martes, 7 de junio de 2011

Políticas de prevención ante desastres naturales: ¿Una utopía?


El Estado Venezolano dentro de sus atribuciones constitucionales y facultades establecidas en las leyes, está en el deber de planificar y desarrollar planes y programas que permitan disminuir sustancialmente los efectos que los desastres naturales causan. Estos planes deben contemplar estudios de las zonas, áreas o espacios de mayor riesgo sujetos a inundaciones, terremotos, deslaves, etc., así como también analizar y establecer los mecanismos de respuesta ante estos desastres. Basta con preguntarse ¿cuál es la capacidad del Estado para afrontar los inevitables desastres naturales y así mitigar los efectos, daños materiales y pérdidas humanas que estos traen consigo?
Basta con recordar el desastre ocurrido en el estado Vargas a finales de 1999, para dejar en evidencia la ausencia de políticas claras en materia de prevención, así como la inexistencia de políticas que permitieran dar respuesta oportuna a los daños materiales que este fenómeno ocasionó y su terrible impacto en la población que habitaba los sectores más afectados. Luego de doce años gran parte de los daños materiales esperan ser reparados y el peligro se mantiene latente para la mayoría de la población que aún permanece en las zonas de mayor riesgo. La dura lección de la naturaleza no fue asimilada y los actores de gobierno no han comprendido que como política pública la prioridad debería ser la prevención antes que la improvisación.
Tal vez los desastres naturales no sean del todo previsibles, pero la prevención, apoyada en estudios de profesionales en el área y en la tecnología disponible hoy en día, permite reducir el grado de incertidumbre, impacto y sobre todo los efectos más perjudiciales de estos fenómenos de la naturaleza. De igual forma, se puede programar y ejecutar oportunamente el dragado de los ríos, el mantenimiento de alcantarillas, el reforzamiento y mantenimiento de puentes, la canalización de las aguas y particularmente ejercer un eficiente control para evitar las construcciones en zonas no aptas, todo esto como elementos primordiales de una frase que pocos tomamos con seriedad: la prevención.
Desde finales del año 2010 y en lo que va del 2011 varios estados venezolanos se han visto seriamente afectados por las constantes lluvias, entre ellos el estado Táchira ha sido uno de los que más ha padecido los efectos de este fenómeno climático, dejando en evidencia la ausencia de políticas claras y efectivas en esta materia. Ante tal situación, el gobierno regional del Estado Táchira entregó en noviembre de 2010 al Ejecutivo Nacional un Plan de Prevención y Mitigación de Riesgos, en el cual se advertía acerca de las condiciones de las zonas vulnerables, haciendo énfasis en las obras requeridas y los recursos necesarios para reducir el efecto de los posibles desastres naturales que en la entidad se podrían dar, sin embargo, el apoyo necesario para la coordinación y  ejecución de dicho plan no fue ni efectivo ni oportuno.
En mayo de 2011, siete meses después de haber informado acerca de la necesidad de  una respuesta clara y oportuna que permitiera afrontar la calamidad, es cuando el Ejecutivo Nacional hace presencia mediante un decreto de excepción, mas no de emergencia como debería ser el caso, llevando a cabo una serie de acciones que solo evidencian improvisación y la muy lamentable politización de una tragedia que afecta directamente a la población tachirense.  Es así como la reacción del gobierno nacional ha sido expropiar temporalmente maquinarias del sector privado y asignar los recursos para atender la emergencia a una institución sin competencia para el manejo de desastres como lo es DESURCA (empresa del área de electricidad).
Queda entonces preguntarse ¿cuál es el Plan de Prevención de Desastres Naturales y Mitigación de Riesgos del Gobierno Nacional?, ¿por qué se espero a que los efectos de este fenómeno natural aumentaran considerablemente para reaccionar?, ¿cuál es la capacidad de respuesta del Estado cuando se visualiza que el 90% de las maquinarias utilizadas para las reparaciones de vías, dragado de ríos y fallas de borde son de la empresa privada?, ¿por qué no entregar los recursos al gobierno regional y gobiernos municipales y supervisar el buen uso de dichos recursos a través de los organismos competentes?, ¿dónde queda la premisa de la participación ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas?.
Los daños causados por las lluvias en el estado Táchira, así como en los demás estados venezolanos afectados, pudieron haberse reducido si el Plan presentado a finales del 2010 hubiese sido considerado apartando diatribas políticas y tomándolo como referencia para un Plan Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos.
              En materia de prevención ante desastres naturales, la enseñanza de la tragedia ocurrida en 1999 en el estado Vargas fue olvidada a pesar del dolor de cientos de venezolanos que aún hoy en día sufren las consecuencias. Nuevamente la improvisación y la falta de capacidad gerencial y técnica  han sido los protagonistas de tan lamentable episodio donde los mas afectados siguen siendo los ciudadanos, aquellos quienes perdieron a sus seres queridos, sus hogares, sus cosechas y la posibilidad de tener tranquilidad y la calidad de vida que como venezolanos y como seres humanos todos merecemos.