, inconvenientes y molestas trabas para quienes no residen en la entidad, forman parte del ambiente cotidiano en el cual los ciudadanos de esta región tienen que afrontar a diario mientras los volúmenes de contrabando no disminuyen. La medición más clara está del lado colombiano al observar como las Cooperativas de pimpineros aún mantienen altos volúmenes de venta del combustible extraído de Venezuela. 

La instalación del llamado chip o tarjeta electrónica de control inició a comienzo del 2011 en el estado Táchira como una medida que buscaba frenar el contrabando de combustible. La implementación de este mecanismo en otros estados fronterizos, denota nuevamente la incapacidad del Estado en el combate al contrabando de este rubro, el cual no muestra políticas claras, transparentes y efectivas para frenar el flujo de combustible que a diario cruza los límites que separan a Venezuela de Colombia con facilidad y ante la mirada atónita de las autoridades venezolanas.

Conclusiones 

Este panorama desolador y desesperanzador del contrabando de combustible ha creado en la frontera colombo venezolana, el terreno fértil para la incursión de grupos irregulares, mafias y otras modalidades delincuenciales en la región, quienes se aprovechan de la falta de fuentes de empleo y la ausencia de alternativas por parte del Estado, para captar adeptos a sus grupos delincuenciales o mafias de contrabando. 

Las inmensas ganancias generadas por esta modalidad de delito solo pueden ser contrarrestadas con políticas que incidan en las causas de este fenómeno como son la desinversión social, cultural y económica en la región, la ausencia de políticas macroeconómicas que permitan estabilizar el diferencial cambiario así como también la implementación de medidas para frenar la salida de millones de litros de combustible hacia Colombia. 

Mientras no se integren y adopten medidas por parte del Estado, cualquier otro mecanismo como el denominado chip, no detendrá el extraordinario y creciente flujo de combustible hacia el vecino país, creando tan solo malestar para la inmensa cantidad de ciudadanos que requieren y urgen, políticas coherentes e integrales que involucren a los todos los actores sociales e institucionales en la solución del problema del contrabando de combustible.

Bibliografías

Fundación Arco Iris (2012) Informe del mes de junio del 2012.(Página web en línea). Disponible en: http://www.arcoiris.com.co 

González, H. (1.990). Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. F.C.E. México.

Laurent, M (2008) Contrabando en Colombia en el siglo XIX. Ediciones Alco. Bogotá, Colombia.

Niño, G. (2003) El Táchira fronterizo. Revista Geo-enseñanza. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. 

Zambrano, L (2012) Contrabando de gasolina del Zulia hacia Colombia financiaría a las FARC. Diario 6to Poder, p-16.

Vargas H. (2007) Frontera colombo-venezolana; el contrabando de gasolina. Editorial Sur. Bogotá, Colombia.