martes, 19 de julio de 2011

La centralización de las carreteras y autopistas, un golpe fatal a la calidad de vida

 

Establecer el grado de bienestar integral de una sociedad pasa por instituir las condiciones de vida indispensables para que los ciudadanos alcancen una calidad de vida deseada. Para ello, el Estado a través del gobierno nacional, regional o municipal, está en la obligación de resolver los problemas que se presentan para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades.

A comienzos de 2009 el gobierno nacional reformó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, la cual en su artículo 8 expresa que “el Ejecutivo Nacional podrá revertir, conforme al ordenamiento jurídico, la transferencia de las competencias concedidas a los estados, para la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras, puertos y aeropuertos comerciales”.  Las motivaciones que llevaron al gobierno nacional a adoptar esta medida han sido objeto de numerosas críticas, las razones son obvias, contradice lo establecido en la Constitución de 1999 al reducir las capacidades de los gobernadores y alcaldes para cumplir sus funciones como servidores públicos, asimismo, va en contra de los nuevos preceptos de la gerencia y la administración pública en cuanto al acercamiento de la administración a los administrados para lograr fluidez en la solución de los problemas.

De acuerdo con informaciones del presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, la vialidad de todo el país está deteriorada entre 60 y 70%, sin que el gobierno nacional presente planes y programas concretos de mantenimiento y restauración de estas vías de comunicación. 

El deterioro de las carreteras en Venezuela afecta directamente a todos los ciudadanos, especialmente a comerciantes, transportistas, turistas y usuarios en general, quienes aun no logran comprender por qué una nación petrolera y con los numerosos recursos económicos que obtiene a diario, presenta un panorama tan desolador en sus carreteras y autopistas. Vale la pena preguntarse ¿Dónde están los planes y programas de mantenimiento y reparación de estas vías de comunicación?, ¿Existen proyectos para la construcción de nuevas carreteras y autopistas?, si existen, ¿por que no son del conocimiento público? y ¿por qué no se están ejecutando con efectividad cuando este en un deber del Estado para con la sociedad?

En el estado Táchira la situación es evidente, basta con recorrer las carreteras para visualizar la problemática en todos los puntos geográficos, de norte a sur, de este a oeste, las vías de comunicación presentan grandes fallas que afectan considerablemente la movilidad de la población que necesita utilizar dichas vías para ir a sus sitios de trabajo, transportar sus productos agrícolas, artesanales, mercancías, o hacer turismo, todas estas actividades se han visto seriamente perjudicadas por las condiciones de intransitabilidad en las diferentes rutas.

Los objetivos planteados por el gobierno nacional no pueden estar separados de los objetivos del Estado, pues ello llevaría a una disyuntiva de gobernabilidad la cual debe estar sustentada en el acatamiento voluntario y legítimo, por parte de la mayoría de la población y de los grupos sociales, de las acciones y políticas públicas emitidas por la autoridad de gobierno. Este acatamiento depende en gran medida de la capacidad de gestión gubernamental, de la aptitud y oportunidad del gobierno en atender las demandas básicas de la población, de la compatibilidad de las creencias y valores de la mayoría de la población con el proyecto socio-político de los gobernantes, y de la percepción de los individuos sobre lo que hace y no hace el gobierno y de cómo ello afecta a sus vidas. Esto último constituiría el componente subjetivo de la gobernabilidad y moldearía las actitudes y los juicios sobre la "calidad" de la gestión gubernamental.

Venezuela no cuenta con una red ferroviaria y aeroportuaria que le permita brindar mejores condiciones y opciones a los venezolanos, mientras se logra esta meta, las carreteras y autopistas serán las únicas vías de comunicación idóneas para el transporte de sus productos, traslado de personas y equipos, por ello el Estado debe cumplir con la responsabilidad frente a un colectivo que exige mejores condiciones de las vías en aras de mejorar su calidad de vida.

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