jueves, 23 de febrero de 2012

Transparencia en las políticas públicas; un criterio que debe ser exigido y revisado por todos los ciudadanos



De acuerdo con lo expresado por Carlos Cordero, Director de Consultora Sustentia “Una ciudadanía con acceso a la información pública es una ciudadanía con mucha más capacidades para obligar a sus autoridades a que trabajen con mayor transparencia”.  La corrupción como fenómeno social que destaca el mal uso del poder para lograr un beneficio personal ha sido objeto de estudios y análisis a lo largo de los últimos años, en especial en los países en desarrollo los cuales cuentan con estructuras políticas y organizacionales que permiten la facilidad y fluidez para que estos hechos ocurran, muchas veces sin el conocimiento de la sociedad y las autoridades competentes.

El manejo del patrimonio público y en especial su uso en la solución de los múltiples problemas que aquejan a los pueblos, se ha convertido en un referente indispensable para quienes exigen de sus administradores la mejor pulcritud y transparencia en el uso de los pocos recursos que los Estados poseen para cumplir con su deber ante la sociedad.

El Informe del Banco Mundial del 2010 establece con respecto a los países en desarrollo: “El Estado es un mundo en constante transformación donde se hace necesario la implementación de innovaciones en los diferentes poderes públicos sobre la base de una doble estrategia: en una primera instancia una estrategia de acomodo de las funciones del Estado a su capacidad efectiva, con el objeto de concentrar sus capacidades en las funciones que puede y debe realizar, dejando a un lado otros objetivos que, en otro caso, no puede realizar satisfactoriamente y que suponen una dispersión de recursos y, en una segunda instancia, una estrategia de reforzamiento del Estado, mediante la revitalización de las instituciones públicas a través del diseño de reglas y controles efectivos que sirvan para combatir la corrupción generalizada y también para someter a las instituciones del gobierno a una mayor competencia que las obligue a mejorar su desempeño. Lo cual, supone que el gobierno sea mas responsable  frente a las necesidades de los ciudadanos por medio del incremento de la participación y la descentralización”.

Como se refleja en dicho informe, la transparencia en una pieza clave como incentivo para mejorar el desenvolvimiento de la gestión pública y por ende de las funciones del Estado en pro de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Estamos claros que para ello se requieren mejores normas y controles más eficaces, mayor competencia inter e intragubernamental  y más extensa y comprometida participación ciudadana, pero, ¿cómo alcanzar estos objetivos y lograr una mayor participación ciudadana?

De acuerdo con el Enunciado de Nolan (2001) sobre Normas de Conducta en la Vida Pública (también conocido como el Informe Nolan), el prinicipio de Transparencia se refiere a que: los que ocupan cargos públicos deberían obrar de la forma más abierta posible, en las decisiones que toman y en las acciones que realizan. Deberían justificar sus decisiones y limitar la información sólo en el caso de que esto sea lo más necesario para el interés público”. Es decir, que los funcionarios públicos deben comprender que están al mismo nivel que el resto de los ciudadanos y que al asumir un cargo están sometidos al escrutinio público y a una constante supervisión por cuanto son quienes administran nuestros impuestos, es por ello que los complejos y engorrosos sistemas burocráticos de la actual administración pública de los estados latinoamericanos exigen el uso de sistemas que permitan transformar las normas y prácticas de transparencia en pro de una gestión medible y un uso adecuado de los recursos financieros.

Kelly (2003) establece como una de las trabas más comunes en el diseño e implementación de las políticas públicas en América Latina el fenómeno de la corrupción, hecho que es referente en muchas partes del mundo pero que cobra mayor significado en aquellas naciones que presentan un sistema y una forma de organización de sus instituciones públicas que las hace permeables a este flagelo.

Venezuela como muchas naciones con democracias aún en auge, presenta de acuerdo al Informe Anual de Transparencia Internacional (2010) un panorama nada deseable para un Estado con inmensos recursos económicos y paradójicamente también enormes problemas públicos. Dicho informe refleja una puntuación de 2.0 en una escala del 1 al 10, ubicándose en el puesto 164 de 178 países medidos en este estudio.

Ante este triste panorama habría que preguntarse ¿Cómo combatir estos hechos de corrupción?, ¿Por qué existe esta percepción negativa hacia la transparencia de las instituciones públicas en Venezuela?, ¿Acaso no existen las normas y controles necesarios? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado venezolano ante este flagelo?

Venezuela como muchas de las naciones pertenecientes a la estructura de las Naciones Unidas, es signataria de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción firmada en la ciudad Nueva York el 31 de octubre de 2003. Así mismo es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada en Caracas el 29 de marzo de 1996 y que entró en vigor el 3 de junio de 1997.

De igual forma existe un mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), el cual tiene el objetivo de darle seguimiento a los compromisos adquiridos por los Estados y analizar cómo están siendo puestos en práctica. De esta manera, el MESICIC emite informes de evaluación para cada país que haya firmado el acuerdo.  Desde la aprobación del MESICIC en mayo de 2001, Venezuela ha sido evaluada tres veces: julio 2004, junio 2007 y marzo 2010. En el informe del año 2010, de las 52 recomendaciones de los temas que se evaluaron en la primera ronda del 2004, la OEA insistió en que Venezuela no ha avanzado nada en 44 ítems.

El 07 de Abril del 2003, el Estado venezolano promulgó la Ley contra la Corrupción, la cual tiene por objeto “el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación de los delitos contra la cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público”.  Los mecanismos de control se han establecido para evitar el uso inadecuado o la sustracción de fondos públicos, sin embargo, ¿qué ha ocurrido entonces en Venezuela?.  

Casos emblemáticos de corrupción que nunca fueron aclarados ni llevados a la justicia, son referentes ante la opinión pública del difícil panorama en cuanto al acceso a las fuentes oficiales de información, la legalización de la opacidad a través de leyes, sentencias y organismos, sumado a la ausencia de sistemas de archivos que resguarden la información contenida en documentos y actas, generan incertidumbre y riesgos de corrupción que permanecen velados a los ojos de los venezolanos.

De igual forma en el informe de Transparencia Venezuela, se retoma la recomendación al Estado venezolano de la promulgación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la cual debería ser considerada en la Agenda Legislativa del 2012, en virtud de la necesidad de contar con un instrumento que permita no tan solo para los periodistas sino para todos los ciudadanos interesados y preocupados por el uso de los recursos públicos y la solución de sus problemas.

A nivel regional son pocas las entidades que cuentan con este instrumento normativo de acceso a la información pública, Nueva Esparta, Zulia, Miranda, Anzoátegui  y Lara. De igual manera  municipios como Campo Elías de Mérida; Baruta, Chacao y Los Salias de Miranda; Maneiro de Nueva Esparta, San Diego de Carabobo y el Área Metropolitana de Caracas, cuentan también con ordenanzas aprobadas que han sido tomadas en cuenta, tanto por funcionarios como por sus ciudadanos.

La corriente moderna de la lucha contra la corrupción establece que una ciudadanía con acceso a la información pública es una ciudadanía con mucha más capacidad para obligar a que sus autoridades trabajen y estén siempre atentos a la supervisión. Los riesgos de actos de corrupción son latentes a pesar de la gran cantidad de normas y controles internos, estos mecanismos de acceso a la información pública pudieran mejorar considerablemente la precepción de los venezolanos en cuanto a este fenómeno y disminuir el derroche de grandes recursos que pueden ser invertidos en la solución de innumerables problemáticas.

Venezuela al igual que muchas otras naciones enfrenta grandes retos en este nuevo siglo, desde superar la brecha con las naciones desarrolladas, así como mejorar sustancialmente la calidad  y condiciones de vida de sus ciudadanos, todo dependerá de la capacidad operativa de sus organizaciones, del empeño de los diseñadores y ejecutores de los planes y proyectos y de la participación activa de los ciudadanos como parte integral del control y de las políticas públicas.