“Una
victima se busca en cualquier lugar, el ladrón con experiencia escanea a la
persona rápidamente y ve si lleva cosas de valor, dice tiene zapatos de mil
bolívares, un blackberry último modelo, cuando son principiantes arrebatan las
carteras y se van, sin embargo, las personas no pueden vivir en zozobra, porque
uno convive con la delincuencia quiera o no quiera”. Palabras de un ex-delincuente.
La
violencia como fenómeno social es un síndrome en el que convergen muchos
factores que se refuerzan mutuamente, generando problemas más grandes que la
suma de sus partes. Existen muchos estudios a nivel mundial, nacional, regional
y local que intentan explicar las raíces de este conflicto social, debido
principalmente a que se ha roto el pacto de convivencia que, a lo largo de la
historia del hombre, la sociedad ha impuesto a través de leyes, normas y
regulaciones.
Casi
120 mil personas han muerto en Venezuela a manos de la inseguridad en los
últimos diez años, cifras alarmantes si las comparamos con guerras civiles u
otros conflictos regionales. Esto sin contar los miles de ciudadanos que han
sido objeto de hurtos, robos, atracos y secuestros. Estamos viviendo en un país
en guerra, una sociedad en conflicto en la cual el Estado en su incapacidad
para controlar este flagelo, esgrime discursos y pronunciamientos ajenos a la
realidad de las calles y experimenta soluciones que mas allá de reducir los
números violentos, llenan a la sociedad de miedo, zozobra y una incertidumbre
que los obliga a repensar sobre la responsabilidad del Estado y su
corresponsabilidad como sociedad para el diseño e implementación de medidas.
La
pobreza y desigualdad como características resaltantes en los países en
desarrollo son piedra angular en este complejo conflicto social que afecta a
sus habitantes, sin embargo, estudios recientes del Banco Mundial y otras
organizaciones indican que muchos delitos son cometidos por personas del mismo
estrato socioeconómico de la víctima. Venezuela a pesar de los inmensos
recursos económicos no escapa a esta realidad social, los índices de carencia e
inequidad se destacan en las altas cifras de violencia e inseguridad que se
viven en el país. Para muchos psicólogos, sociólogos, criminalistas y
trabajadores sociales, la principal raíz del problema reside en la brecha de
desigualdad de nuestros pueblos, reflejada esta inequidad en los barrios y la
marginalidad. Las respuestas de políticas públicas podrían ser más exitosas
para detener el auge de la delincuencia si conducen a la inclusión de
determinados segmentos de la población o a mitigar su exclusión.
Esta
cruda realidad que vive el venezolano, ha obligado a la sociedad a evolucionar
para evitar ser víctima de la violencia, forzándola a cambiar su estilo de
vida, limitando sus actividades de recreación y diversión por temor a ser
objeto de acciones delictivas. Los estudios de opinión señalan al fenómeno de la
inseguridad como la principal preocupación en la mayor parte de los estratos
sociales. Por medio de la radio, la televisión, las redes sociales, la prensa
escrita y digital, en fin, por todos los mecanismos de comunicación creados por
las sociedades modernas, se refleja la preocupación por este flagelo que afecta
a todos por igual sin distingo de raza, género, credo o afinidad política.
La
prevención del delito no queda solo en meras medidas caseras o fortuitas, pasa
por examinar las verdaderas causas que lo originan, hablar de prevención es
hablar de evitar el surgimiento de condiciones de vulnerabilidad social, por lo
tanto debe ser integral y para lograr este objetivo es vital el compromiso
entre el Estado y la sociedad, para lo cual los ciudadanos deberían exigir una
mejor actuación de los cuerpos de seguridad y mejores y más efectivas políticas
de prevención por parte de los gobiernos, llámese nacional, regional o
municipal.
Como
respuesta de la sociedad ante un Estado inerte se han creado mecanismos de
resguardo o de prevención del delito, los cuales han surgido de forma
espontánea a través de organizaciones civiles no gubernamentales. Los
ciudadanos están comprendiendo y concluyendo que es necesario asumir un nuevo
rol ante la sociedad que clama por la colaboración de todos por igual.
Según
Adela García Pírela, Profesora de Derecho Penal de la Universidad del Zulia, “Se
han desarrollado mecanismos de autoprotección de los cuales algunos podrían ser
válidos para resguardarse, pero paradójicamente otros son impulsadores de más
inseguridad. Si una persona está armada frente a cualquier conflicto, la
resolución de este podría implicar otro acto de violencia y ese no es el
objetivo”.
Una
de las causas del incremento de la inseguridad es que no existe una conexión
directa con el Estado, no prevalece esa identificación que permita denunciar y
sentirse seguro. Desde la creación de la Defensoría del Pueblo en 1999, no ha
habido un mayor impacto en la defensa de los derechos humanos, especialmente
los que implican la actuación de los cuerpos policiales en la vida, la
integridad física y la privacidad de la gente, en este contexto no se ha
logrado obtener seguridad, control de la criminalidad ni de prevención del
delito.
Los
cuerpos de seguridad en su accionar han sido rebasados por la agudeza y astucia
de la delincuencia para cometer sus delitos, suponer las causas de esta falta
de capacidad pasaría por examinar detenidamente el sistema de administración de
justicia, la legislación sobre la materia y sobre todo la brecha social existente.
La
delincuencia no es un problema político – partidista, es un problema social, de
salud pública, las personas están tomando conciencia de que el problema no es
solamente una percepción, la violencia está rebasando las barreras de la
división política que hay en el país en estos momentos. La responsabilidad de
cada ciudadano pasa por ser menos apáticos e indolentes, ello conlleva a
involucrar a las personas en el problema de la delincuencia presente en la
interacción social del día a día. No se puede construir una sociedad alrededor
de la inseguridad, por el contrario se debe levantar alrededor de la cultura,
la educación, la música, la convivencia y la participación de la comunidad.
La
prevención está claramente relacionada con oportunidades plenas para el
ejercicio de los derechos, para ello es indispensable enfrentar la exclusión
social, la violencia, la explotación, la deserción escolar y la ausencia de
principios y valores en el hogar. El control del delito comienza tomando conciencia
de que el problema existe, cobra vidas día tras día y sumerge al venezolano en
un estado de angustia que transforma psicológicamente su jornada.
Muchas
son las acciones, procedimientos y proyectos emprendidos para prevenir y evitar
ser objeto de la delincuencia, las cuales van desde planes de seguridad en
casa, al transitar por las calles o en el lugar de trabajo, pero de nada
valdrán si no existe la voluntad individual y el esfuerzo conjunto como
sociedad para articular acciones a fin de que estas medidas sean lo mas
efectivas posibles. Tal vez haga falta mas voluntad por parte de otros
organismos que parecen inertes ante el problema, tales como las Alcaldías y los
consejos comunales para construir mecanismos de participación y concertación que
permitan abordar la grave situación de inseguridad y sus implicaciones en la
vida de las comunidades, no con nuevas estructuras policiales ya que la
insuficiencia presupuestaria juega un papel adverso, sino involucrando a todos
en la búsqueda de soluciones.
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