jueves, 16 de agosto de 2012

La violencia juvenil en Venezuela; una realidad que requiere un compromiso mancomunado



Resumen: La participación de las comunidades en la solución de los problemas públicos va más allá de la simple transferencia de recursos. Las altas cifras de niños y jóvenes involucrados en hechos violentos muestran a una sociedad desordenada y trastornada que requiere acciones urgentes desde el punto de vista social. Las políticas a desarrollar por el Estado y la Sociedad deben distanciarse de simples retóricas y planes de seguridad, se deben enfocar en la familia y la escuela como entornos en los cuales se moldean las particularidades de cada niño y joven para insertarse en una sociedad que tiene el deber de brindarles las condiciones idóneas para su desarrollo humano.

Palabras claves: Violencia, Comunidad, Jóvenes, Homicidio, Familia.

Abstract: The involvement of communities in solving public problems goes beyond the simple transfer of resources. The high numbers of children and youth involved in violent events show a disordered society and upset that requires urgent action from the point of view. The policies to be developed by the State and society must move away from mere rhetoric and safety plans should focus on family and school as environments in which they shape the particularities of each child and young to be inserted in a society that has duty to provide suitable conditions for their development.

Keywords: Violence, Community, Youth, Murder, Family
 

Introducción:

El desarrollo de la sociedad y en este caso de las comunidades organizadas va más allá de la simple transferencia de recursos, el nuevo enfoque busca desarrollar nuevas capacidades que le permitan reducir la dependencia del Estado y por ende asumir un papel fundamental en la solución de los problemas públicos. 

La participación de la sociedad para influir en las decisiones de los gobiernos requiere de mejores mecanismos que les permitan a las comunidades involucrarse de manera efectiva en la solución de los problemas. La violencia como fenómeno social  entra a jugar un rol preponderante en esta nueva relación Estado – Sociedad, en donde la organización y participación ciudadana a través de las comunidades tiene que servir de referente para la prevención y disminución de los altos índices de inseguridad.

La incertidumbre que siempre queda en la mente de un padre o madre al salir su hijo de casa, está presente en miles de hogares venezolanos. Las altas cifras de violencia en las cuales se encuentran involucrados jóvenes (60% de los homicidios cometidos)  llaman a la reflexión a quienes tienen que lidiar con esta problemática. 

En este sentido se hace fundamental estudiar los aspectos estructurales del problema en diferentes ámbitos como la familia, la educación, fuentes de empleo, la educación sexual y el ocio, sin los cuales cualquier análisis o política pasa a engrosar las miles de propuesta fallidas para reducir los altos índices de violencia.

La sociedad venezolana tiene el deber de examinar este escenario el cual transforma y trastoca las bases fundamentales sobre las cuales se sustenta su futuro. Los niños y jóvenes involucrados en hechos de violencia son el reflejo de una sociedad desordenada y perturbada por diferentes variables que inciden en que se desvíen los principios y valores que sustentan el pacto social establecido en las normas.


Cifras preocupantes:

La violencia en un hecho normal en todas las sociedades, no hay sociedad que esté libre de violencia, ni tampoco sociedades donde la violencia sea el mecanismo único de interacción social. La violencia existe y es normada por todas las sociedades que la prohíben y la aceptan en ciertas condiciones y magnitudes (Durkheim 1978 citado por Briceño 2012).

Si bien es cierto lo expresado anteriormente, también es innegable que las variaciones en el comportamiento de este fenómeno deben ser regulados y controlados por el Estado, el cual crea y perfecciona las normas para incidir en la conducta de quienes tomen este modelo violento de interacción social. El peligro que representa para una sociedad que este fenómeno adquiera características generalizadas que modelen su proceder y transformen su actuación, debe llevar a la reflexión y preocupación de quienes deben diseñar e implementar mecanismos de control y regulación. La costumbre se hace norma y más en una sociedad donde la institucionalidad se ve afectada por la incertidumbre  y en donde la capacidad del Estado para controlar este flagelo se traduce en más planes de seguridad sin tomar en cuenta la premisa de las causas estructurales que lo originan.

De acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de Salud (2006), citadas por Briceño (2008), las víctimas de la violencia homicida en América Latina son fundamentalmente hombres, jóvenes y pobres. De estas cifras cabe destacar once países, entre los cuales se encuentra Venezuela, donde los homicidios son la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años.

A esta situación hay que agregarle cifras extraoficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para julio de 2012, citadas por Briceño (2012) donde resaltan que un 40% de los detenidos son jóvenes entre los 13 y 17 años de edad. A esta afirmación se suman las cifras de los 796 niños y adolescentes fallecidos por homicidios entre octubre del 2010 y septiembre del 2011 y en donde un 91% de estos actos violentos fueron cometidos por niños varones en edad escolar.

De acuerdo con cifras que maneja el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC) para el 2011, en el 60 % de los delitos cometidos en el país (73,9 homicidios por cada 100.000) existe un joven o adolescente involucrado como víctima o victimario, cifras muy elocuentes que deben llamar a la reflexión y concientización por parte del Estado. Este elevado número de hechos está fuertemente asociado a la naturalización de la violencia como forma de resolución de conflictos y el desconocimiento de medios alternativos que permitan recuperar la confianza y convivencia en una sociedad marcada por este fenómeno.

Esta realidad no queda simplemente en hechos delictivos ocurridos en las calles, las cárceles son parte de este escabroso problema que muy poco se conoce. Según datos  aportados por la Revista de Sanidad Penitenciaria de España,  para el 2010 en Venezuela el 61,3% de los reclusos son  jóvenes entre los 18 y 25 años, cifra que ratifica lo que se vive en las calles de Venezuela.

            Este panorama permite inferir la necesidad de asumir la participación de las comunidades como un elemento alternativo a la pobre capacidad del Estado para afrontar estos nuevos retos. Es por ello que la implementación de políticas debe ir enfocada a reducir los altos niveles de violencia en niños y jóvenes de forma integral con las comunidades y así poder generar un clima de confianza que permita recuperar la seguridad en las calles.


Cuando la sociedad clama por acciones:

La simbiosis entre la familia, la escuela y la sociedad moldean al niño y al adolescente. El estudio y análisis de estas tres estructuras son fundamentales para quienes diseñen las políticas sociales y para aquellos políticos, tecnócratas y ciudadanos que  vislumbran la problemática de la violencia como un flagelo social que urge atender. 

El problema de la violencia juvenil en Venezuela según las cifras es preocupante, más aún cuando se trata del pilar fundamental de la sociedad para el futuro: sus jóvenes, los cuales de acuerdo con las premisas del desarrollo, serán en pocos años la principal mano de obra en el país. ¿Cuál futuro le espera al país si los jóvenes son la principal víctima de la violencia? Ante tal realidad debe entrar en juego el trabajo mancomunado de la sociedad como respuesta alternativa. El trabajo comunitario debe concebirse como un esfuerzo  vinculado a fin de palear y disminuir los altos índices de inseguridad y sobre todo apalancar el trabajo en los niños y adolescentes. 

La nueva estructura organizativa de las comunidades en Venezuela da pie a la conformación de políticas impulsadas por el Estado a fin de coadyuvar en el combate a la violencia. Dentro de las mismas comunidades está gran parte del trabajo a fin de mejorar el panorama desolador que vive el venezolano. Muchas de estas actividades pueden enfocarse bajo un esquema comunidad – Estado configurando redes de trabajo bajo la supervisión y apoyo de los diferentes niveles de gobierno. En síntesis esta labor puede comprender los siguientes aspectos: En contexto familiar, El aspecto educativo, Las fuentes de empleo, La educación sexual y el Ocio.

En cuanto al contexto familiar, es primordial que la comunidad realice constantemente un monitoreo de la realidad de las familias que habitan en su colectividad. Conocer su composición y características es primordial a fin de detectar  focos de violencia intrafamiliar, niños en estado de abandono, condiciones de vida, así como otros aspectos que puedan servir de apoyo al trabajo comunitario y de los organismos públicos encargados de ejecutar políticas sociales.

En la Escuela al igual que la familia con referentes socializadores,  es primordial  el trabajo de la comunidad en mantener, cuidar y velar por la educación de sus habitantes. La Escuela para los niños y niñas de la comunidad debe convertirse en un segundo hogar dotado de las capacidades para una enseñanza de calidad, así como también capaz de focalizar las posibles causas de deserción escolar y visualizar alternativas para evitar el abandono del estudio. Las cifras de deserción escolar presentadas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en el 2010 citadas por Briceño (2012) resaltan un panorama para nada alentador, por cada 100 niños que ingresan al sistema educativo solo 37 culminan el sexto grado, de esta cifra tan solo el 90%, es decir treinta y cuatro (34) se inscriben en el primer año de educación media, de estos tan solo el 17% culminan estudios de educación diversificada, es decir, tan solo seis (06) alumnos egresan luego de cumplir el ciclo educativo. 

Este panorama obliga a emprender un trabajo integrado que permita reducir drásticamente el número de niños y jóvenes que abandonan el estudio. El uso y cuidado de las escuelas debe ser prioridad para quienes organicen el trabajo en las comunidades, así como el predominio de la escuela dentro del proyecto de vida familiar.

La búsqueda de una fuente de empleo ha sido otro de los aspectos a considerar y que debe ser revisado tanto por las comunidades como por el Estado. La generación de un trabajo idóneo para miles de jóvenes que deciden no continuar con sus estudios, debe ser premisa en este esfuerzo. La producción de alternativas de emprendimientos puede palear en cierto grado este problema así como la utilización de esta mano de obra en los diferentes proyectos de construcción que se vislumbren en las comunidades. El manejo de una data real del contexto laboral permitirá considerar posibles escenarios de participación y articulación para confrontar eficazmente este problema. 

A su vez, la educación sexual como herramienta para reducir los altos niveles de violencia juvenil debe llevar a las comunidades a la organización de charlas, talleres y actividades que permitan enfocar este problema hacia un trabajo directo con las familias propensas a este hecho. En las escuelas, centros religiosos y culturales debe  propiciarse la toma de medidas preventivas para evitar el embarazo precoz y por ende las consecuencias que este trae para las parejas y familias.

Finalmente las acciones para reducir el ocio deben ser consideradas y revisadas dentro de las políticas a implementar. El tiempo libre se traduce en ocio, por ello cuando se tiene la capacidad de practicar alguna actividad deportiva o cultural se puede generar una sana distracción. Es allí donde entra nuevamente en juego la dupla Estado – Sociedad como articulador de este esfuerzo. Por una parte la recuperación y acondicionamiento de los espacios públicos y deportivos debe ser premisa para quienes deseen desarrollar verdaderas políticas sociales enfocadas a mejorar las condiciones de los ciudadanos y reducir los altos índices de violencia. Por parte de las comunidades queda el deber de mantener y cuidar estos espacios, controlar su uso, desarrollar junto los organismos competentes programas y actividades deportivas y culturales, prevaleciendo el trabajo con los niños y jóvenes e implementando tareas que permitan combatir el ocio y traducir este tiempo en acciones que generen confianza y motivación especialmente en este sector. También es necesario destacar el deporte y la cultura como mecanismos alternativos de empleo y para el desarrollo de valores y cualidades personales.


Conclusión:

            Evaluar las desviaciones en el comportamiento de miles de niños y jóvenes venezolanos que incurren en hechos violentos, lleva a considerar causas estructurales ocasionadas en muchos casos en el hogar, cimentadas en la escuela y desarrolladas en una sociedad en la cual la institucionalidad deja entrever serias dudas sobre el respeto y aplicación de las normas de convivencia.

            La voluntad de los gobiernos en resolver esta problemática se refleja en la inversión y en la cantidad de recursos presupuestados para dar solución a la violencia juvenil. El escenario que presenta un país petrolero como Venezuela en esta materia contrasta con la realidad de los miles de niños y jóvenes involucrados en hechos delictivos y que exige en el tiempo mas perentorio, la participación activa de las comunidades y la presión enérgica para la toma de decisiones efectivas por parte de cada una de las instancias de gobierno.  

El reflejo problema social en Venezuela tiene dentro de sus matices el problema de la violencia juvenil, desarrollar políticas que permitan devolverle la confianza y la seguridad al venezolano requiere del apoyo y trabajo mancomunado entre las diferentes instancias de gobierno así como de la participación efectiva de la sociedad.        Tal vez los resultados de los programas y proyectos que se emprendan en el seno familiar, en la escuela y en la comunidad deban esperar un tiempo prudencial para percibir resultados claros, pero quedarse de brazos cruzados esperando efectos naturales o fortuitos y no invertir lo necesario en recursos humanos y materiales, puede desencadenar en un futuro próximo una generalización de la violencia y por ende la evolución en una sociedad anárquica y desordenada.
             
Lista de Referencias:

Bracho, C. (2008) Política Social. Editorial Mc Graw Hill. Madrid, España 

Briceño, L. (2012) Violencia e Institucionalidad. Informe del Observatorio Venezolano de la Violencia 2012. Editorial Alfa. Caracas, Venezuela.

Briceño, L. (2008) Inseguridad y Violencia en Venezuela. Informe del Observatorio Venezolano de la Violencia 2008. Editorial Alfa. Caracas, Venezuela.

Mascareño, C. (2003) Políticas Públicas siglo XXI: Caso venezolano. Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). Universidad Central de Venezuela.

Posada, A. (2010) Revista Española de Sanidad Penitenciario (Revista en Línea) consultada el 06 de Agosto del 2012 en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1575-06202008000100004&script=sci_arttext

Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas en Venezuela (2011). Manual del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC). Caracas, Venezuela.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada